Lo reclamos que luego fueron reprimidos y que derivaron en la matanza de la Patagonia trágica.
Juicio por la Verdad, por la matanza de huelguistas en 1920 en la Patagonia
Siguiendo los pasos de Napalpí, se busca establecer responsabilidades estatales y civiles por la matanza de 1500 trabajadores y peones en la Patagonia entre 1920 y 1922.
En el camino de reparación histórica iniciado en los Juicios por la Verdad se busca el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la matanza de huelguistas patagónicos que resistían las condiciones de trabajo semi esclavo impuestas por los estancieros en 1920. Fueron ejecutadas por fuerzas de seguridad estatales –Ejército y policía–, y paramilitares –la Liga Patriótica–. Nunca se informó la masacre, no se reportaron los asesinatos, ni se juzgó a nadie por estos crímenes.
Hasta hoy, cuando comienzan a tomar forma una serie de acciones surgidas en 2020, al cumplirse 100 años de la huelga en Santa Cruz. Hay una investigación que pudo presentar documental probatorio como parte del juicio iniciado por la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia para que se investigue con categoría de genocidio.
Que se conozca la verdad “permitirá que nuestra sociedad se sienta capaz de frenar este tipo de atropellos en el futuro” sostiene Esteban Bayer, quien participa de la investigación siguiendo los pasos de su padre, Osvaldo. Y agrega: “No es revanchismo, no es venganza, es justicia. Y que se sepa que estos hechos se van a perseguir, 100 o 200 años después, como sucedió con Napalpí” afirma. Se refiere a la matanza de unos 500 indígenas huelguistas –de comunidades qom y wichí– en Chaco, en 1924, juzgada en 2022. “Que se inicia este juicio demuestra que la sociedad tomó como propia la reivindicación de las huelgas y el rescate de la memoria que predicó Osvaldo” define.
La ruta de la huelga
En febrero, la senadora santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos) dará testimonio del material presentando en diciembre, en el Tribunal Federal de Caleta Olivia, ante el fiscal Lucas Colla. Sin esta documentación “no podía encaminarse el juicio”, explica María José Román –abogada que asiste al equipo investigador–, según les fue informado por esa fiscalía. Así, Ianni asume la investigación como parte del Estado provincial damnificado. “Y se dieron pasos desde la transmisión oral de la historia hasta la búsqueda de la documentación oficial, en esto que llamamos la ruta de la huelga” detalla a Página/12.
Ianni habla de la memoria resguardada por la Red de Memoria de las Huelgas que aportó sus datos para poder “buscar y encontrar” subraya, desde legajos militares de los jefes expedicionarios –Varela, Anaya, Viñas Ibarra–, hasta un habeas corpus por desaparición de persona. Fue presentado por la familia de un huelguista. Querían saber dónde fue fusilado y dónde están sus restos. La justicia de entonces lo ignoró. Y, a tono con la estrategia del gobierno de Hipólito Yrigoyen, evitó dar respuesta.
Por eso hasta 2020 no se conocía ninguna causa judicial presentada. Hoy los documentados salen a la luz por la persistencia de “la memoria cívica santacruceña”, define Ianni, quien además de propiciar esta investigación ad hoc, presentó en el Senado nacional y en la Legislatura provincial los proyectos para que se declare crimen de lesa humanidad. En tanto el juicio busca develar la trama histórica de las ejecuciones ocurridas entre 1920 y 1922 donde más de mil personas fueron fusiladas. Huelguistas que, en su mayoría, ya habían pactado su rendición. Se estima que otros cientos fueron perseguidos y ultimados en los campos, después de las ejecuciones masivas.
El Archivo Nacional de la Memoria y el Ministerio de Defensa a través de su Dirección de Derechos Humanos aportaron documentación. “Obtener datos para ir armando este enorme rompecabezas es central” grafica Ianni. Y apunta a la necesidad de conocer a las víctimas “porque no hay registro de quienes son las personas que han sido asesinadas. Y están apareciendo sus familias”, agradece.
Los descendientes de las víctimas se suman a la investigación. El periodista Gustavo Hoyos asume la búsqueda en archivos oficiales. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral, con sede en Río Gallegos aporta a la querella el mapeo georreferenciado que puede identificar lugares de entierro. “Podemos tener un juicio bastante claro y bastante rápido” estima la abogada. El acompañamiento es “notorio” agrega. Se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y también del Chaco “por el camino que emprendió el juicio de Napalpí”, señala.
Sobre un tablero de ajedrez
Cada dato es vital en la reposición de esta secuencia histórica. La documentación “se convierte en parte de un tablero de ajedrez, donde hay que continuar buscando para ver cómo transcurrieron los hechos”, afirma Ia senadora. Esteban Bayer amplia: “La historia está para aprender por eso hay que mantenerla viva, y después de recuperar la memoria hace falta la justicia. A eso nos abocamos ahora” confirma desde Alemania. Habla por los 1500 obreros y peones rurales fusilados «para que se reconozca que fue un delito de lesa humanidad”, en este proceso de recuperación de la memoria que ha comenzado a girar.
La memoria funciona aquí como herramienta de justicia. La que expresan los pueblos cuando los Estados callan. Puede verse al recorrer los campos donde fueron asesinados estos trabajadores, obreros de frigoríficos o ferroviarios, transportistas “carreros” como José Font, más conocido como “Facón Grande”. Los gastronómicos de los hoteles, y los empleados de La Anónima que ya era un gran almacén con estancias y frigoríficos. A ellos se sumaron los campesinos, los peones rurales. Les pagaban miseria –había caído abruptamente el precio de la lana–, y trabajaban 12 horas, y los esquiladores 14 o 16 horas por jornada. Muchos no habían cobrados los últimos diez salarios.
Pedían mejores salarios y, entre otras cosas, un paquete de velas por hombre ¡por mes! No dormir a la intemperie. Tener comida. La respuesta fue la represión masiva que impuso los términos de los estancieros en las condiciones del trabajo. El Estado nunca informó sobre estos crímenes, ni sancionó a quienes los cometieron. Pero en las tierras santacruceñas hay sitios de memoria en los lugares de las matanzas.
No hubo una comisión investigadora legislativa como se pedía entonces, desde el socialismo. “Los radicales la rechazan y el Parlamento nunca se expidió sobre el tema” repasa Esteban Bayer. En Santa Cruz, sin embargo, la memoria social bautizó un cerro con el nombre “Cerró Comisión”, remarca Ianni. “La historia se hace presente desde el paisaje, por los sitios de memoria, por los nombres de calles que reivindican la huelga”, reflexiona. Esto la impulsa a buscar que esta masacre sea declarada “crimen de lesa humanidad”.
La reparación histórica
Establecer la responsabilidad del Estado en los fusilamientos patagónicos permitiría reparar la trama doliente sobre la que se construye –desde el Estado–, legitimidad para los estancieros y sometimiento para los obreros y peones rurales. “La provincia inició el proceso y pide que se investigue –describe la abogada Román–, nosotros presentamos la documental que clarifica el objeto procesal para que se llegue a la instancia de Juicio por la Verdad. Queremos lograr la reparación histórica y jurídica de estos crímenes, y evidenciar la responsabilidad del Estado, siguiendo la línea de Napalpí” afirma.
Las estructuras del Estado que lo permitieron son las mismas. “Aun cuando Yrigoyen no haya firmado la orden de represión –aclara Bayer–, sí decidió el envío de tropas”. Esto ubica al Estado en el eje de la responsabilidad. “Las estructuras son las mismas. Y los dueños de las estancias también», añade. Por caso, la familia Braun es todavía propietaria de la estancia La Anita, donde se cometió la mayor matanza, la que definió el fin de la huelga. La Anónima también era, ya entonces, y es, propiedad de los Braun.
Para los estancieros la crisis lanera –por la Primera Guerra Mundial– se ajustaría por el lado de los trabajadores. Inglaterra intercedía para favorecer ese pedido. Así nace el conflicto que dura dos años y culmina con las matanzas, entre diciembre de 1920 y enero de 1921. “Los intereses eran muchos, y son los mismos de ahora. Las familias también» coincide Román. «Pero el Estado en esa situación –advierte la abogada– defendía netamente a los terratenientes que sometían a los trabajadores a condiciones insalubres e inhumanas. Los trabajadores defendían sus derechos. Por eso fueron perseguidos y fusilados, sin juicio. No tuvieron derecho a nada. Pero ahora puede actuar la justicia”, define.
Siguiendo los pasos de Osvaldo
“Este camino retoma lo que nos enseñó Osvaldo” esgrime Esteban Bayer para retratar este proceso que a partir de la memoria social lograr acciones reivindicativas que incluyen por primera vez la instancia judicial.
“Esto demuestra que una sociedad puede rescatar la verdad, luchar por la memoria y buscar justicia, aun con un tema que parecía olvidado para siempre. Este recorrido muestra el comportamiento cívico de una sociedad fuerte –afirma el investigador– y demuestra que estos temas no terminan. Resurgen. Porque siempre hay semillas que vuelven a brotar. Osvaldo sembró semillas con sus charlas y hoy hay un bosque” describe. Y allí es posible rescatar la verdad, y lograr justicia. «Es la tarea» concluye.