Atilio A. Boron
Supongamos que Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se hubiera hastiado con las bravuconadas irresponsables de Joe Biden (calificar a Xi Jinping como dictador, por ejemplo, luego del viaje de Blinken para “mejorar” las relaciones con China) y hubiera solicitado ayuda a una potencia extranjera, digamos por ejemplo Rusia y China, para que envíen una expedición militar a Estados Unidos o apliquen sanciones a este país con el propósito de lograr un “cambio de régimen”, es decir, la destitución de facto de Biden. ¿Qué habría ocurrido con ella?
Imaginemos algo más: si el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 hubiera culminado exitosamente con la designación de un nuevo presidente –digamos Bob Menéndez, para poner a cualquier esperpento de la política norteamericana– y en la jura hubieran participado los más distinguidos miembros del establishment entre los cuales se encontraba Ocasio-Cortez, y todos hubieran firmado un libro convalidando la legitimidad del nuevo mandatario, ¿cuál habría sido la respuesta de la Justicia estadounidense?
Seguramente que su situación legal empeoraría significativamente, porque ya no se trataba tan sólo de solicitar la intervención extranjera contra su país para, volviendo a Venezuela y al caso de María Corina Machado, deponer un gobierno legítimo como el de Hugo Chávez, sino que además tomó parte activa en la legitimación de un usurpador. Pero si Menéndez no hubiera podido mantenerse en el cargo porque una inmensa movilización popular repuso a Biden en su cargo y Ocasio-Cortez a partir de ese momento comenzara a viajar frecuentemente a Moscú o a Beijing para pedirle a las autoridades rusas o chinas que colaboren con las protestas violentas que ella y sus compañeros estaban organizando (como las violentas “guarimbas” venezolanas del 2014 y 2017) que dejaron un par de centenar de muertos y heridos. Y si además le pidió a esos mandatarios extranjeros que decretaran un bloqueo integral a las actividades económicas de Estados Unidos, de suerte tal que ya nada pudiera exportarse ni importarse y que además designasen a un “presidente encargado” de Estados Unidos, pongamos al impresentable de Marco Rubio, y hubieran decidido, a pedido de Alexandria, la expropiación de los activos de dos gigantescas empresas como CITGO y PdVSA, ¿qué creen que le hubiera ocurrido con ella? Respuesta: hubiera sido aprehendida y encarcelada de inmediato y, casi con seguridad sancionada por los tribunales de ese país con la pena capital o una prisión perpetua.
Volvamos ahora a Venezuela: María Corina fue aún más lejos: se reunió con el Presidente George W. Bush, el 31 de mayo del 2005 solicitando apoyo para acabar con el “régimen” de Hugo Chávez Frías. En 2014 se presentó ante una Asamblea de la OEA con el fantasioso cargo de “embajadora alterna de Panamá” para exigir a esa desacreditada institución que endureciera su oposición al gobierno venezolano. Durante estos años, sucesivos gobiernos de Estados Unidos apoyaron financieramente a diversas formaciones políticas que Machado fue creando a lo largo del tiempo, así como varias ONGs con las que está vinculada o dirige tras bambalinas al paso que solicitaba una acción más enérgica de Washington para atacar a Venezuela y acabar con Maduro.
En línea con este intenso activismo de Machado y el lobby antichavista, el 8 de marzo de 2015 Barack Obama emitió una insólita orden ejecutiva declarando la “emergencia nacional ante la amenaza inusual y extraordinaria” que el gobierno bolivariano representaba para Estados Unidos, sentando las bases jurídicas para la imposición de durísimas medidas punitivas contra el país sudamericano. Esta infame decisión fue prorrogada por Joe Biden y desde entonces, tanto EE.UU. como otros países han aplicado un total de 929 “medidas coercitivas unilaterales” en contra de Venezuela.
El costo económico de esas sanciones es escalofriante: 7.000 millones de dólares congelados en bancos; 5.000 millones dólares retenidos en el Fondo Monetario Internacional; 2.000 millones de dólares en 31 toneladas de oro depositadas en el Bank of England y confiscadas por el gobierno británico; 10.000 millones de dólares de Citgo Corp. confiscados por EE.UU más el saqueo de PdVSA. El desplome de las exportaciones a causa de estas sanciones fue descomunal: en 2012 ese país exportaba por valor de 75.762,8 millones de Euros; en 2021 apenas 3.005 millones de Euros. Y el costo en vidas humanas en los dos primeros años de la administración Trump asciende a 40.000 según un estudio elaborado por Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs.
La conducta de María Corina Machado (y las de Leopoldo López, Julio Borges y Juan Guaidó) al solicitar al gobierno de Estados Unidos estas políticas contra Venezuela se encuadra nítidamente en la figura jurídica de “traición a la patria”. Así taxativamente lo expresa el Código Penal de Estados Unidos al establecer en su Titulo 18, inciso 2381 que: «Quien, debiendo lealtad a Estados Unidos, se declare en contra su país o se adhiera a sus enemigos, prestándoles ayuda y consuelo dentro de Estados Unidos o en cualquier otro lugar, es culpable de traición y sufrirá la pena de muerte, o será encarcelado y multado, e inhabilitado para ocupar cualquier cargo en Estados Unidos».
Por lo tanto, lo hecho por Corina Machado y sus compinches habría sido sancionado en Estados Unidos con la pena capital o, al menos, con cadena perpetua e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El Código Penal de la Argentina sanciona esta conducta con penas que van desde los 10 años a cadena perpetua, con inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier cargo público. El Código Penal del Uruguay, que sería bueno que el presidente Lacalle Pou leyera, sanciona a conductas como las de Machado con “diez a treinta años de penitenciaría, y de dos a diez años de inhabilitación absoluta.” En Venezuela, en cambio, la Justicia de ese país (no el presidente) le aplicó la sanción más benigna: apenas una inhabilitación por quince años por flagrantes actos de traición a la patria. En Estados Unidos, Machado ya estaría en la death row de una cárcel de máxima seguridad. Mientras, la prensa hegemónica latinoamericana bate el parche de la exclusión de la contienda electoral a una persona que en cualquier otro país estaría en la cárcel hace tiempo.