María Corina Machado ha prometido privatizar PDVSA y la mayoría de bienes del Estado (Foto: Archivo)
La oferta de campaña de María Corina Machado para las primarias opositoras contiene un conjunto de promesas en el ámbito político como la reducción del período presidencial a cinco años, la eliminación del referéndum revocatorio de mandato y el fin de la reelección presidencial.
Sobre su plan económico, Machado manifestó en una entrevista que, de llegar a la presidencia, implementaría un plan «masivo» de privatizaciones de bienes del Estado, incluida la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la máxima empresa del país.
Estas promesas están sujetas a análisis pues refieren un marco de coordenadas políticas intrínsecas a una agenda mucho más allá de los aparentes destinatarios, que son los potenciales votantes de las primarias opositoras. Es, además de una narrativa de campaña, una estrategia de relaciones públicas dirigida a grupos de poder económico y político dentro y fuera de Venezuela.
LA CARENCIA DE CONGRUENCIA
Dado que la precandidata Machado no ha presentado como oferta cambiar la Constitución, sus propuestas deben considerarse hoy, en toda línea, inconstitucionales. Este es un punto de partida del análisis. Sus promesas en lo político carecen de asidero en el texto base de la legislación venezolana.
Así, las promesas de Machado implicarían más que una enmienda una categoría de reforma. Por vías constitucionales es imposible que la figura presidencial de la república pueda por sí misma reformar la Constitución y Machado lo sabe, a falta de parlamento favorable y sin llamar a un proceso constituyente.
Conviene, además, analizar el factor de congruencia sobre las posiciones de la precandidata sobre cambios en la Constitución.
En 2013 Machado fijó posturas de «defensa de la Constitución» para enfrentarse al chavismo. Pero ese mismo año abogó por llamar a una constituyente, pero en 2017 cuando Maduro la convocó Machado se opuso.
La deriva política del personaje la ha llevado a una flexibilidad enorme en su discurso, al punto actual en el que sin promover abiertamente un cambio en el texto refiere medidas completamente al margen.
Sobre PDVSA, Machado dijo:
«Por supuesto que hay que privatizarla. Y no solamente PDVSA, las empresas de Guayana, los hoteles, las empresas de telecomunicaciones. Pregúntale a una persona que trabaja en Corpoelec, o PDVSA, o SIDOR, si quieren trabajar en una empresa pública o privada…».
Sin embargo, la Constitución refiere de manera clara en el artículo 303 que «por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera».
¿En qué consiste el lanzamiento de una propuesta temeraria de privatización, que además no ha sido complementada con una oferta política de cambio constitucional?
Hay que mirar nuevamente la congruencia de la precandidata. En 2018, ante la posibilidad de la incautación de la estatal CITGO Petroleum en suelo estadounidense, Machado manifestó su posición acerca de la propiedad del Estado sobre bienes estratégicos:
«CITGO es una joya petrolera que es de todos los venezolanos… Perderla sería un golpe irreparable para el futuro de la industria petrolera venezolana».
UNA OFERTA A CONTRACORRIENTE
Conviene analizar el vínculo de la oferta electoral privatizadora con otros sentidos comunes entre opositores. La puesta en el tapete de la privatización de PDVSA generó reacciones entre economistas antichavistas, quienes además han sido sujetos políticos promotores del neoliberalismo en el país.
Una de ellas provino del presidente de la firma Torino Capital, Francisco Rodríguez, propulsor de la dolarización en Venezuela. Rodríguez explicó que «transferir la propiedad de PDVSA a actores privados no haría más que mermar la capacidad de nuestro sector público de proveer los bienes y servicios públicos necesarios para respaldar un proceso de recuperación inclusiva y sostenible».
Por su parte José Guerra, el economista y exdiputado (expresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de 2015), consideró que la captación histórica de renta con las petroleras en manos del Estado ha dado beneficios a la nación. Alegó que en los principales países productores —excepto en Estados Unidos—, los Estados son los propietarios de las empresas petroleras. «Por algo será», alegó, instando a debatir el tema pero fijando posturas de desacuerdo.
Es evidente que un teórico gobierno de María Corina Machado difícilmente podría contar con el consenso de algunos opositores. Debemos considerar que una eventual privatización «masiva» carece de posibilidades para un amplio consenso político. Considerando el indiscutido y sostenido cuadro de fragilidad de las alianzas antichavistas, Machado estaría apostando a una medida sujeta a riesgo.
El experimento político llamado «interinato» demostró las capacidades de los opositores en dividirse y enfrentarse debido a una disputa por recursos robados a la nación. Es lógico que algunos de ellos quieran lucrarse privatizando PDVSA y otros prefieran mantenerla en el Estado para sacar tajada con ella. De ahí que una medida de esta naturaleza solo puede facilitar un posible escenario de pugna que debilitaría la gobernanza y las alianzas para sostener un gobierno antichavista.
En suma, esto hace a la propuesta de Machado más temeraria aún.
En sus aseveraciones, Francisco Rodríguez hizo un señalamiento que merece ser mirado con atención:
«La privatización de PDVSA no haría más que asegurar la transferencia de enormes recursos del Estado a las élites económicas que se posicionarían para adquirirla».
En ese sentido explicó que quienes plantean la privatización de la industria petrolera omiten discutir cómo se impediría que esta sea adquirida muy por debajo del valor de su capacidad de generación de ingresos «por grupos económicos cercanos a quienes lleven a cabo el proceso de venta».
Rodríguez hace un tiro por elevación, pero deja ver el meollo de su postura.
A solo semanas de iniciar la larga campaña de las primarias opositoras, María Corina Machado ha puesto todo en el asador al realizar una oferta a contracorriente, sin sopesar los costos y la viabilidad real de llevarla a cabo. Pero esto no es una torpeza política, por más que lo parezca.
LA ESTRATEGIA TRAS BASTIDORES
¿Cuál es la naturaleza de una propuesta de privatización inconstitucional, incompleta —por no proponer la reforma de la Carta Magna— y además riesgosa para la cohesión de un hipotético gobierno de derecha?
Esta oferta electoral podría formar parte de una construcción narrativa dirigida a un sector «liberal» y duro de la oposición, el cual regularmente es abstencionista. Machado se dirige a un segmento de la población sobre el cual ella puede crecer y expandir su alcance político.
Refiere a PDVSA, a las industrias básicas de Guayana, a los servicios públicos y a las empresas públicas, pero también al ordenamiento político construido sobre la Constitución vigente; al periodo presidencial y a su vector político-electoral unificador, que es el voto automatizado, para lo cual ha propuesto el regreso al arcaico voto manual como fórmula «anti-fraude».
¿Pero hacia dónde apunta realmente?
Como toda campaña política, Machado fabrica nuevas expectativas bajo la promesa de un gobierno decididamente neoliberal, pero lo hace mediante una oferta adversa a los sentidos comunes socialdemócratas y chavistas, y a su tradición de gobernanza política y económica en Venezuela.
Machado apunta de manera bidireccional tanto al chavismo como a otras oposiciones. Pero en el tema PDVSA ha clarificado su oferta política y ha puesto como núcleo de su discurso una disputa por la base material tradicional-histórica que ha existido como parte del tejido existencial de los gobiernos de Venezuela en los últimos 100 años.
Todos estos componentes refieren que Machado ha tomado los códigos de «línea dura» para replicar en Venezuela fenómenos electorales que han aparecido en otros países, como el de Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos. En otras palabras, está fabricando sobre su nombre una candidatura «anti statu quo«.
Seguramente, los gestores de su campaña analizaron las condiciones subjetivas en el país y han preferido el riesgo de asumir una línea «no tradicional» para crear un «fenómeno» político.
Machado —no de manera casual— ha sido denominada, al igual que Margaret Thatcher, como «la dama de hierro», referente neoliberal en Reino Unido. Ha tomado matices de candidata outsider, intenta rentabilizar su imagen como figura que, aunque ha formado parte de la política durante años, prefiere situarse «al margen» de la debacle de los partidos antichavistas, especialmente los del cuadriunvirato llamado G4. «Somos distintos», ha dicho.
Pero hay que mirar más a fondo.
La campaña de primarias de la oposición es en realidad una actividad clientelar y de relaciones públicas de largo aliento. Ello implica que los precandidatos quieren posicionarse, construir alianzas, alinear factores de poder político y económico para desarrollar un tejido electoral.
Ello explica la larga lista de nombres de precandidaturas que, se sabe, no llegarán por sí solas a ninguna parte. Muchos de quienes se han anunciado saben que no alcanzarán el próximo mes de octubre cuando se realicen esas elecciones. Algunos venderán su apoyo y cederán su candidatura a favor de otros, conforme sea metabolizada la diatriba y la dinámica clientelar.
En ese contexto, Machado aspira alinear apoyos de otros factores y figuras duras o con tendencia afín a su línea de campaña.
Por eso, a la precandidata le es irrelevante ser criticada por otros opositores sobre las privatizaciones. Su propuesta ni siquiera aspira a ser coherente ni con la Constitución, ni con su flexible discurso del pasado.
Apuesta a que el deterioro de lo público por causa del bloqueo ha creado condiciones de legitimación a su oferta neoliberal a ultranza frente al electorado. Pero eleva la apuesta de su discurso sobre privatizaciones dirigiéndolo al sector privado, el cual es su verdadero receptor.
Machado está sirviendo los bienes públicos como promesa, como estímulo atractivo, para poder desarrollar un entramado que impulse su campaña mediante un fuerte respaldo y financiamiento de los grandes capitales nacionales y también foráneos. Claramente desea cautivar el apoyo estadounidense mediante una «línea dura» creíble repleta de incentivos.
La denominación de su oferta «anti statu quo» implica sustituir la relación del Estado con la renta petrolera, aunque eso implique un proceso privatizador para beneficiar únicamente a la élite económica. Por defecto, implica la creación de un eventual y reducido nuevo grupo de poder político que se haga de beneficios con las privatizaciones. Un grupo del cual muchos dirigentes del G4 no formarían parte.
En ese escenario, la gobernanza de derecha sería irrelevante pues el fin en sí mismo no radica en la posesión del poder político sino en la desfiguración del país, la captura de bienes y la inhabilitación perpetua del Estado venezolano.
Esto hace de la «oferta privatizadora» de Machado el anuncio de una pretendida nueva fase de despojo de los bienes nacionales, en línea coherente con las medidas que los estadounidenses ya han aplicado contra el país en los últimos años: Robar bienes y detonar dispositivos de poder para avasallar al Estado-nación.
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