Para cuando sea publicada esta columna, ya habrá vencido el lapso para que los candidatos inhabilitados pudieran apelar su situación en el Tribunal Supremo de Justicia.
Quienes lo hicieron están reconociendo por la vía de los hechos las instituciones del Estado. Eso implica reconocer al Gobierno, al TSJ, a la Contraloría y, finalmente, al Consejo Nacional Electoral, el poder público que organizará las elecciones presidenciales y al que han vilipendiado en los últimos 20 años, a pesar de que con ese mismo Poder Electoral un sector del antichavismo ha ganado limpiamente gobernaciones, alcaldías y diputaciones, incluso con mayoría en el Parlamento.
No es poca cosa lo ocurrido. Hacer que fueran al TSJ a revisar sus inhabilitaciones significa que retomen el respeto a la institucionalidad democrática y que desechen, por ahora, el atajo de la violencia, el boicot económico, la invasión y el ensayo de instalar un ficticio gobierno paralelo. Por tanto, el logro es gigantesco. De nuevo el chavismo volvió a encauzar a la derecha para que hagan política dentro del carril de la Constitución.
Los inhabilitados que fueron al TSJ de ahora en adelante asumen algunos compromisos que, aunque deberían ser tácitos, increíblemente están plasmados por escrito en el último acuerdo concretado entre el Gobierno y la oposición autodenominada Plataforma Unitaria de Venezuela.
Parecen redundantes, pero esos compromisos en el acuerdo son justos y necesarios. Por mucho tiempo la locura ofuscó la sensatez en el accionar del antichavismo, pretendían justificar la quema del país, con todos adentro, como una forma “moderna” de hacer política.
Si los revisamos bien, esos compromisos funcionan como una especie de antídoto contra cualquier brote de fascismo. El numeral d, en el punto 4 del acuerdo, es explícito en ese sentido: el candidato o candidata que acuda al TSJ debe rechazar “cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela”.
Algo que tal vez ha pasado desapercibido es que, según el acuerdo, aquellos que vayan al TSJ a pedir que revisen su inhabilitación, automáticamente no estarán habilitados para ser candidatos presidenciales para 2024.
El TSJ, si así lo considera necesario, puede ratificar la inhabilitación. Y quienes apelaron su situación deben respetar la decisión. De hecho, el numeral c del punto 4 dice que quienes solicitan revisar su inhabilitación deben “acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso”.
Eso en el caso de que los candidatos hayan ido a apelar expresamente su inhabilitación. Si fueron al TSJ a introducir otro recurso distinto a las inhabilitaciones, porque en su mundo de fantasía se autoperciben como habilitadas, quedarán igualmente inhabilitadas, porque no apelaron directamente su situación, si no que lo negaron con otro recurso.
De modo que ahora la pelota está en la cancha del respeto a las instituciones del Estado, lo cual implica acatar lo que decida el TSJ con las inhabilitaciones, aun cuando los interesados no hayan solicitado directamente revisar esa situación en específico.
Manuel Palma