T/ Giordana Garcia Sojo* F/ Cortesía
Las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) a través del Departamento del Tesoro y mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) afectan no solamente al Gobierno venezolano, sino especialmente a la población civil. Son medidas sustentadas en una lógica conductista, basada en la idea de castigo mediante el dolor y la asfixia, en una dinámica que reproduce prácticas de tortura, acentuadas en el contexto de calamidad mundial que ha significado la pandemia de la COVID-19.
Las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) han sido implementadas por EE.UU. durante todo el siglo XX, pero fue al final de la Segunda Guerra Mundial, una vez estipulado el acuerdo mundial de supuesta paz a través de la creación de las Naciones Unidas, cuando el Gobierno de EE.UU. comenzó a ejecutar de manera más agresiva y sistemática la “diplomacia coercitiva” y la aplicación de paquetes de MCU para doblegar la voluntad de Gobiernos no alineados. Las sanciones han sido por más de siete décadas una receta central de la política exterior estadounidense como instrumento de guerra no declarada.
A finales del siglo XX y con especial énfasis en lo que va de siglo XXI, EE.UU., ha fortalecido la diplomacia coercitiva ante la emergencia de otras potencias que le disputan hegemonía, y que dibujan un escenario tendiente a la multipolaridad, como China, Rusia,Turquía e Irán, entre otros Estados.
CASO VENEZUELA
A la fecha, se han emitido más de 400 MCU contra Venezuela, entre leyes, decretos, informes, cierre de rutas comerciales, amenazas a Estados, ciudadanos, empresas, etc.1 En 2014, el Congreso de EE.UU. publica la Ley 113-278, que prohíbe a la ciudadanía estadounidense todo tipo de transacción económica con el Estado venezolano, y estipula sanciones a quienes violen dicha ley.
A partir de entonces se han dictado siete órdenes ejecutivas contra Venezuela, comenzado por la famosa orden ejecutiva Nº 13692 de 2015, donde bajo la firma de Obama se declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca se intensifica aún más el sistema coercitivo hacia Venezuela, implementando más severas y abarcantes órdenes ejecutivas entre 2017 y 2019. En 2019, en sintonía con el plan desestabilizador basado en la simulación y reconocimiento de un gobierno paralelo, Tump firma las órdenes de bloqueo de los activos de CITGO en EE.UU. Esto último nada más llevó a una pérdida de 5.2 mil millones de dólares en activos netos de la nación.
Bajo este esquema se prohíbe al Gobierno de Venezuela realizar todo tipo de transacción en el sistema financiero mundial, persiguiendo cualquier corresponsalía bancaria, por pequeña que sea, pública o privada, que preste servicios bancarios a Venezuela, lo que prácticamente ha borrado al país del sistema financiero mundial. Por otro lado, el golpe a la industria petrolera, principal soporte de la economía venezolana, ha generado una caída dramática en la producción y distribución de crudo, afectando directamente el acceso a divisas para adquirir bienes de primera necesidad, proveer de mantenimiento a los servicios públicos y todo el gasto social característico de la Revolución bolivariana.
A contramano del relato instalado por las corporaciones mediáticas, las MCU no solo han generado una crisis económica en el país sino que son el detonante de una serie de violaciones de derechos humanos a la población. Los académicos Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, en un informe publicado en 2019, han dicho que se trata de un sistema de “castigo colectivo hacia la población civil”. Según dicho informe, las MCU han causado más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018, al prohibir las transacciones fundamentales para la adquisición de alimentos y medicinas, lo que se agudiza en el contexto de la pandemia.
En octubre de 2021, en el Informe presentado por la Relatora especial de la ONU, sobre el impacto negative de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, expresó la gravedad del régimen sancionatorio, en tanto atenta contra la calidad de vida de los venezolanos afectando el acceso a la salud, la alimentación y la educación.
Al respecto, cabe acotar que la última medida ilegal de EE.UU. fue la detención y extradición del enviado especial del Gobierno venezolano, Alex Saab, quien compraba alimentos e insumos médicos de manera directa, como una forma de sortear la muralla financiera levantada contra Venezuela, para abastecer, entre otras políticas, a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción o CLAP, esenciales para garantizar la ingesta calórica elemental ante la crisis económica desarrollada en el marco de las MCU.
LAS MCU EN LA AGENDA INTERNACIONAL
La ejecución permanente de MCU genera daños de tal magnitud que las economías y las sociedades blanco quedan devastadas, al riesgo de no recuperarse en décadas. No obstante, contra la narrativa del castigo y la tortura económica infligidas para aleccionar y cambiar direcciones políticas, se consolida a su vez la narrativa de la resistencia y la persistencia de sistemas de ideas y gobiernos no alineados.
Venezuela en ese sentido comienza un proceso de recuperación heroico, donde el continuo llamado al diálogo y al debate político ha sido la principal carta del Gobierno. Todo apunta a que las elecciones municipales en ciernes se darán en un ambiente calmo, con participación de todas las alas de la oposición -incluso las más extremistas-, y con las veedurías de actores internacionales que antes se negaban a participar como parte de las medidas de presión política implementadas hasta la fecha.
Como colofón, hay que recalcar la importancia de hacer frente conjunto a este tipo de prácticas coercitivas, pues atentan contra lo estipulado en la Carta de Naciones Unidas, como la solución pacífica de las controversias, la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial y la no intervención en asuntos internos de otros Estados.
A la fecha, países de todos los continentes del mundo -excepto Oceanía- están afectados por este tipo de prácticas ilegales por parte del EE.UU.: Asia es la región con más MCU (9 países), seguida por África (4 países), Europa (2 países) y América Latina y el Caribe (3 países). Sin embargo, también está visto que la coerción como medida de fuerza no da los resultados esperados por el agresor, en tanto también ha significado el fortalecimiento del sentido de resistencia y unidad entre los afectados que abogan por la consolidación de una vía multipolar de cooperación y convivencia.
*Investigadora SURES