El Internado Judicial de los Flores Catia, popularmente conocido como “Retén de Catia”, fue un centro penitenciario ubicado en la Parroquia Sucre de la ciudad de Caracas, que funcionó entre los años 1966 y 1997. Su construcción se realizó bajo la presidencia de Raúl Leoni y su demolición tuvo lugar durante el mandato del Presidente Rafael Caldera, el 16 de marzo de 1997.
Su capacidad al principio para albergar reclusos era para unos 750 presos, distribuida en Tres Torres, pero con el trascurrir de los años fue sobrepoblada, causando problemas graves de hacinamiento; se calculó que llegó a superar los tres mil presos.
La Tragedia del “Retén de Catia”, conocida también como la masacre del “Retén de Catia”, ocurrió durante el desarrollo del fallido golpe de estado del 27 de noviembre de 1992. Durante la madrugada de ese día, agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana intervinieron el centro penitenciario causando una verdadera masacre.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) perteneciente a la Organización de Estados Americanos por sus siglas OEA, y según consta en el expediente número 11.699, en contra de la República de Bolivariana de Venezuela indica:
«Las autoridades no tenían datos consolidados o confiables sobre el número o situación judicial de las personas recluidas. Para el 26 de noviembre de 1992, un informe suministrado por el Jefe de los servicios del Retén computaba 3618 internos. Otro informe suministrado por el Jefe de los servicios del Retén se indicó que para el 30 de noviembre de 1992 el número de internos alcanzaba 2286. De acuerdo con el conteo de los reclusos, realizado por la Guardia Nacional después de una requisa efectuada el 30 de noviembre de 1992 y el traslado de reclusos a otros establecimientos penitenciarios, el número total de internos era de 2540».
Sobre esta tragedia, hay dos versiones sobre ocurrió la madrugada del 27 de noviembre de 1992 en el Retén Judicial de Catia. Ambas acaban igual: con la Policía Metropolitana disparando desde las garitas de vigilancia y un aproximado de 63 reclusos ejecutados, más 52 heridos y 28 desaparecidos. Los uniformados que dispararon alegan que los presos intentaban fugarse. Y los sobrevivientes alegaron que los guardias y policías les dieron la voz de “ley de fuga”, para luego masacrarlos.
La versión de los internos del pabellón de observación, señala que a las 5:00 de la mañana, todos tenían los ojos puestos en el televisor donde se alternaban las caras de Hugo Chávez y Carlos Andrés Pérez. “¡Cayó el Gobierno!”, gritaban algunos reclusos. Luego se escuchó la voz de los guardias: “Salgan, que están todos libres”. O al menos eso recuerdan los presos, señalando que los policías les decían “están libres”, abrieron las celdas y comenzaron a pedir dinero a los internos para dejarlos ir. “Si los internos pagaban, los dejaban salir. A los que no pagaron, sencillamente los mataron.
El testimonio que la Policía Metropolitana ofreció a la prensa al día siguiente del motín fue que; al grito de “¡Golpe de Estado!” los reos tomaron por asalto la garita de vigilancia número cuatro, mataron al centinela que montaba guardia allí esa madrugada, despojándolo además de su armamento, el cual utilizaron luego para tratar de someter al resto de los custodios.
Veintiocho años después de los hechos ocurridos en el Retén de Catia entre el 27 y 29 de noviembre de 1992, los mismos no han logrado esclarecerse con exactitud. De hecho, no existe aún ningún responsable sancionado por la masacre, en la que murieron aproximadamente 63 personas.
Más allá de las dos versiones, los acontecimientos finalmente derivaron en la muerte de aproximadamente 63 reclusos, causaron heridas a 52 personas y la desaparición de otras 28. Las investigaciones que se iniciaron en su momento no pudieron establecer la cifra total de las víctimas, y los informes que circularon fueron confusos y contradictorios.
Hoy en día solo puede concluirse de acuerdo con la versión de testigos, que la situación de violencia en el Retén de Catia se resolvió con la intervención masiva de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, cuyos funcionarios dispararon indiscriminadamente armas de fuego en contra los internos y lanzaron con igual desproporción gases lacrimógenos. Varios de los testimonios de los reclusos sobrevivientes y de funcionarios penitenciarios confirman los hechos.
Según un informe del Subcomisario Jefe de la División de Orden Público de la Policía Metropolitana en el cual consta; “la Relación de armamento largo, que fue entregado en el Parque de Armas de la Brigada Especial el 27 de noviembre de 1992 y una relación del personal (con jerarquías y número de placas) que laboró ese día en el Retén de Catia y sus alrededores”, en el operativo participaron 485 agentes de la Policía Metropolitana, quienes portaban 126 armas de fuego identificadas con su serial y tipo de arma. Las pruebas de balística realizadas por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial a los proyectiles encontrados en los cuerpos de los internos, así como los orificios de entrada y salida en los cadáveres, comprobaron que las muertes se produjeron a consecuencia de impactos de bala realizados con armas de similares o idénticas características a las utilizadas por la fuerza pública.
En varios de los protocolos de autopsia referidos a los cadáveres encontrados en el Retén de Catia, la trayectoria de las heridas evidenciaba que algunos de los reclusos fueron ejecutados por la espalda o el costado.
El Estado no adoptó las medidas necesarias para garantizar de manera oportuna y eficaz los procedimientos y medicinas necesarios para la atención de las personas heridas a consecuencia de los hechos. La actuación de la Guardia Nacional, así como de la Policía Metropolitana y la Guardia carcelaria durante las primeras 24 horas de ocurrencia de los hechos, no fue verificada por ninguna autoridad civil. A las autoridades del Ministerio Público que acudieron a las instalaciones del Retén les fue impedido el ingreso por la Guardia Nacional, por una supuesta falta de seguridad.
Entre el 28 y 29 de noviembre de 1992 cientos de reclusos fueron trasladados del Retén de Catia a la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico), al Internado Judicial Capital El Rodeo (Guatire) y al Centro Penitenciario de Carabobo (Valencia). Los traslados se efectuaron sin informar a los familiares de los internos sobre su paradero.
Los familiares de los internos trasladados desconocían no solo su paradero, sino sus condiciones generales. Previamente, las autoridades mantuvieron a los internos por varias horas en los patios del Retén, los obligaron a permanecer desnudos y en posiciones incómodas. Los diversos reportes oficiales no determinaron con exactitud el número de reclusos trasladados. Por ende, tampoco fue posible determinar cuántos internos fueron desaparecidos.
Pese a la impunidad que caracterizó el caso, familiares de las víctimas, con apoyo de Cofavic, presentaron en 1996 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el año 2005, la Comisión presentó demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que publicó su sentencia el 5 de julio de 2006. En el fallo se estableció la responsabilidad del Estado venezolano en los sucesos del Retén de Catia, determinó las reparaciones pecuniarias, obligó al Estado a investigar los hechos y a mejorar la situación de las cárceles venezolanas.
En la sentencia también se ordena la adecuación de la legislación interna, a los estándares internacionales, sobre uso de la fuerza y la implementación de un cuerpo de vigilancia penitenciaria de carácter civil.
Sin embargo, la situación en las cárceles no ha mejorado, por el contrario, se ha profundizado la militarización, hay hacinamiento, dificultad en el acceso a alimentación y a medidas de protección de salud mínimamente adecuadas.
A continuación, los nombres de las víctimas, cuyos casos fueron presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aparecen en la sentencia:
Alexis Antonio Martínez Liebano, Benjamín Eduardo Zerpa Rodríguez; Deyvis Armando Flores Velásquez; Edgard José Peña Marín; Franklin Antonio Armas González; Gabriel Antonio Figueroa Ramos; Henry Leonel Chirinos Hernández; Inocencio José Ruíz Durán; Jaime Arturo Henríquez Rizzo; Jesús Rafael Navarro; José León Ayala Gualdrón; Juan Carlos Saavedra Rincón; Marcos Nerio Ascanio Plaza; Nancy Ramón Peña; Néstor Gavidia Velásquez; Pedro Ricardo Castro Cruces; Víctor Jesús Montero Aranguren; Wilcon Alberto Pérez Santoya.
ALGUNAS NOTAS DE PRENSA DE LA EPOCA
Por otra parte y como complemento, el periodista Chevige González, publico el 30 de Noviembre del 2009 un artículo en el portal rebelión, en el cual expresa su opinión sobre lo ocurrido en esta tragedia.
“El 27 de noviembre de 1992, es una fecha grabada en el recuerdo del pueblo venezolano. Se vivían días de rebelión, se vivían días también de tragedia. Una agonizante IV República se negaba a morir aliándose con la muerte, reprimiendo al pueblo.
El Retén de Catia era parte de los símbolos de la muerte en tiempos del puntofijismo, allí la vida carecía de valor. Quizás por ello, en la estrategia del gobierno de Carlos Andrés Pérez, ejecutar una matanza de los reclusos que allí se encontraban no era sino una mancha más para un tigre.
Mientras un conjunto de organizaciones militares y civiles se levantaban contra un gobierno ilegítimo, la IV República se defendía con la represión. Que se regara por la ciudad la noticia de que los temidos presos del Retén de Catia se habían fugado era la excusa perfecta para generar caos y ejercer la más brutal represión en las parroquias aledañas, tradicionalmente combativas como el 23 de Enero y Sucre.
Ricardo Durán (ya fallecido), concejal y periodista, que ha participado también en las denuncias ante la fiscalía general de la república, con la finalidad de que se juzgue a los responsables del caso. Nos recuerda que para la fecha de la masacre, Antonio Ledezma, ejercía como Gobernador del Distrito Federal, por tanto, estaba a cargo de la Policía Metropolitana, a su vez este organismo de seguridad era el responsable de la vigilancia y custodia del Retén de Catia.
Recientemente la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público ha realizado más de 300 diligencias en la investigación por la llamada «Masacre del Retén de Catia». La justicia podría estar cada vez más cerca.
Todo pudo ser planificado
Llama la atención que durante el llamado Caracazo de 1989, en las cárceles venezolanas no se registró un solo muerto, mientras que el 27 de noviembre se produce una matanza de enormes proporciones en un penal.
Según testimonios de las víctimas, hubo durante los días previos a la masacre, una extraña clasificación de los reclusos. Alberto Medrano, quien para la fecha tenía a su hermano interno en el penal, dice que los presos tenían más información sobre la inminencia de un levantamiento militar que la que poseía el mismo disfrutando de la libertad.
La masacre se inició a partir de la 5 de la mañana del día 27, es decir, casi de inmediato con las primeras noticias que tenía la población. La policía aplicó ley de fuga, las órdenes las debieron recibir con anticipación, ya que no actuarían sin la anuencia de su jefe directo: Antonio Ledezma.
Los medios trataron de explicar lo sucedido como un enfrentamiento, sin embargo la desproporción era evidente, un solo policía falleció, mientras que por lo menos 200 reclusos fallecieron. Sin embargo, en algunos medios se resalta, que el entonces director del penal, Eloy Mora, andaba ametralladora en mano en las horas de la masacre.
El propio Antonio Ledezma, estaba preparado para justificar los hechos, y según recoge una edición del 01 de diciembre de 1992, del diario español El País, el actual alcalde mayor, afirma: «lo del Retén de Catia tiene vinculación con la insurrección golpista, porque no hay duda de lo que se pretendía era crear un caos en Caracas y que salieran a la calle más de 3 mil reclusos y eso tuvo que controlarse a costa de muchas vidas».
No importaba la cifra de víctimas.
El ministerio de justicia, admitía la muerte de 63 internos, el gobernador de Caracas (Ledezma) más de 100 y el periódico El Nacional ubicada la cifra de víctimas fatales en alrededor de 200.
Durante siete días el Retén de Catia estuvo cerrado a las visitas y no se conocen de informes parlamentarios o de comisión que haya logrado ingresar al penal para cerciorarse de que había pasado allí. En tanto los testimonios de los internos y sus familiares abundan. En aquel momento se vivía horas de zozobra debido a la represión ejercida por las fuerzas leales a Carlos Andrés Pérez para aplacar la insurrección. En los barrios cercanos al Retén se cuenta sobre presos que eran acribillados sin reparo alguno en el derecho a la vida.
Familiares de las víctimas cuentan que en los días de la masacre, estuvo por el lugar el entones diputado adeco Francisco Narváez, quien en ningún momento procedió a cooperar a favor de lograr justicia o de tranquilidad para quienes no sabían del destino de sus seres queridos.
Derechos Humanos, Víctimas y Victimarios.
En Venezuela, la población ya está acostumbrada a escuchar y ver constantemente a la dirigencia opositora acudir a organismos internacionales para implorarles que intervengan en los asuntos internos del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de sus instituciones favoritas. Allí denuncian todo lo que se les ocurre. Sin embrago hay un detalle que suelen obviar.
En el año 2006, la CIDH publicó una sentencia donde exhortan al estado venezolano a ubicar y procesar a los responsables de la mascare del Retén de Catia. A todas luces, el nombre de Antonio Ledezma debería estar vinculado a la investigación, debido a sus responsabilidades de gobierno para la época.
No obstante, Ledezma acostumbrado a rogar la injerencia de organizaciones y otros países en Venezuela, ha visitado la sede de la CIDH sin contar que tiene cuentas pendientes con ese organismo y con la justicia venezolana.
¿Retaliación política futurista?
En la oposición venezolana se suele mencionar que cualquier proceso judicial que por cualquier delito se emprenda contra alguno de sus dirigentes los convierte automáticamente en presos políticos. También señalan que sus gestiones de gobierno regional y local son acosadas por el estado central. Sería descabellado que en este caso Ledezma acuda a los mismos argumentos. La sentencia del CIDH, un organismo del cual no hay sospecha alguna de que esté motivado por el chavismo, ocurre en 2006, antes de que Ledezma fuese electo Alcalde Mayor.
La investigación y las denuncias sobre las responsabilidades penales de Ledezma se han hecho en distintas fechas de distintos años anteriores a la elección del dirigente opositor, sin que nadie pudiese adivinar que fuese electo para cargo alguno. En todo caso, el primer perseguidor de Ledezma podrían ser sus propios fantasmas, ya que a sus espaladas carga con un caso que no prescribe sobre violación a los derechos humanos.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes”. (Fin del Artículo).
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