La distribución «equitativa» de la renta petrolera es un comodín de la oposición venezolana en cada elección presidencial (Foto: Archivo)
En medio de las turbulencias geopolíticas, como la crisis ucraniana y la escalada de violencia genocida perpetrada por Israel contra Palestina, los mercados globales se han esforzado por encontrar un equilibrio sostenible entre la oferta y la demanda de energía.
Las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el auge del gas, la crisis europea, niveles bajos en la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, maniobras en el sistema de sanciones a países con hidrocarburos y el desenlace reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), son algunas de las variables que se formularon en la gran ecuación de la geopolítica actual.
Sin pretensión de abarcar la totalidad de las interacciones que afectan al mercado, se destacan algunos hechos sobre este año en el que Venezuela ha adquirido una importante participación en ese respiro demandado por distintos países en el proceso de recuperación del mercado en la era post-covid.
Se recuerda que, a mediados de 2022, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro inició conversaciones con la empresa Chevron para emitir la Licencia General Nº41 en noviembre de 2023, que permitió a Chevron reanudar la producción, importación y exportación de productos petrolíferos en sus empresas conjuntas existentes en Venezuela y, además, daba la exclusividad de venta solo a Estados Unidos.
Esta exención marcó un punto de inflexión en el sistema de sanciones estadounidenses impuestas en contra del sector petrolero y gasífero de Venezuela.
En seguida, en enero de 2023, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, publicó una declaración sobre una nueva licencia OFAC a Venezuela con vigencia de dos años para desarrollar, junto a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), el flamante campo de gas «Dragón», que luego de un prolongado proceso de negociación por ciertas limitantes de la propia licencia, se logró suscribir el 20 de septiembre el Acuerdo Interinstitucional para el Impulso de Proyectos Conjuntos en el Sector de Hidrocarburos Gaseosos, entre Venezuela y Trinidad y Tobago, lo que significa una oportunidad histórica en materia de cooperación energética entre ambas naciones.
Continuando con la línea de tiempo, meses después se emitieron otras licencias a la industria petrolera y gasífera de Venezuela, autorizando ciertas transacciones que de otra manera estarían prohibidas. De esa tanda surgió la Licencia General Nº44, que amplió el rango de acción a PDVSA, autorizando la producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas venezolano. Aunado a esto, se permitirían nuevas inversiones en operaciones del referido sector.
A principios de noviembre, la empresa francesa Maurel & Prom (M&P) retomó sus actividades en Venezuela tras la firma de un acuerdo con PDVSA para incrementar la producción petrolera y gasífera en el Lago de Maracaibo. En el informe prospectivo de la empresa, indican que para el campo Urdaneta Oeste se estima recuperar la producción a 25 mil b/d para finales de 2024, que aumentaría aún más a partir de entonces.
En resumen, la urgencia energética en Europa ha obligado a las grandes empresas a presionar a la Casa Blanca para que suavice el hostigamiento contra Venezuela. Por ello, es menester hacer énfasis en que el programa estadounidense de sanciones contra Venezuela sigue vigente y actualmente la relación bilateral se encuentra en la fase de administración de licencias del gestor de sanciones: Estados Unidos.
Este proceso de emisión de licencias indica un posible cambio en la estrategia energética de Estados Unidos sobre Venezuela, a grandes rasgos por la necesidad del mercado y por criterios de conveniencia, tomando en consideración los imperantes reservorios de nuestro país. Aunado a ello, la obsesión de Estados Unidos por controlar los recursos energéticos se atribuye, a grandes rasgos, a su concepción de la seguridad energética, que es un aspecto crucial de la política exterior y la estrategia de seguridad nacional.
Incluso, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, hace algunas semanas en un evento con el think-tank estadounidense Atlantic Council, dejó ver algunas intencionalidades sobre esa materia:
«Estados Unidos ha sido el socio principal de Venezuela en el sector energético, el comercio está pasando al sector formal, esto evita que el producto vaya a China o Irán. Antes, el petróleo se enviaba a través del mercado negro. Se recibía con otros precios. Es mejor para los consumidores estadounidenses porque se reciben productos que necesitamos. La producción se ha reorientado hacia Estados Unidos» (las negritas son nuestras).
Venezuela tiene un potencial gasífero valioso pues ofrece oportunidades para los mercados energéticos tanto nacionales como internacionales. Por supuesto, los desafíos son sustanciales, pero el desarrollo de los recursos de gas natural de Venezuela podría contribuir a una mayor seguridad y diversificación energética, tanto a nivel regional como en mercados distantes y urgidos como el europeo.
En definitiva, lo ideal siempre será que Venezuela logre adentrarse en el terreno del real levantamiento de sanciones, no obstante, en esta fase de emisiones de licencias OFAC, se está abriendo la ventana para futuros contratos en el área con otras empresas interesadas en invertir y cooperar con la estatal venezolana, de cara a la recuperación económica de nuestro país, ya que a pesar de las tensiones e incertidumbres geopolíticas, el valor estratégico a largo plazo de los recursos gasíferos venezolanos lo convierte en un objetivo atractivo para las inversiones de los principales actores internacionales de la industria.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió una nueva ronda de licencias a PDVSA y Conviasa para realizar transacciones. https://t.co/iQ0X91LyAT
— MV (@Mision_Verdad) November 17, 2023
VARIABLE ESEQUIBO
Ahora bien, en este último trimestre la agenda internacional de Venezuela estuvo caracterizada por el avance en la recuperación del territorio de la Guayana Esequiba, cuyo foco en la esfera energética se orienta a la dinámica abusiva de Guyana que durante este año retrasó en múltiples ocasiones la ilegal ronda de licitaciones para desarrollar bloques de exploración de petróleo y gas costa afuera en un territorio que no le pertenece.
Esa decisión de dilatar las rondas de licitación y de avanzar hacia las posibilidades de aumentar las regalías son noticias incómodas para la transnacional. Sin embargo, al finalizar el proceso recientemente, en resumidas cuentas, la gestión de los recursos en espacios por delimitar quedaría en manos una corporación de capital extranjero.
Sobre esto, es bien sabido la absoluta inmersión de la transnacional estadounidense ExxonMobil en Guyana. Presiona y compra a autoridades del gobierno de Guyana para extrapolar el alcance de exploración y futura explotación de crudo al oeste del cinturón marítimo venezolano.
Además, la evidencia más cruda se demostró con la revelación del pago de los honorarios de los abogados de Guyana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a la controversia sobre el territorio Esequibo.
Y para no dejar cabos sueltos de la intencionalidad, en plena COP28, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, se pronunció en el contexto de la intensificación de la disputa por el territorio Esequibo, comentando que el gigante petrolero se está concentrando en producir petróleo en Guyana de la manera más eficiente posible para ayudar al país en su disputa fronteriza con Venezuela.
En este asunto, se puede inferir que la ExxonMobil es parte del grupo operador de la clase política estadounidense. En marzo de 2023, en medio de las rondas de licitaciones ilegales, el gobierno guyanés recibió a una delegación de alto nivel del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Al culminar el encuentro, sin medias tintas, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, les aseguró que su país está listo para garantizar la seguridad energética de Estados Unidos, articulado absolutamente con la Casa Blanca.
El congresista estadounidense Jason Smith emitió una declaración al culminar esta visita en la que expresó que el objetivo de la administración de Joe Biden es liderar la extracción y la venta de petróleo de Guyana: «Estados Unidos debe comprometerse a superar a China en todo el mundo».
Los escenarios de conflictos son el ecosistema ideal para las grandes transnacionales debido a que históricamente los conflictos geopolíticos derivan de la gestión de los recursos transfronterizos. Por ejemplo, en la región de Asia Occidental, Arabia Saudita y Kuwait comparten el campo Khafji que, en diciembre de 2019, acordaron iniciar la producción en los campos petroleros después de estar desconectados desde 2015 debido a una disputa operativa.
Asimismo, estudios de la ONU muestran que más del 40% de los conflictos armados de los últimos 60 años han estado relacionados con los recursos naturales. El secretario general de esa instancia comentó en 2018 que «las Naciones Unidas reconocen el potencial de la gestión compartida de los recursos naturales como medio para prevenir conflictos y mejorar la cooperación regional».
No es casual el recrudecimiento de las acciones de ExxonMobil en aguas por delimitar, pues los depósitos de materias primas se desplazan más allá de las fronteras establecidas, así que los países que comparten un yacimiento común de cualquier recurso a través de una frontera definida pueden utilizar, en términos de cooperación, un acuerdo de desarrollo conjunto entre Estados dejando de lado la participación de una corporación como primer frente de relacionamiento.
Las grandes transnacionales aplican la fórmula básica de «divide y vencerás». Monetariamente hablando, para esas empresas es preferible pagar regalías o impuestos a una sola entidad nacional. Pero desde otra perspectiva, la cooperación es la mejor vía para que los países desarrollen sus recursos naturales porque funge como catalizador para la estabilidad y repunte económico de una región.
Finalmente, Venezuela se encuentra maniobrando en dos aristas: sistema de sanciones y controversia territorial. En el contexto del trilema energético, que implica equilibrar la seguridad energética, la sostenibilidad y la soberanía en los sistemas energéticos transfronterizos, un Estado consolidado que sobreponga su rol sobre alguna corporación es esencial para tomar decisiones relacionadas con la política energética y garantizar a los aliados la perdurabilidad de los acuerdos que establezcan y extrapolar la seguridad energética a otros países.
Un Estado-nación fuerte, como Venezuela que prioriza su soberanía, juega un papel crucial en la realización de una agenda internacional de control y distribución de recursos en medio de las circunstancias geopolíticas que han decantado en el reacomodo del mercado global.
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