Miembros de la banda Familia G9 hacen guardia en el barrio Delmas 6. Puerto Príncipe, 11 marzo de 2024Odelyn Joseph / AP
Publicado:22 mar 2024 1
por: Ociel Alí López
Es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América latina.
_______________________________________________
El magnicidio ocurrido en junio de 2021, en Haití, contra su presidente Jovenel Moïse, abrió el escenario de una disgregación social de la nación haitiana.
El hecho, perpetuado, entre otros, por exmilitares colombianos en la propia casa presidencial y financiado desde empresas de seguridad de Miami ―según han dictaminado tribunales de la ciudad del sureste de EE.UU.―, ha conducido al país a una situación más complicada que las crisis anteriores de este siglo. Aquí estamos hablando de una fragmentación social, con disímiles actores en pugna, que desde el mes de febrero ha llegado al paroxismo.
La ilegitimidad del gobierno, desprovisto ya de su período constitucional para gobernar, y una agudización de la situación de «vacío de poder», ha permitido la potenciación exponencial de grandes bandas armadas.
La actuación de estos militares colombianos da cuenta de una intencionalidad velada, desde el exterior, por conducir a Haití a una situación como la que está viviendo. Las redes sociales también han hecho su «magia», difundiendo fake mediante la clásica y colonial acusación de canibalismo entre los habitantes, para promover la imagen de un país «gobernado por la barbarie» que, «irremediablemente», tendría que ser intervenido.
El 7 de febrero indicaba constitucionalmente la fecha tope para la salida del gobierno actual, compuesto básicamente por el primer ministro Ariel Henry quien, desde Puerto Rico, renunció a su cargo, aunque realmente nunca fue juramentado en el mismo. La ilegitimidad del gobierno, desprovisto ya de su período constitucional para gobernar, y una agudización de la situación de «vacío de poder», ha permitido la potenciación exponencial de grandes bandas armadas, algunas lideradas por conocidos exfuncionarios, que han venido avanzando en la toma de diversos espacios del país y además se vienen perfilando como actores políticos.
Desde hace muchos años, las bandas controlan sectores de la periferia y centro de Puerto Príncipe, pero las últimas semanas han venido avanzando hacia el resto del país, logrando controlar ingentes territorios. Su accionar también se viene pareciendo más al de un grupo armado con incidencia política y nacional: han atacado puestos policiales, han tomado cárceles y liberado a los presos, ya han entrado en barrios acomodados, demandaron la renuncia de Henry y, según medios internacionales, impidieron que el primer ministro volviera, cercando el aeropuerto.
Incluso algunos analistas afirman que el rechazo contra Henry y contra la participación de exmilitares colombianos en el magnicidio, habría logrado coordinar la actuación de las bandas, que pasaron a tener un enemigo en común, un adversario superior: el gobierno sostenido solo por potencias extranjeras.
Mientras la institucionalidad estatal se evapora, también surgen grupos de autodefensa que tratan de hacer frente a estas bandas y a la situación de acecho generalizado que sufre toda la población.
Se aprecia que hay una situación de fragmentación de poder en la que ninguna fuerza todavía puede imponerse y estamos ante un Estado que ya no tiene ni presidente ni primer ministro y que cuenta con unas fuerzas policiales en franco debilitamiento.
Días antes de la renuncia del premier, ocurrida el 12 de marzo, en una rueda de prensa en la capital y rodeado de sus escoltas, el jefe de la banda G9, alias ‘Barbecue‘, fue bastante enfático: «Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional sigue apoyándole, nos llevará directamente a una guerra civil que acabará en genocidio».
Henry aceptó renunciar desde Puerto Rico y, por intermediación de la Comunidad del Caribe (Caricom), se planteó la instalación de un Consejo Presidencial de Transición que debe nombrar un presidente interino y convocar, en un tiempo perentorio, a elecciones libres, lo que a fin de cuentas parece ser una demanda común entre actores políticos y algunos grupos armados.
Pero una decena de días después, nada de esto ha ocurrido. Se conoce que cada partido habría nombrado su representante ante dicho ente. Aunque aún no hay indicio de su constitución formal ni del nombramiento de un nuevo presidente interino.
Hay una situación de fragmentación de poder en la que ninguna fuerza todavía puede imponerse y estamos ante un Estado que ya no tiene ni presidente ni primer ministro y que cuenta con unas fuerzas policiales en franco debilitamiento
Mientras tanto, hay un evidente desierto de autoridad. La violencia se va exacerbando. Las bandas armadas comienzan a operar con una lógica de reocupación del Estado y ya no como simple crimen organizado; la población civil está cada vez mas indefensa, de hecho ya se reportan bolsones de hambruna. Todo esto hace pensar que la actual ausencia de Estado no va a ser llenado muy fácilmente, independientemente del presidente que acepte funciones interinas.
Recuperar la normalidad o una intervención en puertas
De lo que se trata, desde la razón de Estado, es crear condiciones mínimas para unas elecciones nacionales que no han ocurrido desde 2016. No resulta descabellado que las bandas armadas, que tienen vocerías políticas, permitan un evento comicial ya que han demandado la elección popular del próximo mandatario.
Sin embargo, Haití en estos momentos no parece transitar hacia la normalización. Tendremos que ver cómo es acogido, entre el archipiélago de factores de poder político y territorial, ese nuevo consejo y el nombramiento de un nuevo presidente transitorio.
El Gobierno de Kenia se ha ofrecido a enviar una tropa de 1.000 policías, financiada desde Washington, para intervenir en el control del orden público. El Gobierno de EE.UU, también evalúa enviar fuerzas, como lo señaló este martes, Laura Richardson, jefa del Comando Sur.
El golpe certero a la pandilla haitiana relacionada con el peligroso líder criminal ‘Barbecue’
Una intervención en Haití, constituida como fuerza multinacional, no es «nada nuevo bajo el sol». Desde 1994, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha enviado diez operaciones, siendo la última la Minustah, desplegada desde 2014 a 2017, y su accionar está plagado de recuerdos nocivos. Dichas intervenciones no han regularizado la situación, sino que incluso han profundizado la crisis.
La novedad actual, en relación a las anteriores intervenciones, es la fuerza militar con que cuentan las bandas. Con esta nueva variante queda reservado cualquier pronóstico sobre la pacificación del país, incluso bajo la intervención de una hipotética fuerza internacional, que podría terminar de impulsar una guerra civil.
Las horas aciagas, que sufren los ciudadanos, han terminado por ser largos días, meses y años, de una crisis tan aguda como perpetua. Los intereses de la «comunidad internacional» tampoco ayudan mucho.
Haití se encuentra sola, y únicamente una pronta convocatoria a elecciones generales podría generar algún rayo de esperanza.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.