Por: Andrés Giussepe |
El pasado miércoles 06 de marzo, acudimos a la sede principal del Consejo Nacional Electoral a consignar una comunicación exigiéndoles a su presidente, Elvis Amoroso, garantice los derechos de su organización y de más de trescientas para participar en el proceso presidencial 2024 convocado para el próximo 28 de julio, que se encuentran en la espera de su legalización ante el máximo órgano electoral del país.
En ese contexto, el Movimiento Político Profesionales de Venezuela (Moproven) al igual que otras 300 organizaciones, se encuentran esperando que el CNE retome el proceso de formalización que tiene pendiente con las nuevas organizaciones político-partidista desde el mes de noviembre del año 2022, y que recientemente fue una de las sugerencias que quedó establecida en el Acuerdo de la Asamblea Nacional suscrito el día 28 de febrero de 2024, por distintas organizaciones con fines políticos, sectores de la vida social, económica, académica, cultural y religiosa del país.
En el último párrafo de ese Acuerdo, en las «Propuestas Innovadoras para Ampliar las Garantías electorales» para las presidenciales 2024, dice lo siguiente:
«Sobre la base de las competencias constitucionales y legales atribuidas al CNE, evaluar y agilizar –de ser procedente- los procesos de registro de movimientos con fines políticos que tienen la determinación de participar en los procesos electorales venideros y están pendientes de aprobación por parte del Órgano Electoral.
Con base en eso, vemos con preocupación que en el Cronograma Electoral aprobado por el Directorio del CNE el 05 de marzo, no se hizo mención al proceso de postulación de candidatos (as) y los lapsos para su formalización, recolección de firmas y validación de los grupos de electores, como condición sine qua non para que candidatos (as) independientes puedan ejercer su derecho de participar en el proceso electoral presidencial.
En ese sentido, consideramos que su no inclusión representa una evidente discriminación, cercenamiento de derechos políticos de los grupos y candidatos independientes, que también tienen el derecho de participar en la contienda electoral y decidir el futuro de nuestro país.
Si el CNE no responde y garantiza ese derecho constitucional, un conjunto de esas organizaciones políticas en construcción podrían tomar la iniciativa jurídica de impugnar ese proceso electoral presidencial ante el Tribunal Supremo de Justicia, que sería un triste papel para ese Directorio del CNE que se está estrenando en la organización de un proceso electoral.
El simple hecho de ir al TSJ a impugnar ese proceso electoral porque se violan los derechos de todos los candidatos y candidatas independientes u grupos de electores, que no quieren nada con María Corina Machado, con el candidato del Polo Patriótico ni con el alacranato, como lo llaman por allí, sería muy penoso.
Cómo precandidato presidencial, considero que los independientes tenemos el derecho de participar en la misma igualdad de condiciones que el resto de los candidatos de los partidos tradicionales. Es un derecho político y el CNE no lo puede obviar, es más, tiene la obligación de garantizarlo.
De no cumplir con ese mandato Constitucional y de Ley, lo más probable es que como respuesta estaremos timando acciones jurídicas ante las instancias que corresponda.