San Salvador, 30 may (Prensa Latina) La muerte de reos en cárceles en El Salvador es hoy un problema sin aclarar, denuncian organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Recientemente organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario confirmaron cinco muertes de privados de libertad en seis días sin poder obtener una respuestas de las autoridades encargadas de los reclusorios.
En menos de una semana cinco privados de libertad fallecieron en diferentes centros penitenciarios del país. Tres de estas muertes incluyen a reos que fueron capturados durante el régimen de excepción, que ya lleva casi 14 meses de vigencia, indicaron fuentes de esos grupos.
“Casi que un día sí y un día no muere alguien en Penales. Llamamos a las personas a que sigan haciendo sus denuncias y a documentar los casos”, según la defensora Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico.
Una gran cantidad de los fallecimientos son catalogados como homicidios y las autoridades no se pronuncian sobre estos hechos aunque, una vez más que otra, voceros oficiales señalan que en una población penal cercana a los 100 mil reclusos, el número de decesos “no es tan alarmante”.
La víspera el diario La Prensa Gráfica (LPG), publicó elementos de un informe de la organización Cristosal sobre la situación en las cárceles del país durante el régimen de excepción e incluyó un listado con 153 reclusos que murieron entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de abril de 2023.
Todos los nombres fueron confirmados y revisados uno a uno junto con un médico forense, que confirmó que en al menos en 28 casos hubo torturas.
Citó la organización varios casos donde eran evidentes las torturas de los detenidos para obtener confesiones incriminatorias.
Cristosal informó de 153 fallecidos durante el régimen de excepción, la mayoría con muestra de torturas, golpizas y otros procedimientos violatorios de los derechos humanos.
En el informe agruparon en cuatro categorías las posibles causas de muerte de los reos bajo custodia del Estado: muerte violenta, probable muerte violenta, muerte natural o patológica y muerte sospechosa de criminalidad.
Detalló la organización que tienen conocimiento que la policía hizo levantamiento de cadáver en 24 casos de privados de libertad que se encontraban recluidos en diferentes centros penales, entre estos: el Centro de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas “La Esperanza”, conocido como Mariona, entre otros.
La investigación, reveló que las muertes de privados de libertad fueron el resultado de torturas, lesiones graves y sistemáticas en contra de los reclusos. Detallan que casi la mitad de las personas fallecidas en penales fueron víctimas de muertes violentas confirmadas.
Cristosal asegura que hasta el 26 de mayo de 2023, la cifra de muertos se eleva ya hasta 160 reclusos.
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