Por: Yohir Akerman
Cambio Colombia 11/03/23
Esta es una historia de héroes de la patria y, a la vez, ladrones de recompensas. De militares que participan en operaciones complejas y exitosas y, al mismo tiempo, oficiales que se están tumbando los dineros de los informantes. Una investigación de cómo se desaparecen los ultrasecretos “gastos reservados” del Ejército, para convertirlos en gastos robados de la nación.
Y para empezar vamos al artículo que publicó la revista CAMBIO el pasado 13 de febrero, con una interesante historia sobre el militar colombiano que asesinó en Venezuela a Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Según el texto, el responsable de la muerte del prófugo guerrillero fue el coronel del Ejército Mario Sarmiento Reyes, alias Matilda.
Este polémico y exitoso militar, gracias a su cercanía con desmovilizados que le servían como informantes, logró obtener datos precisos de la ubicación del exjefe de las Farc en el hermano país. Así pudo darlo de baja en una operación encubierta, que estuvo en secreto por mucho tiempo para no generar mayores tensiones con el régimen de Nicolás Maduro.
La operación de inteligencia fue comandada por alias Matilda y, según seis oficiales del Ejército, contó con la anuencia de toda la cadena de mando, incluyendo al general Eduardo Enrique Zapateiro, al entonces comandante de las Fuerzas Armadas, general Luis Fernando Navarro, el exministro de Defensa Diego Molano, y el propio presidente del momento Iván Duque.
Pero no solo eso. La misión contó con la bendición del gobierno de los Estados Unidos, que además ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara a dar de baja al entonces guerrillero reincidente, envuelto en un escándalo de narcotráfico.
Según estableció CAMBIO, partieron de territorio colombiano en dos helicópteros militares. Un mayor del Ejército fue el que infiltró el comando especial en territorio venezolano. La situación era particularmente riesgosa, porque las relaciones entre los dos países estaban rotas y el presidente Iván Duque había anunciado que le faltaban horas a Nicolás Maduro para caerse, como consecuencia del mal llamado ‘cerco diplomático’.
Fue todo un éxito militar, del cual el gobierno del expresidente Duque no pudo sacar pecho, dada la situación bilateral. Pero cumplió con el objetivo el operativo, con los protocolos de registros de las fuentes humanas y los estándares de manejo de información. Eso aseguró un general retirado que estuvo muy cerca de la misión.
Pero con una gran mancha. A la fuente que reveló la ubicación de Jesús Santrich no le cumplieron con el pago de la recompensa. Así como se oye. Pese a que dio la ubicación exacta en tiempo, modo y lugar a las fuentes del Ejército, no le pagaron su dinero. La fuente era un integrante del anillo de seguridad del exjefe guerrillero, a quien le ofrecieron la recompensa de 10 millones de dólares por la información.
“El dinero de la recompensa sería pagado por una agencia norteamericana, por eso debían traer una prueba fehaciente de que el jefe guerrillero estuviera muerto. Por eso un soldado le cortó el dedo meñique a Santrich. Sin embargo, al informante le dijeron que la recompensa no se había podido cobrar porque el dedo se había perdido”, explicó a la revista CAMBIO otro oficial de inteligencia que acompañó la operación.
En realidad, según la información de varios militares, la recompensa no se quedó sin cobrar, sino que se perdió en el hoyo negro de la corrupción de algunos miembros de la inteligencia, entre los cuales figuran los nombres de los más altos funcionarios. Recursos del gobierno de los Estados Unidos, entregados a Colombia, robados por quienes no dan puntada sin dedal. Valga la pena el uso de la referencia.
Sobre esto el oficial detalló que “esa era una fuente humana que trabajaba conmigo hace algunos años, sin embargo, me pidieron que se la entregara a González Lamprea (el general Mario González Lamprea, el más alto oficial de la inteligencia del Ejército durante el gobierno de Iván Duque). Me negué, pero ellos me voltearon la fuente. Le amenazaron a un familiar y el muchacho no tuvo otra opción que entregarles todo”.
Todo parece indicar que este dinerito perdido no fue la excepción, sino la regla de la corrupción que ocurre con los rubros de los llamados gastos reservados de las operaciones militares del Ejército. Me explico.
Esa modalidad, la de no pagar los dineros a los informantes y quedárselo en manos de militares, es tan solo una de las muchas formas que existen para desaparecer la plata de los presupuestos reservados del Ejército. Dineros destinados a las áreas de inteligencia de todas las unidades militares del país.
El equipo de esta columna tuvo acceso a un coronel del Ejército que operó en la inteligencia militar por más de una década. Este reveló, con lujo de detalles, cómo se desaparecían sin control, y se desaparecen todavía, millonarias cifras de dinero provenientes de los gastos reservados. O gastos robados.
De acuerdo con el oficial, que pidió no divulgar su identidad y proteger su voz en la entrevista por seguridad y miedo a represalias, él mismo evidenció desde el año 2012, la forma en que el dinero destinado a inteligencia, por medio de gastos reservados terminó en las cuentas personales de varios coroneles y generales.
Empecemos por establecer que estos recursos provienen del Ministerio de Defensa y se destinan a cada una de las fuerzas y unidades de inteligencia territoriales y especializadas. Los dineros se dividen para gastos administrativos, gastos de operaciones, pagos de información y de recompensas.
El oficial, hoy en retiro, dijo que, en promedio, el Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (CAIMI) y el Comando de Apoyo de Contrainteligencia (CACIN), cada uno con dos brigadas bajo su mando, de inteligencia y contrainteligencia, recibían en ese momento entre 200 y 300 millones de pesos mensuales para gastos reservados. En la actualidad es mucho más.
Algunos coroneles y generales, para desaparecer esos recursos, usaban desde las operaciones más complejas y secretas, hasta las más sucias y sencillas tácticas, como el llamado plan caneca.
Esas centrales, CAIMI y CACIN, le giran los dineros a los batallones y los batallones ejecutan los prepuestos. Hasta ahí todo bien. Pero no, la primera modalidad de desaparición de esos dineros consiste en que las centrales empiezan a girar menos cantidad a los batallones, justificando la entrega de la totalidad, a pesar de que son los batallones precisamente los que están ejecutando las operaciones.
Preocupante.
Por eso mirémoslo más en detalle. Para la operación de las unidades de inteligencia se utilizan los gastos reservados, que solo los manejaban los directores de las centrales. Muchas veces, después de girados los dineros, les exigían a los batallones que les regresaran los recursos, los cuales se veían obligados a devolver a los comandos (CAIMI y CACIN) sin tener una explicación o una justificación.
Según el coronel que habló con esta columna “casi siempre mandaban 20, 30, 40, a veces 50 (millones de pesos) y teníamos que devolver 20, 10, entonces el presupuesto que le daban a los batallones era de 20, 30 millones dependiendo de los resultados”.
El problema es que dar resultados sin tener los recursos es cada vez más complicado.
Según el oficial que describe estos hechos, el dinero que era devuelto por los batallones llegaba a los comandantes (director y subdirector de la central) sin ningún control, pues esta plata ya había sido legalizada en las unidades militares. Es decir, su trazabilidad daba apariencia de haber sido ejecutada en operaciones de inteligencia.
Para “legalizar” la plata, en cada batallón utilizaban varios métodos encaminados a dar apariencia de legalidad en la ejecución del dinero. Como en el caso del rubro de gastos operacionales, área que gozaba del privilegio de cobrar plata sin necesidad de entregar soportes en un porcentaje de los gastos, como transporte, hospedaje y alimentación entre otros. Así se organizaban misiones, se consignaba el dinero a los miembros de inteligencia, pero estas no se ejecutaban. Únicamente se conseguían soportes irrisorios para apropiarse de los millonarios recursos.
Ahí viene la caneca.
Según el coronel, existe una estrategia que se llama “el plan caneca”, que era simplemente mandar a un soldado a los terminales de transporte, o aeropuertos, para recolectar de la basura los comprobantes que la gente bota de los tickets o pasajes. “Usted iba a la caneca, sacaba tickets, entonces sacaba usted comprobantes de pasajes, a veces sacaba tickets de alojamiento de hotel y hasta de alimentación, entonces usted recogía y con esos tickets, legalizaba la cuenta”.
Cifras chiquitas, pero que hechas de manera consecutiva y continua llegan a sumar una gran cifra de defraudación a los recursos del Estado.
Otra de las fuentes de recursos que son robados, en mayor escala, proviene del área de pago de información. Allí se destinan grandes sumas, pues se gira plata a supuestas fuentes humanas por el suministro de datos relevantes para dar con blancos de alto valor. Para acreditar las fuentes, solo es necesario una copia de la cédula y la firma del supuesto informante. Insignificante proceso que es aprovechado por los militares para apropiarse de esos dineros de manera fraudulenta.
“Entonces qué hacen, se consiguen cédulas, a veces de las unidades de contrainteligencia como están en las unidades abiertas, o hacen puestos de control o retenes militares donde piden las cédulas de las personas de la región y se le toma fotografía a esa cédula y ya con esa fotografía, ya usted saca una fotocopia como si fuera fotocopia de la cédula, la anexa y la firma”.
Sencillo.
Pero no solo así se roban la plata. La otra modalidad es engañar a las fuentes, haciéndoles creer que se les pagará cierta suma de dinero, que en realidad es menos de lo que se cobra. O explicarles a las fuentes que por problemas operacionales no se puede conseguir el comprobante del éxito de la información y por consiguiente no hay pago por recompensa, como fue ‘el dedo perdido’ de Santrich.
“Usted monta todo el paquete, y en la última hoja, usted deja firmas, entonces qué hace, le leen al informante, le vamos a pagar 100 millones de pesos que llegaron de recompensa, esos 100 millones son por la baja de tal, de acuerdo a ley tal, listo aquí está el testigo, firme aquí, firme allá, firman dos testigos y listo, se le entrega la plata, pero realmente el giro fue por 300 millones, entonces qué hace usted, simplemente quita la primera hoja o la segunda hoja donde están los dineros, donde dice la cantidad y deja y anexa las firmas con la huella”.
El coronel recordó que, muchas veces, las unidades de inteligencia también reciben dinero de las gobernaciones o municipios para el pago de recompensas. Generalmente esos recursos también se legalizan, pues terminan pagando recompensas que ya se cancelaron con presupuestos de otra parte.
“Del 100 por ciento de los dineros que llegan para inteligencia, realmente que llegue para las operaciones de inteligencia, vamos a ser positivos, estamos hablando de un 30 o 40 por ciento máximo”, dice el militar que habló con esta columna de manera confidencial.
Y lo dice de manera encubierta, porque ya ha sido víctima de retaliaciones. Cuando este coronel advirtió a sus superiores sobre lo que estaba pasando con la pérdida de dineros en inteligencia y los gastos reservados, empezó a ser hostigado, fue trasladado de unidad y le inventaron un prontuario en contrainteligencia que le costó su salida del Ejército.
El oficial agregó que él y otros coroneles terminaron su carrera militar por cuenta de aparentes montajes creados por la contrainteligencia, al haber descubierto y denunciado estos hechos de corrupción. Mientras tanto, el dedo meñique de Santrich nunca apareció. Pero parece que los 10 millones de dólares se quedaron en las más altas esferas del Ejército, en donde, en ese momento, rondaban el general González Lamprea y, por supuesto, el general Zapateiro.
Esperemos que esta modalidad de robos con los gastos reservados se erradique en este gobierno del cambio. Y que el presidente Gustavo Petro no deje que siga mutando el Plan Colombia por el plan caneca, robando a dedo.
Yohir Akerman
Estudió Ciencia Política, Derecho y un “minor” en Economía en la Universidad de Los Andes y estrategias de Campañas Electorales en George Washington University. Ha trabajado en CM&, El Colombiano, La República, revista Poder y El Espectador. Es consultor en una empresa de inteligencia corporativa y desarrolla investigaciones en América Latina.