
marzo, 2025
Apartir de 1492, dondequiera que las fuerzas o los intereses de Occidente arribaron, destruyeron las sociedades originarias, se apoderaron de los recursos de éstas y exterminaron, esclavizaron, avasallaron o expulsaron a los nativos. Pero cada excursión imperial trajo consigo a su vez la incursión de los dominados dentro del Imperio.
Ello dio la ocasión al capitalismo para culpar de los males que él mismo causa a alguna minoría cultural o étnica interna fácilmente identificable y acosable. En Estados Unidos, oligarquía y gobierno han asignado tradicionalmente dicho papel a afroamericanos e “hispanos”.
Más que conocido es el maltrato secular a los de origen africano, con sus facetas de esclavitud, discriminación, racismo, xenofobia y negación de derechos, que han mantenido hasta hoy a la mayoría de los integrantes de dicha etnia en los estratos socioeconómicos inferiores. Examinemos el trato discriminatorio hacia “hispanos” y la mayoría de origen mexicano de éstos.
En 1848 Estados Unidos se apoderó de más de la mitad del territorio de México, y avasalló o despojó de sus tierras a los pobladores. ¿Tiene derecho a quejarse de que descendientes o parientes de esos habitantes originarios habiten o visiten el espacio que los invasores ilegalmente les usurparon por la fuerza de las armas?
En 1994 suscribe Estados Unidos un Tratado de Libre Comercio con México, en virtud del cual las mecanizadas cosechas norteñas arruinan a los campesinos aztecas y los fuerzan a abandonar sus tierras a una cadencia de casi un millón por año ¿Extraña que crucen fronteras para trabajar en los latifundios que los arruinaron?
Como resultado, la Oficina del Censo de Estados Unidos revela que para 2020 el 19,1% de la población de dicho país es de “Hispanos”; para 2060 estima que pertenecerá a tal categoría el 26,9% de la población, unos 119 millones, casi una de cada tres personas.
Estados Unidos empieza a construir a partir de 1994 un monstruoso muro en la frontera con México, y Trump exige en 2017 que los mexicanos lo financien con alzas de impuestos y aranceles para sus exportaciones. El control del territorio de Estados Unidos corresponde al gobierno de dicho país. ¿Si no es capaz ejercerlo, cómo puede exigir a otros gobiernos que cumplan la tarea que él no ejecuta, y menos todavía que se la financien?
Exige Trump a los gobiernos latinoamericanos y caribeños que impidan la migración de sus nacionales hacia la potencia norteña. La mayoría de las constituciones de los países de Nuestra América garantiza a sus ciudadanos la libre salida del país ¿Pueden o deben los gobiernos arrebatarles este derecho inalienable, para evitar que entren a una potencia que se declara incapaz de defender sus propias fronteras?
Amenaza Trump con expulsar 11.000.000 de extranjeros sin residencia legal, moviliza caza recompensas que secuestran indiscriminadamente “hispanos” por primas de mil dólares, los sepulta en campos de concentración ilegales fuera del alcance de leyes y tribunales, como el de Guantánamo. ¿Es posible una deportación masiva de tal magnitud? ¿Con cuál duración y a qué costo? ¿Deberían pagar actos de Estados Unidos los países de origen de los expulsados?
Decreta Trump negarle a los nacidos en territorio estadounidense la nacionalidad de dicho país si sus padres no son residentes legales, aunque estén sujetos a la jurisdicción del mismo. ¿Puede un Presidente negar un derecho que reconoce la Enmienda Catorce de la Constitución y ratifica la Corte Suprema de ese país?
Detengamos esta antología de la xenofobia, y razonemos a partir de los hechos: ¿Cabe en la lógica que la mayor potencia armamentista del mundo, con una infranqueable muralla dotada de todo tipo de obstáculos, fosos, alambradas, iluminación, sensores de movimiento, personal de vigilancia armado hasta los dientes, jaurías de perros rastreadores, cámaras, helicópteros, drones, vehículos todo terreno y vigilancia satelital no pueda impedir el ingreso de unos cuantos migrantes desvalidos?
La población de Estados Unidos estimada en 2023 era de 339.996.580 habitantes ¿Es concebible que 11 millones de personas despojen a casi 340 millones de sus puestos de trabajo, su nivel de vida y su futuro?
Los hechos imponen otra conclusión: los migrantes ingresan infiltrados por organizaciones cómplices del gobierno y los grandes capitales de Estados Unidos, quienes requieren mano de obra barata y sin derechos laborales que haga funcionar con niveles máximos de explotación su agricultura y gran parte de su industria.
Cada migrante no legalizado es una fuerza de trabajo sin derechos en la cual el Estado receptor no ha tenido que invertir ni un céntimo, ni en alimentos, educación ni cuidados médicos hasta el momento de su incorporación laboral.
La tasa general de natalidad en Estados Unidos para 2022 fue de 11 nacimientos por 1.000 habitantes, un 1,1%; índice inferior al 2,1, la fecundidad de reemplazo. Sin los migrantes, dicha tasa caería de manera todavía más abrupta y el país devendría progresivamente despoblado.
La migración “hispana” no sólo posibilita la reposición demográfica de la potencia norteña: impulsa y vigoriza su economía. Como expresa Juan Becerra Acosta: “Los casi 38 millones de mexicanos que viven ahí generan 338 mil millones de dólares al año, lo que equivale al producto interior bruto de Colombia. Por cada 131 empleos creados en filiales estadunidenses en México, se generan 333 empleos adicionales en Estados Unidos. En 2022 los migrantes sin documentos pagaron por impuestos alrededor de 97 mil millones de dólares. Más de 55 por ciento de las empresas emergentes estadounidenses valoradas en mil millones de dólares fueron fundadas por migrantes, quienes han impulsado avances tecnológicos que generan aún más riquezas. Los migrantes son parte integral y fundamental del crecimiento económico del país que se llama de las libertades y llama como sueño a su manera de vivir, pero que amenaza a los migrantes y sus países de origen a pesar de que sin ellos, ni nosotros de este lado de la frontera, su economía se derrumbaría con las consecuencias sociales que ello implicaría.” (https://www.jornada.com.mx/2024/12/04/opinion/016a2pol).