El fallecido presidente de Haití, Jovenel Moïse, y su viuda Martine en Puerto Príncipe, Haití, el 7 de febrero de 2017Dieu Nalio Cher / AP
Tras el asesinato, que ocurrió hace casi dos años, las investigaciones han transcurrido con lentitud.
Los abogados de Martine Möise, viuda del asesinado exmandatario haitiano Jovenel Möise, introdujeron una demanda en Florida (EE.UU.) contra los acusados de cometer el magnicidio, cuyo proceso de investigación sigue abierto tras casi dos años de su muerte.
Hasta ahora, 11 personas han sido imputadas en EE.UU., entre las que se encuentran el narcotraficante convicto, Rodolphe Jaar, así como tres ciudadanos haitiano-estadounidenses y un colombiano.
En total hay 40 detenidos, entre ellos 18 soldados colombianos, el exsenador haitiano John Joel Joseph y el exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, Joseph Félix Badio.
Las peticiones de la familia
Según AP, que entrevistó al abogado de la viuda de Moïse, Paul Turner, en esta demanda se pide una indemnización para la familia del fallecido presidente, cuyo monto no ha sido revelado.
La defensa de la viuda asevera que no ha obtenido información sobre los bienes personales del mandatario y su familia.
Del mismo modo, se solicita el nombramiento de nuevos jueces para continuar el proceso judicial –marcado por la lentitud– y el establecimiento de responsabilidades a los acusados de cometer el magnicidio.
Hasta el momento, cuatro togados se han desvinculado del caso porque han sido destituidos o porque han renunciado en circunstancias extrañas.
«Creemos que hay mucho dinero o poder político detrás de esto«, aseguró Turner, quien sostiene que podría haber más personas implicadas en el crimen.
Moïse fue asesinado de 12 disparos en su domicilio particular, cerca de Puerto Príncipe, la capital de Haití, el 7 de julio de 2021. Su esposa también fue herida en el atentado.
Los abogados de Martine Möise, viuda del asesinado exmandatario haitiano Jovenel Möise, introdujeron una demanda en Florida (EE.UU.) contra los acusados de cometer el magnicidio, cuyo proceso de investigación sigue abierto tras casi dos años de su muerte.
Hasta ahora, 11 personas han sido imputadas en EE.UU., entre las que se encuentran el narcotraficante convicto, Rodolphe Jaar, así como tres ciudadanos haitiano-estadounidenses y un colombiano.
En total hay 40 detenidos, entre ellos 18 soldados colombianos, el exsenador haitiano John Joel Joseph y el exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, Joseph Félix Badio.
Las peticiones de la familia
Según AP, que entrevistó al abogado de la viuda de Moïse, Paul Turner, en esta demanda se pide una indemnización para la familia del fallecido presidente, cuyo monto no ha sido revelado.
La defensa de la viuda asevera que no ha obtenido información sobre los bienes personales del mandatario y su familia.
Del mismo modo, se solicita el nombramiento de nuevos jueces para continuar el proceso judicial –marcado por la lentitud– y el establecimiento de responsabilidades a los acusados de cometer el magnicidio.
Moïse fue asesinado de 12 disparos en su domicilio particular, cerca de Puerto Príncipe, la capital de Haití, el 7 de julio de 2021. Su esposa también fue herida en el atentado.
Colombia reconoce su «corresponsabilidad» en magnicidio del presidente de Haití y ofrece una salida
Hasta el momento, cuatro togados se han desvinculado del caso porque han sido destituidos o porque han renunciado en circunstancias extrañas.
«Creemos que hay mucho dinero o poder político detrás de esto«, aseguró Turner, quien sostiene que podría haber más personas implicadas en el crimen.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció que su país tiene una «corresponsabilidad» en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y afirmó que le gustaría visitar esa nación caribeña para ayudar a «establecer un camino democrático».
Desde República Dominicana, donde el mandatario se encontraba participando en la XXVIII Cumbre Iberoamericana, Petro manifestó que en Haití «hay una crisis que tiene raíces en una equivocada y desastrosa política alrededor del tema de las drogas, que ha hecho expandir el problema, que antes estaba muy concentrado en Colombia».
Y es que tras el asesinato de Moïse, la violencia en Haití registró un incremento que ha sido catalogado como «alarmante». Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en el país caribeño operan entre 150 y 200 bandas criminales que cometen delitos, «con tendencia al alza», como tráfico de armas y drogas, homicidios, abuso sexual y asesinato de policías, entre otros.
El mandatario colombiano se refirió a las «organizaciones multinacionales que van construyendo puertos, puntos de anclaje, en diversas partes del territorio», con la finalidad de desestabilizar la política y el Estado. «Se arman, sin ningún tipo de proyecto democrático«, agregó.
Ir a Haití
«Quiero ir porque es un tema donde Colombia tiene una corresponsabilidad, primero porque Haití fue la que nos ayudó a ser un país libre; segundo, porque fueron mercenarios colombianos los que fueron a matar al presidente de Haití, desatando una peor crisis de la que ya había«, expresó el líder del Pacto Histórico.
Ya en septiembre pasado, el presidente colombiano le había pedido perdón a la nación antillana por el magnicidio. Según las investigaciones, unos 18 exmilitares colombianos, la mayoría de los cuales se encuentran presos en la capital haitiana, Puerto Príncipe, habrían estado implicados en el hecho.
«Esa corresponsabilidad quiero mirarla con cuidado y por eso quiero asistir a Haití y hablar, ojalá con su Gobierno, pero además con diferentes actores de la sociedad que nos permitan establecer un camino democrático», manifestó.
Hasta ahora, 11 personas han sido imputadas en EE.UU., entre los que se encuentran el narcotraficante convicto, Rodolphe Jaar, así como tres ciudadanos haitiano-estadounidenses y un colombiano.
Posible salida a la crisis
Petro considera que la salida a la crisis haitiana pasa por ofrecer alternativas diferentes a nuevas intervenciones militares, que han demostrado en el pasado que solo han empeoran la situación.
«Creo que es el pueblo haitiano, antes que nada, es el que tiene que resolver su propia crisis, pero necesita una ayuda democrática, no una ayuda basada en fusiles», dijo.
El incremento de la crisis social y política en el país pareciera inmanejable incluso para su presidente, Ariel Henry, quién el año pasado pidió el despliegue de tropas extranjeras en su territorio para combatir a las agrupaciones criminales. Esta solicitud no contó con el apoyo de los haitianos, que salieron a protestar porque rechazan una intervención foránea en sus asuntos.
La solicitud de Henry tuvo eco en la Secretaría General de la ONU, que dijo que era «urgente» el despliegue de fuerzas internacionales en ese país miembro.
Canadá se ha perfilado como uno de los principales países que aspiran enviar sus tropas a ese territorio. Hasta ahora ha destinado por lo menos 12 millones de dólares adicionales para «ayuda humanitaria» y planea enviar buques de guerra de su Armada.
En 2004 hubo un golpe militar contra el presidente Jean-Bertrand Aristide, quien fue obligado a abandonar su país, por «militares» estadounidenses. Este hecho originó un clima de ingobernabilidad y manifestaciones de quienes salieron a las calles a pedir el retorno del mandatario.
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La acción golpista estuvo precedida por acciones de violencia y desestabilización donde presuntamente participaron personas entrenadas en República Dominicana, que habrían recibo armas del Gobiernos de EE.UU. durante la Administración de George W. Bush.
Posteriormente, la ONU aprobó la presencia de una fuerza multinacional provisional (MIF), que luego se convirtió en una misión de mantenimiento de la paz (MINUSTAH), liderada por Brasil. Las tropas se mantuvieron por años en el país, en medio de graves denuncias de violación a los derechos humanos, según el texto ‘Intervención internacional. Haití: receta repetida, fracaso anticipado’.
En 2008, tras el terremoto, Barack Obama anunció el despliegue de 16.000 militares estadounidenses para realizar supuestas labores de «ayuda humanitaria», en el contexto de una millonaria «reconstrucción» del país, que ha sido tildada de «estafa» puesto solo habría generado enriquecimiento para las transnacionales, empresarios y altos funcionarios en el poder.