Por: VenezuelaNews |
Recientemente, los tribunales estadounidenses consumaron el robo de CITGO, tras fallar a favor de la venta de la refinería, un hecho que el Gobierno venezolano calificó como «un vulgar despojo» auspiciado desde EEUU contra Venezuela, a través de Juan Guaidó y sus cómplices.
La Corte Suprema de Justicia de EEUU, rechazó el lunes pasado revisar una solicitud de revisión de sentencia de la Corte de Delaware que halló que el usurpador Juan Guaidó usó los recursos de PDVSA para sus propios fines.
En ese sentido, la corte estadounidense continuó con el plan de subasta de las acciones de PDV holding, que es la matriz de CITGO Petroleum Corporation. Es decir, la orden sería vender la totalidad de la filial de refinación y distribución de Petróleos de Venezuela en el país norteamericano.
Luego de que la corte estadounidense anunciara su decisión, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, rechazó el despojo perpetrado por la acción criminal de parte de la oposición venezolana que usurpó las funciones del Estado venezolano.
El Ejecutivo nacional responsabilizó a exdiputados que estaban a cargo de la defensa de CITGO, luego de que el Gobierno estadounidense les entregara el control de los activos de Venezuela en EEUU en 2019.
«Un grupo de delincuencia organizada, denominado Asamblea Nacional de 2015″, indicó a través de un comunicado.
Cabe acotar, que el Estado venezolano viene denunciando las pretensiones de una fracción opositora, enquistada en la Asamblea Nacional elegida en 2015 y que ya se venció en 2021. De hecho, el Gobierno sostuvo que los recursos sobre los cuales tuvieron control, los utilizaron para financiar sus campañas contra el pueblo venezolano.
Para comprender por qué la decisión de los tribunales estadounidenses de vender la refinería perteneciente a PDVSA, es necesario adentrarse a la cronología del «vulgar despojo«, por parte de Guaidó y sus cómplices.
CITGO
Antes de continuar, hay que recordar que CITGO Petroleum Corporation es una de las fuentes de divisa en el extranjero para Venezuela.
Filial de PDVSA en Houston, Texas. Cortesía.
Es una refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos, propiedad de Venezuela y filial de PDVSA en EEUU.
Tiene sede en Houston, Texas, y es la principal filial fuera del país. Fue propiedad de Occidental Petroleum y luego de la Corporación Southland, hasta que en 1990 fue completamente adquirida por Venezuela.
En la actualidad, CITGO dispone de tres refinerías en EEUU, 48 terminales de almacenamiento y distribución. Además, con unas 6 mil estaciones de servicio.
Cabe acotar que, anteriormente, tenía la capacidad para procesar 749 mil barriles de crudo al día, lo que la sitúa como la sexta empresa del sector en el país norteamericano.
Demanda de Crystallex: Inicio del despojo
La extinta minera canadiense Crystallex, inició un proceso judicial contra Venezuela, por derechos mineros perdidos en territorio venezolano. Para ello, reclamó hacerse con acciones de CITGO, como la cara de Venezuela en EEUU.
Si bien en agosto de 2018, un juez federal de EEUU autorizó a la canadiense apoderarse de acciones de PDV Holding, una de las sociedades que posee CITGO, Caracas consiguió evitar que la minera se apoderara de CITGO al abonar los mil 200 millones de dólares que reclamaba.
La deuda, como explicaba el economista opositor al Gobierno venezolano, Francisco Rodríguez, para entonces era posible pagarla con recursos de las cuentas bancarias que poseía Venezuela en EEUU.
La autoproclamación de Guaidó
En enero de 2019, Juan Guaidó era presidente de una AN de mayoría opositora, además, en desacato, por la manipulación del voto libre de los ciudadanos en el estado Amazonas.
A 23 días de ese mes, Guaidó se autoproclamó «presidente encargado» rodeado de sus simpatizantes sobre una tarima en el municipio Chacao, del Distrito Capital. Levantó la mano derecha y juró «lograr el cese de la usurpación, un Gobierno de transición y tener elecciones libres«.
Estas acciones desestabilizadoras se produjeron minutos después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), determinara responsabilidades contra miembros de la AN en desacato, por la «materialización de conductas delictivas«.
Esto no detuvo a Guaidó y cómplices, que se convirtieron en aprovechadores, ya que tenían el apoyo de la administración de Donald Trump. Así como de una coalición de países occidentales y por el ahora extinto Grupo de Lima.
Sanciones a PDVSA
En enero de 2019, tras la autoproclamación de Guaidó, una organización de venezolanos «exiliados» en Miami, creada por el teniente coronel José Antonio Colina, responsable de atentados terroristas en Caracas en 2003, solicitó al exdiputado que, como presidente de la AN y «presidente encargado» de Venezuela «designe una junta directiva de Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en EEUU».
En aliados de Trump, aglomerados en el extinto Grupo de Lima conformado por Perú, Argentina, Brasil, etc., junto al lacayo de la OEA, exigieron mayor presión sobre Venezuela.
Para el momento, EEUU ya había impuesto un conjunto de medidas coercitivas unilaterales sobre CITGO que agravaban la situación para los venezolanos. No obstante, en enero, después de la autoproclamación de Guaidó, la administración estadounidense anunció nuevas sanciones, esta vez, para PDVSA, a través de su filial CITGO.
Estas medidas permitieron el bloqueo de 7 mil millones de dólares en bienes de Venezuela y 11 mil millones de dólares en exportaciones petroleras para el 2019.
El presidente Maduro denunció que en ese instante, EEUU «decidió transitar el camino ilegal de robarle la empresa CITGO a Venezuela«. Adicionalmente, advirtió que su gobierno, defendería sus riquezas ante los tribunales.
Las sanciones impidieron a CITGO obtener líneas de crédito de bancos internacionales para la compra de crudo liviano. Lo cual afectaba sus labores de refinación y sostenimiento de la dieta de sus refinerías.
También imposibilitó al Gobierno venezolano pagar la deuda con la minera canadiense y con otras empresas que se sumaron a la querella por CITGO.
Trump cede el control a Guaidó
El Gobierno de Maduro, como era de esperar, activó una maquinaria defensa de la CITGO en febrero de 2019. Así como lo había anunciado semanas antes el mandatario nacional, cuando EEUU impuso nuevas sanciones a la refinería.
Asimismo, ya preveía que el propósito de Trump era otorgar el control de la filial al autoproclamado Guaidó. El cual, a su vez, ya manifestaba su disposición de entregar los recursos energéticos del país suramericano a EEUU.
Ese mismo mes, Guaidó nombró una junta directiva de CITGO, con personas con nexos con petroleras y del sector de finanzas y de alimentos. Posteriormente, el Gobierno de Trump, entregó el control de CITGO a dicha directiva, tras lo cual, el Ejecutivo venezolano reportó pérdidas millonarias.
«CITGO, empresa 100% propiedad del Estado venezolano, durante el primer trimestre del año pasado (2018) reportó una ganancia de más de 600 millones de dólares; hoy (2019), en manos de representantes (de la derecha nacional e internacional) no llega a los 300 millones de dólares, ni siquiera saben gerenciar una empresa exitosa», acusó Jorge Arreaza, quien en el momento era el canciller del país.
De hecho, antes de esto, Trump había cedido a la AN en desacato el manejo de los activos de Venezuela en el extranjero. Esto significaba que, desde un punto de vista legal, solo la oposición podía reestructurar la deuda externa del país.
Venta ilegal de Citgo
El despojo de la refinería de combustible filial de PDVSA continuó con el fallo reiterado de tribunales estadounidenses contra Venezuela.
Con el argumento de que el Gobierno venezolano usaba los activos de CITGO para sus «propios fines», varios de los acreedores que se sumaron a la querella del despojo, y se afincaron en el reclamo de «los activos de una empresa propiedad del deudor«, afirma el economista Rodríguez.
Entonces, ¿por qué Venezuela no negoció con los acreedores a negociar la deuda? Rodríguez lo explica claramente en un informe. El economista explicó que el primer motivo radica en que Trump a través de la orden ejecutiva de agosto de 2017 contra PDVSA, le prohibió a Venezuela sentarse a negociar (esta orden sigue vigente). Por otro lado, al quedar el control de los activos en manos de la oposición, son ellos quienes deberían reestructurar la deuda.
«Por supuesto, dada su falta de control sobre los ingresos petroleros del país, esta capacidad (del Gobierno venezolano) no tenía sentido», concluye Rodríguez.
El emisario privado de Guaidó en los EEUU, Carlos Vecchio, se agarró de un informe del diario suizo Le Matin Dimanche y replicado por Bloomberg. En ese trabajo revelan que autoridades de Suiza dieron con cuentas bancarias con dinero supuestamente «malversado en Venezuela«, por el orden de los 10 mil millones de dólares.
Tanto Vecchio como Guaidó sostuvieron una narrativa de corrupción por parte del Gobierno de Maduro. Esto, cuando faltaban horas para que el Tribunal de Delaware diera continuidad a la venta de Citgo para cumplir un reclamo de la empresa Crystallex.
Además, a la espera de que el Departamento del Tesoro otorgara licencias para autorizar, finalmente, el desvalijamiento de la filial venezolana.
«El vulgar despojo»
El Tribunal de Delaware halló que el gobierno interino usó los recursos de PDVSA para sus propios fines. Lo que les permitió emitir de más de 19 millardos de dólares en órdenes de embargo sobre CITGO.
Según Rodríguez «lo más sorprendente de la decisión del Tribunal de Delaware sobre alter ego tomada en marzo de este año, es que no tuvo nada que ver con Maduro«. Aclaró que se basó en la conclusión de que «el Gobierno interino liderado por la oposición había utilizado a CITGO como su instrumento«.
Sin embargo, este fallo lo rechazó la Corte Suprema estadounidense, que continuó con las pretensiones de EEUU de concluir con el despojo.
En este contexto, CNN reseñó que habilitó que el lunes, también se habilitó otro grupo de acreedores. Los cuales se suman a la subasta de acciones de CITGO en su totalidad. Para lo cual, tienen plazo hasta este viernes 12 de enero para agruparse y participar en la subasta.
Este despojo no las pasó por alto el Gobierno venezolano, que aseguró que castigará a los culpables. En ese sentido, la AN liderada por Jorge Rodríguez solicitó «que se investigue el origen del dinero con el que la derecha venezolana está costeando su campaña política«.