Notas sobre el despojo de CITGO

Luis Fuenmayor Toro

En este momento, EEUU está arrebatándole a la nación venezolana tres refinerías con capacidad diaria de 807.000 barriles de petróleo, 6 oleoductos, 38 terminales y 4.200 estaciones de servicio, todo valorado en unos 13 mil millones de dólares, y producto de un esfuerzo nacional de décadas.

• El inicio de esta grave situación no tuvo nada que ver con PDVSA, ni mucho menos con CITGO, que no estuvieron envueltas en la expropiación de la explotación de oro de la mina Las Cristinas por la empresa Crystallex en Bolívar.
• La disputa de la empresa Crystallex ha sido con el Estado venezolano, pues fue éste y no PDVSA ni CITGO, quien tomó la medida nacionalizadora de 2008, la cual fue demandada internacionalmente por parte de la empresa.
• En 2014, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, dictaminó que Venezuela, no PDVSA ni CITGO, debía indemnizar a Crystallex por 1.400 millones de dólares, incluyendo los intereses generados.
• En 2018, Venezuela llegó a un primer acuerdo con Crystallex y pagó 500 millones de dólares, sin que PDVSA ni CITGO estuvieran involucradas.
• Igualmente, Venezuela, no PDVSA ni CITGO, acordó pagar el resto de la deuda en cuotas hasta inicios de 2021. La aparición de las sanciones, que impedían todo tipo de pago por parte del país, imposibilitó el pago referido.
• Crystallex acusó entonces al gobierno venezolano de incumplimiento de pagos.
• Ya en 2017, Crystallex había introducido demanda contra PDVSA, que nada tenía que ver en el asunto, para que pagara por la expropiación sufrida en 2008. Llevó el caso a una corte civil en Delaware, estado al que estaba adscrito PDV Holding, casa matriz de CITGO.
• En 2018, la ofensiva legal de Crystallex y su abogado José Ignacio Hernández, se dirigió a tener control sobre el juez Leonard Stark de la Corte de Delaware.
• Fue algo insólito y el colmo del cinismo delictivo, que el abogado de Crystallex, demandante de PDVSA, José Ignacio Hernández, haya sido nombrado Procurador de la nación por Guaidó, para defender los intereses de Venezuela. Un zamuro cuidando carne, como dice el refrán popular.
• Ante una situación de este tipo, no fue nada extraño que el juez favoreciera a Crystallex argumentando que el control accionario de PDVSA sobre CITGO, la convertía en alter ego del Estado venezolano, a pesar de que, en enero de 2018, una Corte de EEUU desestimara la demanda, pues consideró que la acción de Crystallex debía ser contra la República de Venezuela y no contra CITGO.
• Desde 2018 también, el gobierno gringo, en claras maniobras contra el comercio internacional, actuara delictivamente con la intención de arrebatarle CITGO a la República Bolivariana de Venezuela. Gobierno gringo e interino venezolano, empresa canadiense y un juez corrupto, unidos contra CITGO y nuestra nación.
• Todas estas medidas constituyen una clara violación de las normas de la Organización Mundial de Comercio, que prohíbe este tipo de despojos.
• Voluntad Popular instruyó a sus diputados de la Asamblea Nacional, para nombrar una nueva directiva de CITGO y de PDV Holding, saltándose todo el marco jurídico existente. Dicha junta fue presidida por Luisa Palacios y Carlos Jordá, ambos del sector financiero y petrolero estadounidense. Más zamuros.
• Carlos Vecchio de Voluntad Popular y representante de Guaidó en Estados Unidos, realizó una visita a CITGO en 2019, para dejar claro que el gobierno interino tenía el control efectivo de la empresa.
• En 2020, el Departamento de Justicia gringo admite que llegar a una venta forzosa de las acciones de PDV Holding era contrario a la política exterior de Estados Unidos.
• A pesar de esta declaración, en enero 2021, el juez Leonard Stark del tribunal de Delaware, autorizó a Crystallex para seguir adelante con la venta de acciones de CITGO y lograr el cobro de su indemnización.
• A partir de este momento, muchas otras empresas se unen a la demanda contra CITGO, a la que le cobran supuestas acreencias del gobierno venezolano. Los reclamos hoy totalizan 20.800 millones de dólares, cifra muy superior al valor de CITGO.
• La subasta fue lanzada en octubre de 2023 por el ya mencionado juez Leonard Stark, luego de recibir autorización del Tesoro estadounidense.
• Las primeras ofertas por las acciones vencieron el pasado 17 de junio y un segundo grupo de ofertas se efectuará a finales de este año. Faltan meses para una decisión final sobre las adjudicaciones, que requerirán la aprobación del Departamento del Tesoro de EEUU.
• Venezuela siempre estuvo impedida de negociar, de pagar y de defenderse en el juicio irregular de despojo llevado adelante contra CITGO.

La Razón, pp A-3, 23-6-2024, Caracas