DECLARACIÓN OFICIAL
EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2006 SE HIZO EFECTIVA LA SALIDA DE VENEZUELA DEL G3
En 1994, en Cartagena de Indias, en el marco de la IV Conferencia Iberoamericana, fue suscrito por Venezuela, México y Colombia un tratado de libre comercio conocido como “Acuerdo del G3â€, que entraría en vigencia el 1º de enero de 1995.
Corrían los tiempos de los programas de ajustes impuestos por el Fondo Monetario Internacional bajo el esquema neoliberal en los países de América Latina. La aplicación de estos programas ya había hecho colapsar varias economías de la región, comprometiendo además, por sus perversos efectos, la legitimidad política y social de muchos gobiernos latinoamericanos en los años 80 y 90 del siglo XX.
La concepción aperturista y privatizadora de los programas neoliberales dictada desde Estados Unidos de América, había producido el desplazamiento de los activos estatales hacia los grupos económicos privados. En Venezuela, este proceso fue desarrollado fundamentalmente durante los mandatos de los presidentes Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, entre 1989 y 1998.
En 1994, paralelamente a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos de América (TLCAN), se cierran los acuerdos que dan origen a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y un año después se propone la conformación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que tenía como ejes centrales los mismos contenidos del TLCAN, pero extendiéndolos a todos los países del continente, procurando la total libertad para el movimiento de los capitales y el control de las fuentes de recursos de la región, bajo la excusa del aprovechamiento, por parte de los países latinoamericanos, de las supuestas ventajas competitivas de estos acuerdos de libre comercio.
El esquema bajo el cual funcionó el G3, da cobijo a concepciones que propician graves dependencias en áreas muy sensibles, como por ejemplo, en lo relacionado con la producción de medicamentos, en virtud de que la excesiva protección de los derechos de propiedad intelectual incita la configuración de monopolios que durante muchos años obstaculizan la potestad de los Estados de fabricar medicamentos genéricos a precios accesibles para la población necesitada.
Dentro del G3, Venezuela se vio obligada a otorgar a grandes empresas transnacionales el mismo trato que le daba a pequeños y medianos productores nacionales. Por ejemplo, en el sector minero, muchas empresas venezolanas tuvieron que cerrar ante la imposibilidad de competir con empresas transnacionales con bases en México y Colombia, lo cual generó la pérdida de miles de puestos de trabajo, con severas consecuencias sociales para humildes familias venezolanas. Es fácil imaginar el impacto que tendría esta visión sobre la estrategia de economía social y desarrollo endógeno vigente en Venezuela. Significaría, sólo por citar un caso, la ruina del sistema de cooperativas recientemente impulsado.
Si se evaluara la presencia de Venezuela en el G3 bajo el solo punto de vista de los aspectos estrictamente comerciales, se concluiría que tampoco ha sido provechoso para la economía nacional, pues ha sometido a sectores productivos a la competencia, en condiciones desventajosas, con productos importados que gozan de protección en sus países de origen.
Esta inequidad llega al extremo de que muchos productos importados bajo este esquema de libre mercado han sido elaborados con materia prima venezolana procesada por industrias transnacionales con base en México y Colombia, develando así la relegación de Venezuela dentro del G3 al rol de mero proveedor de materias primas, lo cual genera severos desequilibrios en el desarrollo industrial venezolano, situación que en lo sucesivo se intentará revertir con la participación del empresariado venezolano.
A partir de la promulgación de la constitución de 1999, Venezuela considera que la vigencia de estos tratados reduce simplistamente al plano comercial aspectos fundamentales para la vida de los pueblos, anteponiendo los aspectos económicos a los derechos humanos y limitando la capacidad de los Estados para implementar políticas públicas acordes con el interés de las mayorías nacionales.
Al denunciar el acuerdo del G3, el 22 de mayo del presente año, cuyo plazo de 180 días para hacerse efectiva se cumplió este 19 de noviembre, el Gobierno del Presidente Hugo Chávez adopta una posición fundamentada en los principios de integración latinoamericanista, cooperación y solidaridad establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este contexto, el país asume con plena libertad el reto de establecer políticas para apuntalar el desarrollo productivo y proteger el desempeño de su industria nacional.
Esta decisión, que hoy se ratifica de forma pública, permite orientar los esfuerzos de Venezuela en el proceso de integración al MERCOSUR, bajo los principios de gradualidad, trato diferencial, flexibilidad, equilibrio, reconocimiento de las diferencias, complementariedad, así como con los principios de seguridad alimentaria, medios de subsistencia y desarrollo rural integral que garanticen la generación de capacidades nacionales y regionales a fin de satisfacer las necesidades del pueblo venezolano.