La libre, independiente y soberana Republica Bolivariana de Venezuela se encuentra sometida hoy, de Hecho y Derecho, a limitaciones jurídicas y políticas por parte de Estados y organismos internacionales que muestran su hostilidad afectando su vida economica, social y política del país.
Los gobiernos Imperialistas y coloniales de EEUU, la Union Europea, Canada, Japón y Australia y algunos de sus satélites de de la región y del resto del mundo, vienen aplicando Medidas Coercitivas Ilegales – falsamente calificadas de «sanciones» – contra nuestro gobierno bolivariano, los altos cargos civiles y militares del Estado, las empresas públicas fundamentales como PDVSA, el Banco Central y CONVIASA; todo lo cual ha afectado sensiblemente la vida del país y, en especial, a la clase trabajadora obrera y profesional, las empresas familiares y las pequeñas y medianas empresas privadas.
Para hacer más difícil la situación del país y doblegar al gobierno a sus intereses políticos injerencista y bastardos, la alianza imperio-colonialista mundial viene aplicando todo su poder de dominación global para que organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, El Tribunal de Arbitraje de Basilea, la OEA, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, no tomen medidas que alivien la situación política, económica, financiera y social de Venezuela con el infundado argumento de la «violación sistemática» de los Derechos Humanos, haciendo aún más difícil las condiciones y esperanza de vida de millones de familias venezolanas y extranjeras que viven en su territorio o han sido forzados a la emigracion.
El último de los artificios políticos puesto en práctica por la alianza criminal imperio-colonialista mundial que dirige el gobierno de EEUU, ha sido la activación del procedimiento de investigacion de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, – creada con base al Estatuto de Roma del cual la R.B. de Venezuela es Estado Parte – con el fin de judicializar al Estado Venezolano por presunta violación de derechos humanos, lo cual forma parte de la estrategia de acoso y cerco político y diplomático que esa perversa alianza viene sosteniendo para derrocar a al gobierno legítimo y constitucional del Presidente Nicolás Maduro Moros y a la Revolución Bolivariana y chavista que los ha resistido y enfrentado en estos últimos 24 años.
En ese contexto, la nueva visita a Venezuela del Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, CPI, el abogado británico Karim Khan (el mismo que acaba de dictar una ilegal orden internacional de búsqueda y captura contra el Presidente de la Federación de Rusia; nación que no forma parte del Estatuto de Roma), es parte de la intensificación de la estrategia de agresión imperio-colonialista contra Venezuela, su pueblo, su gobierno y su Soberanía, lo cual resulta indignante por su ilegitimidad, inmoralidad y propósito internvencionista, por lo que debiera ser objeto del rechazo firme de todas las autoridades del Estado Venezolano y ser respondida con la decisión firme e irrevocable dejando sin efecto (denunciar) la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma y revocando el acuerdo para la instalación de una intervencionista Oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas, liberarando al país de la amenaza de un organismo puesto hoy al servicio de la agresión del decadente hegemon global, EEUU y sus gobiernos satélites, iniciando el proceso de recuperacion plena de la competencia exclusiva de nuestros organismos jurisdiccionales para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos en el país.
La Soberanía del Estado reside instranferiblemente en el pueblo venezolano, conforme al Artículo 5 de la Constitución vigente y, con fundamento en el Artículo 130 del mismo Estatuto Político Supremo, es DEBER de todos los venezolanos y las venezolanas – especialmente de titulares de los Poderes Públicos – resguardarla y protegerla; por lo que, en estas gravísimas circunstancias en las que un organismo extranjero pretende pisotear nuestra sagrada Soberania Nacional, el Jefe de Estado y Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, El Poder Ciudadano y el Poder Electoral, están en la obligacion constitucional, indeclinable, insoslayable e indelegable de deben proteger y defender la Soberanía de la Nación, expresado en el rechazo categórico a esta violación flagrante e indignante de la Soberanía Nacional por parte del agente imperialista Karim Khan, Fiscal Jefe de la CPI, sacando a la República Bolivariana de Venezuela del «banquillo de los acusados » que, con falsedad, perfidia y propósitos ocultos pero presumidos, pretenden llevarnos los históricos enemigos de los pueblos: el imperialismo yankee y sus gobiernos satélites colonialistas.
Yoel Pérez Marcano