Por Álvaro Verzi Rangel
A más de tres meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, la dinámica es similar a los procesos electorales anteriores: el clima político se enrarece, se pone denso, y crecen las acechanzas de un sector de la oposición que se prepara para llamar a no votar en unos comicios que, saben, van a perder. Hay que hacer un poco de historia para entender cómo llegamos hasta aquí.
Lo que no deja de sorprender es que la prensa hegemónica vuelva a instalar la matriz mediática del gobierno autoritario de Maduro que impide elecciones libres. El Consejo Nacional Electoral confirmó las doce postulaciones opositoras para la presidencia. Un arco variopinto, que incluye a varios referentes que incluso participaron en intentos anteriores de sacar a Maduro del gobierno por las malas. Terrible la dictadura que ahora les permite participar.
Al coro dirigido desde Washington se sumaron sorpresivamente Colombia y Brasil, que daban por cierta la versión de Machado y sus cercanos sobre la traba oficial para inscribir a la desconocida filósofa y académica de 80 años, Corina Yoris, su eventual reemplazo.
Durante una rueda de prensa, Lula dejó ver que no conocía a fondo los detalles, pero Petro prefirió una respuesta más ideológica: “No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo. La magia de Chávez fue proponer democracia y cambio del mundo. La revolución de hoy es: transformar el mundo, profundizando la democracia”.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (y principal negociador con la oposición) preguntó: “¿Saben el presidente Petro, el presidente Lula, Mujica, etc, del plan insurreccional y magnicida aquí revelado por el vocero principal del fascismo en Miami?”, haciendo referencia a un posteo de un periodista fuertemente ligado a la estrategia insurreccional de la oposición. “¿Desconocimiento? ¿Ignorancia? ¿Miedo? No nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones por donde les quepan”, concluyó.
¿Y Guaidó?
A cinco años de los hechos que llevaron a la autoproclamación de Juan Guaidó y los intentos de crear una conmoción nacional a cargo de fuerzas internas opositoras sediciosas y de países externos que creían que era relativamente sencillo destruir la revolución bolivariana, Venezuela vive en una situación de gobernabilidad más firme y desde allí se prepara para las elecciones presidenciales de julio.
La actual situación ha obligado a EEUU a sentarse y a presionar a los grupos latentes en Venezuela a que negocien con el gobierno, pero la crisis no ha sido superada totalmente, aun cuando se avizora que éste será un mejor año tanto en lo económico como en lo políticos.
En redes sociales circuló la denuncia desde Miami del exvicealmirante venezolano Mario Carratú Molina, activo antichavista, a quien se lo intentó vincular a una operación para contactar “militares en Estados Unidos para organizar un movimiento libertario“. El ministro de Defensa y jefe militar, Vladimir Padrino López, declaró en X que a medida que se acercan las elecciones “aumentarán los intentos violentos y fratricidas que tratan de enlutar la vida política del país”.
El canciller Yván Gil destacó que “la ultraderecha venezolana no cree en democracia ni elecciones”.
El affaire María Corina
Rander Peña, viceministro para América latina de la cancillería de Venezuela, denunció que su país asiste a “una operación de propaganda internacional para imponer una narrativa de guerra” rumbo a las elecciones del 28 de julio.
Señaló que María Corina Machado, inhabilitada por la justicia para ser candidata, busca instalar una matriz comunicacional falsa que justifique “una posible intervención militar para pacificar Venezuela”y recordó el intento de ataque de un militante opositor a Nicolás Maduro en la presentación de su candidatura presidencial. Uno de los detenidos, Jerry Ostos, fue funcionario público y se mostraba en redes sociales apoyando activamente a María Corina Machado.
La inhabilitación de Machado data del 2015, cuando ejercía como diputada y aceptó ocupar un lugar como embajadora alterna del gobierno de Panamá en una sesión plenaria de la OEA, donde solicitó que se sancionara a Venezuela mediante la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Para el gobierno venezolano, Machado violó así el juramento que hizo ante la Constitución e incumplió la norma legislativa.
Cuando ya se vencía el plazo de inscripción, Machado madrugó a sus aliados y designó a dedo una candidata desconocida por todos, Corina Yoris. Los partidos que estaban habilitados para inscribir candidatos decidieron retirarle el apoyo a Machado, lo cual, según el PSUV, sirvió de excusa para instalar la narrativa de la “prohibición orquestada por el chavismo”.
Machado podría haber tomado la tercera opción establecida en la Ley Orgánica de Procesos Electorales para inscribir candidatos: la iniciativa propia, solo debía presentar ante el Consejo Nacional Electoral firmas correspondientes al cinco por ciento (un millón de avales) del último padrón electoral para avalar la candidatura.
Desde el gobierno venezolano se preguntaron por qué no lo hicieron si tienen, como dicen, el apoyo de más de dos millones de votantes en las elecciones primarias de la llamada Plataforma Unitaria 2023.
Un poco de historia
El 21 de enero de 2019, un reducido grupo de militares ingresó al destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana de La Cotiza, en Caracas, con la intención de sustraer armamento con fines golpistas. Dos días después, y en medio de protestas callejeras que tensaron el ambiente sociopolítico, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado, tras acusar a Nicolás Maduro de usurpar el mandato ejecutivo.
La maniobra de Guaidó fue realizada bajo el alero del entonces presidente estadounidense Donald Trump y el apoyo de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes buscaron legitimar la figura del político opositor, aunque en realidad se trató de un nuevo intento de golpe de Estado para producir una desestabilización del país.
Entonces, desde Washington, se buscó legitimar esa acción a través de subterfugios legales y de apoyos internacionales con el fin darle cierto nivel de legalidad a través de una fuerte ofensiva diplomática y mediática a un acto que fue absolutamente sedicioso.
Aunque nunca tuvo poder de decisión real dentro de Venezuela, ese gobierno paralelo sí tuvo acceso a la administración de activos venezolanos en países que lo respaldaban, especialmente en Colombia y Estados Unidos. Eso derivó en un escándalo que paralizó Monómeros, una empresa petroquímica radicada en Colombia, y en el endeudamiento y el embargo de Citgo, una de las mayores petroleras de Estados Unidos. Ambas empresas del Estado venezolano
El Fiscal General venezolano Tarek Saab sostuvo que la actuación del «gobierno interino» en esas compañías causó al país un perjuicio aproximado a los 20.000 millones de dólares y «ha resultado en la pérdida casi definitiva de Citgo».
Intentonas de golpe
Desde que Hugo Chávez asumiera el poder por la vía constitucional se produjeron intentonas frustradas de golpes de Estado, en una seguidilla en la que los hechos de enero de 2019 fueron un capítulo adicional, que continuaron tras la muerte del líder bolivariano, durante los gobiernos de Nicolás Maduro.
Venezuela sufrió (y sufre) los embates de una guerra multidimensional y multimodal y el intento de la guerra económica, que buscó apropiarse de los recursos del país en el exterior.
En 2014 se produjo un episodio golpista llamado «la salida»: violentas protestas (“guarimbas”), que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos fueron organizadas por la oposición bajo el liderazgo de Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado, como respuesta inmediata a la elección de Maduro en 2013.
Un año más tarde, el gobierno estadounidense de Barack Obama declaró a Venezuela como una amenaza a su seguridad, tras el conjunto de procesos con los que la oposición insistía en generar ingobernabilidad, que se intensificaron hacia 2017, desde finales de enero hasta el anuncio, el 1 de mayo, del presidente Maduro de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
El esquema de generación de violencia buscaba producir una confrontación interna, con intentos que continuaron en 2018, con el intento de magnicidio contra Maduro, junto a los constantes boicots al suministro de energía eléctrica en gran parte del país. Todas estas fueron acciones activadas como antesala de la autoproclamación de Guaidó en 2019.
La polarización política venezolana abrió la ventana de oportunidad para que Estados Unidos tuviera prácticas injerencistas a través de los antagonistas políticos de Maduro.
Primavera de colores en el Caribe
Las conmociones generadas por guarimbas y por estos intentos de «primaveras de colores» en Venezuela hasta el uso de elementos delincuenciales fueron instrumentos para desestabilizar, con intentos de golpes de Estado, de magnicidios, bloqueos y asfixia económica, congelamiento de activos e intentos de intervención.
En nombre de la “democracia” Venezuela vivió (y vive) un bloqueo físico de los bienes que podía comprar, a través de los controles de sus cuentas, que imposibilitaron llevar a cabo negociaciones normales con el comercio mundial.
Hoy continúa enfrentando los estragos ocasionados por las pérdidas económicas del bloqueo estadounidense, valoradas 642.000 millones de dólares entre 2013 a 2023. Venezuela pasó de percibir 55.000 millones de dólares solo en extracción de petróleo a menos de 700 millones en el año 2020 como parte de esa operación.
El intento golpista de Guaidó afectó en mayor medida a la oposición venezolana, la que, más allá de lo que intenta transmitir la prensa hegemónica trasnacional, se encuentra debilitada: hasta ahora, todas las estrategias de desestabilización han fallado.
De hecho, hay que recordar que en 2020 el chavismo recuperó la mayoría en la Asamblea Nacional, y en 2021 ratificó el control político a través del Gran Polo Patriótico, que une al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los partidos aliados, con la victoria en 18 de las 23 gobernaciones, de más de 200 de las 335 alcaldías, mayoría en los Consejos Legislativos y en los Consejos Municipales.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, recordó que muchos opositores solicitaron la activación del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) para invadir a Venezuela, porque sus intenciones nunca ha sido ganar elecciones para asumir el poder como lo establece las leyes venezolanas.
Añadió que varios “intentos de magnicidios y desestabilización” fueron “desmantelados en las últimas semanas, incluida la intentona” de “un extremista de la organización Vente Venezuela detenido con armas y dispuesto a atentar contra la vida del presidente”.
Llegan los noruegos
Estas horas son de febriles negociaciones. Y de definiciones. María Corina Machado parece cada vez más aislada, e intenta ganar tiempo con un mensaje en redes cada tarde, mientras tanto, sus ¿aliados? de la PUD auscultan alianzas con los candidatos que ya están inscriptos y aprobados.
En su intento de mantener algo de aire, Machado envió una carta a la primera ministro de Noruega, Gahr Støre, que como país medidor abogue por el cumplimiento del acuerdo de Barbados entre gobierno y la PUD. Lo que Machado no dice, es que ese mismo acuerdo es el que sepultó sus aspiraciones presidenciales para este 2024, con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de mantener la inhabilitación, merced a un pedido específico de la mesa para que revisara la situación de la opositora.
Ahora, trascendió que los negociadores de Noruega están en Caracas, y mantendrán reuniones con las partes. Mientras tanto, el tiempo pasa y las elecciones se acercan.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente:
Estrategia.la