por Henrik Hernandezpublicado en noviembre 17, 2024
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Introducción
Uno de los pilares de la propaganda anticubana es la narrativa de que Cuba es una «dictadura». Este término, utilizado de manera selectiva, oculta varios aspectos esenciales:
Ausencia de prácticas de represión sistemática
En Cuba no existen desaparecidos forzosos ni ejecuciones extrajudiciales, prácticas que sí se observan en muchos países que se autoproclaman como democráticos.
Los ciudadanos que enfrentan sanciones legales no son perseguidos por sus ideas o expresiones, sino cuando cruzan la línea hacia la violencia directa o la incitación a actos desestabilizadores que violan la ley. Y en todos los caso, cualquier medida coercitiva se realiza en pleno apego a la legislación.
Derecho a la expresión garantizado:
Contrario a las afirmaciones de los propagandistas anticubanos, en Cuba los ciudadanos se expresan libremente en lugares públicos, redes sociales y otros espacios. Muchas de estas declaraciones contravienen leyes vigentes, pero no generan represión alguna mientras se mantengan en el ámbito discursivo.
Incluso figuras conocidas por promover narrativas hostiles hacia el gobierno revolucionario han tenido amplias plataformas para divulgar sus ideas, sin consecuencias legales, salvo cuando recurren a métodos violentos o instigan acciones subversivas.
A pesar de la hostilidad sostenida de Estados Unidos y sectores mafiosos de emigrantes cubanos en Miami, apoyados por elementos internos como Luis Manuel Otero Alcántara, Yoani Sánchez y Guillermo Fariñas, Cuba ha consolidado un sistema democrático basado en la comunidad.
Este modelo permite a los ciudadanos expresar todo tipo de argumentos y críticas, participar en debates abiertos sobre leyes, proyectos legislativos e incluso la Constitución. Además, se realizan periódicas rendiciones de cuenta de los delegados ante sus electores, garantizando un vínculo directo entre los representantes y el pueblo.
Este enfoque participativo e inclusivo no solo refuta las acusaciones de que en Cuba no existe libertad de expresión, sino que demuestra que el derecho a opinar está profundamente enraizado en la sociedad cubana. En Cuba, lo que no existe es el derecho a atacarla o socavar su soberanía bajo el pretexto de la libertad.
La Ley como límite razonable
Las acciones del Estado cubano están enmarcadas en la defensa de su seguridad nacional, reguladas por un sistema legal que responde a amenazas externas y al financiamiento de actividades subversivas desde el exterior.
El peso de la ley recae únicamente en quienes cruzan las fronteras del debate político y optan por la confrontación violenta o por actividades dirigidas a desestabilizar el orden interno.
El 11 de julio de 2021, Cuba enfrentó manifestaciones marcadas por insatisfacciones ante problemas económicos provocados y agravados por el bloqueo de Estados Unidos y la pandemia de COVID-19. Aunque algunas protestas fueron pacíficas, muchas derivaron en actos violentos como saqueos, agresiones y vandalismo, promovidos en parte por campañas de desestabilización desde el exterior. El Estado cubano respondió conforme a la ley, garantizando el orden público y procesando a los involucrados en delitos violentos, mientras respetaba el derecho a la protesta pacífica. Los juicios se realizaron con garantías legales, dejando claro que las sanciones se aplicaron a quienes transgredieron la legalidad, no por expresar ideas.
Sin embargo, los enemigos de Cuba han manipulado estos hechos para construir una narrativa de «represión» y presentar a los procesados como «prisioneros políticos», ignorando deliberadamente los actos de violencia. Esta estrategia, apoyada por sectores hostiles en Miami y financiada desde Estados Unidos, busca deslegitimar al gobierno y justificar agresiones como el bloqueo. En Cuba, los ciudadanos tienen el derecho a expresarse y participar en la construcción de su sociedad, pero no el derecho a usar la violencia o atacar su soberanía bajo el pretexto de la libertad de expresión.
¿Existen presos políticos en Cuba?
No, una persona que actúa contra el Estado y la población de un país mediante actos de violencia o incitación a la violencia no puede considerarse un preso político. Los presos políticos son aquellos encarcelados exclusivamente por expresar ideas, opiniones o posiciones políticas contrarias al gobierno, siempre que no hayan recurrido a medios ilegales, violentos o desestabilizadores.
Cuando una persona comete delitos que incluyen:
Actos de violencia: Como agresiones físicas, daños a la propiedad o ataques a personas.
Incitación a la violencia: Promoviendo disturbios o caos que pongan en peligro la seguridad nacional o ciudadana.
Estos actos no están protegidos bajo el derecho a la libertad de expresión ni pueden justificarse como ejercicio político legítimo. En tales casos, estas personas son procesadas por delitos comunes tipificados en las leyes del país, y su encarcelamiento responde a la necesidad de garantizar el orden público y la seguridad de la población.
Calificar a estos individuos como «presos políticos» es parte de una estrategia utilizada por intereses hostiles para construir una narrativa de «represión», deslegitimando las acciones legítimas del Estado cubano para proteger su soberanía y estabilidad social.
El contexto internacional y la doble moral
La propaganda como herramienta de deslegitimación
Los opositores cubanos financiados desde el exterior denuncian «represión», mientras disfrutan de una libertad de expresión que en otros países, bajo similares circunstancias, resultaría en detenciones inmediatas o llevados a disposición de servicios psiquiátricos.
Premios internacionales como los otorgados a Luis Manuel Otero Alcántara o Guillermo Fariñas buscan legitimar figuras que operan al servicio de intereses extranjeros, promoviendo una narrativa de opresión que no refleja la realidad cubana.
Una persona que es instruida, capacitada y financiada por otro país para actuar contra su propio gobierno no puede ser considerada un opositor legítimo, ya que sus acciones responden a intereses externos y no a los genuinos del pueblo que afirma representar. Este tipo de actividad se aleja de la oposición política tradicional y se enmarca como subversión o colaboración con agendas extranjeras, particularmente cuando provienen de países con políticas hostiles hacia su nación. La legitimidad de un opositor radica en defender intereses nacionales dentro del marco legal y ético del país, sin depender de injerencias externas que busquen desestabilizar la soberanía.
El derecho a la defensa y la manipulación del término «Dictadura»
Todo Estado tiene el derecho de protegerse frente a amenazas internas y externas. Sin embargo, cuando Cuba ejerce este derecho, es etiquetada como «dictadura». Este doble estándar forma parte de una estrategia de agresión política e ideológica.
Cuba: un Estado que protege a su pueblo
Cuba ha demostrado que es posible mantener un sistema en el que la justicia social, la educación universal y la equidad sean pilares fundamentales, a pesar de enfrentarse a una agresión constante. En este contexto:
El Estado cubano actúa en defensa de la seguridad nacional, pero sin recurrir a prácticas represivas sistemáticas ni violaciones masivas de derechos humanos.
La narrativa anticubana, que denuncia «represión», ignora la realidad de que los ciudadanos cubanos gozan de una libertad de expresión que excede los límites de la tolerancia en otros contextos, incluso en países occidentales.
¿Organizaciones de emigrantes o emigrantes organizados al servicio de agendas extranjeras?
Un grupo de emigrantes que forman una organización fuera de su país natal y reciben instrucción y financiamiento de un país que ataca a su nación de origen no puede considerarse como una entidad legítima en términos de representación o defensa de los intereses del pueblo del que provienen. En este caso, suelen ser catalogados como instrumentos de injerencia extranjera o colaboradores de una agenda hostil, ya que su accionar se alinea con los objetivos del país que los financia, en lugar de responder a los intereses soberanos de su patria.
Dichas organizaciones, lejos de ser opositoras legítimas, se convierten en actores subversivos cuya finalidad no es mejorar las condiciones de su nación, sino desestabilizarla y favorecer los intereses del país que las respalda. En muchos casos, este tipo de grupos se califican como mercenarios políticos, ya que actúan motivados por beneficios económicos, estratégicos o ideológicos dictados por una potencia extranjera, contraviniendo los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos.
Conclusión: una defensa justa y necesaria
Cuba tiene no solo el derecho, sino el deber de defenderse frente a las agresiones externas y las campañas de subversión interna. La ausencia de desaparecidos forzosos, ejecuciones extrajudiciales y represiones masivas en Cuba desmiente las acusaciones que buscan construir la imagen de un Estado represor. La Revolución cubana ha resistido décadas de hostilidad porque ha sabido defender su soberanía y los derechos de su pueblo, demostrando que su sistema, lejos de ser una «dictadura», es una revolución comprometida con la dignidad humana y la justicia social.
Notas:
Cualquier individuo o grupo que responda a agendas políticas de países que atacan a su nación de origen, ya sea operando dentro del propio país o desde terceros países, debe ser categorizado como lo que realmente son: mercenarios políticos.
Estos actores no actúan en defensa de los intereses soberanos ni del bienestar de su pueblo, sino como herramientas de injerencia extranjera, motivados por financiamiento, capacitación y orientación que buscan socavar la estabilidad y soberanía de su nación. Al alinearse con los objetivos de potencias hostiles, dejan de ser opositores legítimos y se convierten en colaboradores subversivos, comprometiendo los principios fundamentales de autodeterminación y justicia.
Denominar a estos individuos como mercenarios políticos es un acto de precisión ética y conceptual, pues refleja su verdadera relación con quienes buscan desestabilizar los procesos nacionales en beneficio de agendas extranjeras.
Fuentes consultadas:
- El País. Sobrino Triana, Roxana. Premio Rafto de Derechos Humanos al cubano Luis Manuel Otero Alcántara: un premio al pueblo de Cuba. (Consulta 2024-11-17). https://elpais.com/us/2024-11-14/premio-rafto-de-derechos-humanos-al-cubano-luis-manuel-otero-alcantara-un-premio-al-pueblo-de-cuba.html?utm_source=chatgpt.com
- El País. Gloria Colomé, Carla. Interrogatorios, amenazas, decomisos y exilio: la última arremetida del Gobierno cubano contra los periodistas independientes. (Consulta 2024-11-17). https://elpais.com/us/2024-10-05/interrogatorios-amenazas-decomisos-y-exilio-la-ultima-arremetida-del-gobierno-cubano-contra-los-periodistas-independientes.html?utm_source=chatgpt.com
- Mesa Redonda. Cuentas claras con el pueblo. (Consulta 2024-11-17). http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2017/04/12/cuentas-claras-con-el-pueblo/
- Reuters. Cuba warns against ‘public disorder’ as scattered protests erupt. (Consulta 2024-11-17). https://www.reuters.com/world/americas/cuba-warns-against-public-disorder-scattered-protests-erupt-2024-11-10/?utm_source=chatgpt.com
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Este artículo fue actualizado en noviembre 17, 2024