Foto: EFE/ Henry Chirinos
por Albany Andara Meza | @AlbanyAndara 23 julio, 2024
Familiares de detenidos en Venezuela se encuentran gravemente afectados por las deficiencias del sistema penitenciario para julio de 2024. Denuncian que se ven obligados a pagar por la alimentación y la salud de sus parientes en los centros de detención, una suma que asciende a 300 dólares mensuales en un país donde el sueldo mínimo equivales a 3,6 dólares (130 bolívares) desde hace dos años.
La situación es descrita en el último informe de la organización Una Ventana por la Libertad (UVL), titulado Familias de los detenidos en los Centros de Detención Preventiva: Víctimas por parentesco. La investigación también arroja que la mayoría de las personas que se encargan de velar por sus familiares detenidos son mujeres de bajos recursos económicos que constituyen la principal cabeza en sus hogares.
«Una entrevistada en este caso fue sumamente clara y concisa: «Sí, todo lo cobran, todos los servicios tienes que cancelarlo. Si tienen que llevarlo al médico, tienes que cancelar; si necesita una medicina, debes cancelar, todo eso se paga». Si no tienen familia cercana que pague, nadie se ocupa de ellos y ellas; 7 entrevistadas/os (32 %), afirmó pagar a los guardias por pasar a sus detenidos los alimentos, medicamentos y demás insumos que le llevan a su centro de reclusión», indica el texto.
Además, el balance denuncia que tanto detenidos como familiares han sufrido otras violaciones a sus derechos fundamentales por parte de funcionarios de seguridad durante los días de visita.
«Otro punto muy importante para las familias que visitan a los detenidos es el trato con los guardias. Aunque lo más resaltante es el temor a informar sobre el mal trato para evitar el castigo o daño que, por venganza, puedan causar a su familiar detenido. Varias entrevistadas nos señalaron que los tratos de los guardias las hacen sentir humilladas», apunta el documento.
Los registros de UVL señalan que para 2023 había 17.481 personas recluidas en centros detención preventiva, de los que 15.708 eran hombres y 1.773 mujeres.
Visitas cortas y poco espacio
Este 23 de julio, la profesora Magally Huggins presentó el informe de UVL en Caracas e indicó que «entre los entrevistados se llegó a la conclusión que los familiares de los detenidos en los Centros de Detención Preventiva no confían en el sistema de justicia venezolano».
Según los datos del reporte, al menos 20 % de encuestados afirma que «la justicia no funciona» en el país.
Huggins agregó que las familias de los reclusos señalan el hacinamiento como uno de los principales problemas en los centros de detención preventiva, debido a las enfermedades que puede producir (sarna, tuberculosis, infecciones respiratorias, entre otras).
UVL registró 86 detenidos con escabiosis (comúnmente conocida como sarna). Es la enfermedad con mayor número de afectados.
«En segundo lugar, encontramos la complicación pulmonar o respiratoria, con 25 casos o un 29.07%%. Entre ambas enfermedades, altamente contagiosas se acumuló el 72.09% de los y las detenidas enfermos/as. Esta alta frecuencia de casos nos habla de la detención hacinada de personas sanas y enfermas, lo que hace más insalubre y violadora del derecho a la salud y la vida», denuncia el informe.
Los entrevistados por UVL también aseguraron que la mayoría de las visitas tienen un lapso de tiempo de cinco minutos permitidos.
«La pregunta es ¿cuánta información e intercambio de sentimientos y necesidades pueden hacerse en 5 minutos? Otra razón por la cual las visitas son un caos, es la falta de espacio para que cada detenido/a y su familiar puedan conversar; solamente unos pocos CDP poseen espacio acorde para las visitas», apuntó la organización.
Qué solicitan
Finalmente, los familiares de los detenidos exigieron principalmente agilizar los procesos judiciales, mejorar el sistema de administración de justicia, detener la corrupción, disponer de mejores investigadores, hacer seguimiento a los funcionarios, escoger minuciosamente a quienes realizan las funciones de defensoría, mejorar los espacios en los centros de detención y suministrar alimentación adecuada a los detenidos.
«…los centros de detención preventiva son lugares destinados para detener solo por 48 horas a una persona que haya incurrido en algún delito penal. De acuerdo al testimonio ofrecido por algunos familiares en estos retenes hay personas que tienen hasta 5 años y 2 años recluidos ilegalmente en estos lugares», apunta el informe.
Huggins recordó que la detención de algún pariente produce rupturas dentro de la familia y conlleva, usualmente, estigma social. El panorama empeora debido a las grandes fallas del sistema penitenciario.
«…esta situación es un castigo sea el detenido culpable o no. No es una sanción que busca rehabilitar a nadie, sino agredir, violentar y violar su condición humana de manera denigrante», arroja el documento.