En medio de una tensa situación en el país caribeño, con al menos 16 muertos por la represión de las protestas contra el Gobierno, la controversia electoral y las exigencias de transparencia resuenan internacionalmente.
Por Jordana Timerman
1 de agosto de 2024
No es la primera vez que se atacan estatuas de Hugo Chávez en Venezuela, pero la ira de los grupos que derribaron siete figuras del fundador de la revolución bolivariana el lunes, en medio de cientos de protestas en todo el país, indica un parteaguas. Muchas de las marchas ocurrieron en barrios populares, hasta ahora bastiones de apoyo al Gobierno chavista.
Es peligroso manifestarse en Venezuela, donde grupos paramilitares (los colectivos) se suman a las fuerzas de seguridad para reprimir a quienes protestan. En lo que va de la semana, murieron por lo menos 16 personas –20 según otros conteos–. “Al menos 9 de estas personas murieron por disparos de arma de fuego, algunos en la espalda o en la cabeza, lo que podría caracterizarse como ejecuciones extrajudiciales”, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La oposición denuncia 11 desapariciones y 177 detenciones arbitrarias. Las autoridades dicen que hay más de 1.062 detenidos.
Las protestas comenzaron el lunes, después de que algunos miembros del Consejo Nacional Electoral adjudicaron la victoria al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del domingo. Horas después del cierre de los comicios, anunciaron a las apuradas que Maduro ganó su segunda reelección con una tendencia irreversible, pero no aportaron las actas de escrutinio que permitirían verificar las cifras que le dan más de la mitad de los votos al presidente.
La coalición opositora Plataforma Unida Democrática dice que las actas –papeletas que imprime cada máquina electrónica en cada centro de votación– que obtuvo muestran una victoria aplastante para Edmundo González Urrutia. Los opositores dicen haber juntado actas para 81.2% de las mesas de votación, y que los datos le dan 67% a González contra 30% para Maduro. La data se recolectó de fiscales propios y de los de otros candidatos opositores, aunque el acceso fue entorpecido de varias formas por el oficialismo.
Muestren las actas
Estas actas se convirtieron en tema central desde la finalización de los comicios, cuando a muchos fiscales les fue negado el acceso a las impresiones que funcionan como verificación del voto electrónico.
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Si bien las elecciones venezolanas tuvieron un sinfín de irregularidades, todas a favor del oficialismo -desde la inhabilitación de líderes opositores, represión política, censura de medios y hasta una boleta en la cual Maduro aparece 13 veces–, el sistema electrónico con su acta impresa se considera confiable.
Es por eso que se replican dentro y fuera de Venezuela los reclamos para que las actas se hagan públicas. El martes a la noche, el Centro Carter declaró que el proceso electoral “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerado como democrático”. El prestigioso centro, dedicado a la observación electoral, fue invitado por las autoridades venezolanas a observar el voto del domingo, y hasta fue elogiado por funcionarios venezolanos. De hecho, hace diez días, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, celebró un fructífero encuentro con esta institución.
Después de las elecciones, los observadores del Centro Carter se fueron del país antes de entregar su informe lapidario, que criticó no solo la falta de transparencia, sino todo el proceso electoral que, aseguran, “no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.
Un giro diplomático
La reacción internacional inicial fue la esperable: gobiernos afines como el de Bolivia, Honduras, Cuba, China y Rusia felicitaron al mandatario venezolano por la reelección. Gobiernos de derecha, como los de Uruguay y Costa Rica rechazaron el voto fraudulento.
Pero rápidamente se formó un nuevo eje: un coro internacional que pide por la transparencia del proceso y la publicación de la totalidad de las actas del escrutinio. Lo conforman importantes voces, entre las que se destacan los gobiernos de Brasil y Colombia, cuyos presidentes de izquierda apuestan a la negociación con Maduro para impulsar la democratización venezolana.
Este espacio se construye sobre un proceso de diálogo que lideran los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, quienes revirtieron el aislamiento diplomático de Venezuela que impusieron los gobiernos de derecha regionales bajo el Grupo de Lima, cuyos resultados no redundaron en una mejora para la vida de la población venezolana. Lula, en cambio, volvió a recibir a Maduro en reuniones internacionales, sin nunca dejar de empujar –siempre con tono amigable, lejos de la denuncia– para que se lleven a cabo los comicios en el país bolivariano. En esa línea, el mandatario brasileño marcó la cancha en varias ocasiones del proceso electoral venezolano, como la semana pasada cuando dijo que le asustaba la amenaza de Maduro de que una victoria opositora desataría un “baño de sangre”.
El asesor diplomático más importante de Lula, Celso Amorim, estuvo en Caracas para las elecciones y demostró el fino balance de la estrategia: dijo que sería imposible una determinación sin los resultados, e insistió en la publicación de cada acta.
El martes, Lula conversó con su contraparte estadounidense, Joe Biden, y ambos coincidieron en el llamado a que se publiquen los resultados completos. El líder brasileño mantiene un tono que apuesta a darle salida al Gobierno venezolano, diciendo que el desacuerdo por los resultados es “normal” y sería resuelto con las actas.
En ese mismo sentido, Petro pidió por la transparencia en los comicios, pero también por la paz entre las facciones políticas venezolanas. El mandatario colombiano dijo que “el escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia”, pero también señaló el efecto negativo que han tenido para los venezolanos las medidas económicas de Washington contra Caracas. Sugirió un acuerdo entre Maduro y la oposición, refrendado por la ONU.
En ese mismo sentido, también se pronunció el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que en su “mañanera” de ayer dijo que “no hay pruebas” de fraude, pero que el Gobierno venezolano debería “presentar pruebas, las actas”. Su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, se sumó al pedido por transparencia, pero ambos expresaron sus reservas en torno a la intervención internacional.
Desde hace días se rumorea que habrá una declaración conjunta entre Brasil, Colombia y México apuntando a la publicación de las actas –sin hablar de fraude–, pero que esta se encuentra trabada en negociaciones entre los tres mandatarios.
Ninguno de los tres países acompañó una resolución que países críticos intentaron impulsar hoy en la OEA –México ni asistió a la reunión–, lo que se interpreta como parte de la misma estrategia de empujar sin confrontar. La resolución, que exigía transparencia en los comicios y el cese de persecución política, tuvo 17 votos a favor y 11 abstenciones, que incluyeron aliados ideológicos y estratégicos regionales de Venezuela, entre ellos varios países caribeños. Los estados presentes se reunieron por cinco horas para tratar de llegar a un texto consensuado, que se rumorea que fracasó por una cláusula que pedía que “se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados”.
El presidente chileno, Gabriel Boric, tuvo un tono más fuerte desde el domingo mismo, cuando dijo que la comunidad internacional exigiría resultados “transparentes” que reflejen “íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas”. La expresidenta chilena Michelle Bachelet, que también lideró la oficina de derechos humanos de la ONU, se sumó a los llamados por la transparencia.
Hoy el bloque de diputados y diputadas nacionales de Unión por la Patria expresó que considera “imprescindible la publicación de las actas”.
Fuera de la región, hay un coro de voces que se suman con la misma exigencia: la entrega de las actas. Lo conforman la Cancillería noruega, que fue mediadora del proceso de negociaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición; el diplomático europeo Josep Borrell; los políticos demócratas progresistas estadounidenses Bernie Sanders e Ilhan Omar; y la Internacional Socialista.
La presión internacional, y el deseo de Maduro de escapar de las sanciones económicas y el aislamiento diplomático, contribuyó en gran medida para que se pudieran llevar a cabo las elecciones. Si bien hubo irregularidades, se desarrollaron con relativa tranquilidad. Finalmente no se cumplieron las predicciones pesimistas de que se inhabilitaría a último momento al candidato opositor, González, ni que se cancelarían las elecciones del todo.
Una transición requerirá, cómo mínimo, negociaciones para garantizar la inmunidad de Maduro y sus allegados. Hasta ahora, los esfuerzos en este sentido fueron rechazados por el Gobierno, pero la falta de credibilidad que se desató con el proceso electoral podría cambiar la ecuación. Muchos analistas apuntan a un camino de mayor aislamiento del régimen venezolano si no se aporta a la transparencia de estos comicios. Una situación parecida a la que enfrenta Daniel Ortega en Nicaragua desde que ordenó la violenta represión de las manifestaciones opositoras en el 2018 y detuvo a la mayoría de los posibles candidatos presidenciales antes de las elecciones generales del 2021.
Maduro, mientras tanto, da señales de endurecimiento internacional. Esta semana rompió relaciones con países que criticaron los resultados: Argentina, Costa Rica, Chile, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. En este contexto, el Gobierno argentino denunció el “hostigamiento” a su embajada, donde se dio refugio a seis miembros del equipo de María Corina Machado. El Gobierno venezolano les niega el salvoconducto para que evacúen el jueves con los diplomáticos.
Represión
Machado y González fueron cautelosos en llamar a sus seguidores a las calles, en gran parte para evitar impulsar un proceso que sería violento. Desde las fuerzas armadas tildaron de golpistas a las protestas, y las acusan de ser respaldadas por “el imperialismo norteamericanos (sic) y sus aliados”.
Maduro cerró el miércoles con una conferencia de prensa ardiente, en la que acusó a Machado y González de tener “las manos manchadas de sangre” y aseguró que “jamás, jamás alcanzarán el poder político. Se los aseguro y sé lo que digo, estos criminales jamás lo alcanzarán”. Ya el martes, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Machado con un supuesto hackeo del sistema electoral que el Gobierno dice que complicó la transmisión de resultados el domingo.
El martes se registró el secuestro de Freddy Superlano, un líder del opositor partido Voluntad Popular, junto con dos acompañantes. Se difundió un video que muestra cómo se lo lleva un grupo de hombres armados y encapuchados, que la ONU señala que serían miembros del servicio de inteligencia, el SEBIN.
El partido sigue en juego y Venezuela se encuentra ante la disyuntiva entre una transición democrática o una profundización autoritaria, con una dosis de caos en cualquier caso. Maduro se presentó hoy ante la Corte Suprema (que ya el lunes lo felicitó por su reelección), mientras que Machado pidió que las estructuras de organización ciudadana que apoyaron la campaña opositora “se mantengan activas, que ayuden en la movilización de la gente de manera cívica y ordenada, que se protejan y protejan a otros de la represión, y que no bajen la guardia, ni caigan en provocaciones”.
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Periodista especializada en América Latina. Editora del Latin America Daily Briefing.