19 JUNIO, 2024
Comencemos por admitir que, una entidad que reconoció como presidente de Venezuela a un tipo que se auto juramentó como tal en una plaza y terminó su “mandato” jugando padel en un lujoso club de Miami, es un mal presagio para quien se propone escudriñar en la “cualidad de neutralidad, credibilidad y solvencia moral” de la Unión Europea para venir a certificar en las elecciones presidenciales del 28J, si el voto de 21 millones y pico de venezolanos será creíble o no, tal como pide el candidato de la derecha.
Si de legitimidad se trata el asunto, en su propio terreno el bloque europeísta acaba de recibir un rechazo de más de la mitad de sus conciudadanos que no votó en las elecciones del Parlamento Europeo. Señal inequívoca del descrédito de quien convoca.
Ahora bien, antes de hacer un check list de los atributos que se abroga el paradigmatĭcus bloque para venir desde el otro lado del Atlántico a vigilar el ejercicio soberano de nuestro pueblo, conviene repasar experiencias y aportes teóricos sobre el tema en cuestión: la Observación Internacional.
La invitación es discrecional
Partamos de la norma suprema de los venezolanos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala claramente entre los principios del derecho internacional: el de igualdad soberana entre Estados, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de los Estados, por lo que observar el ejercicio del voto como expresión de la soberanía nacional, corresponde exclusivamente a las venezolanas y venezolanos.
Rosaura Sierra, politóloga, experta en materia de veeduría electoral, advierte que la naturaleza de la observación internacional “no constituye una norma internacional en estricto sentido, no es aplicable a todos ni deriva obligaciones para quienes se someten a ella”, Muchos países no invitan a veedores electorales internacionales a sus comicios, Estados Unidos, Brasil, son algunos de ellos, dicho sea de paso.
En 2005, Naciones Unidas instituyó la observación internacional electoral como un mecanismo necesario para intervenir en escenarios de elevada conflictividad política interna. Que no es el caso de Venezuela hoy, por cierto.
Con esa excusa, la Organización de Estados Americanos, OEA, como buen engendro imperial, ha favorecido los intereses geopolíticos de EE. UU. en la región, en nombre de “elecciones libres y transparentes”. Así ha contribuido con la desestabilización en Haití, avaló un Golpe de Estado (2013) y dos fraudes electorales en Honduras ( 2013 y 2017) y en Bolivia (2019), saboteó los comicios donde la tendencia ganadora era de izquierda, propiciando la ruptura institucional de ese país, por solo mencionar unos casos.
Fue con la llegada de Hugo Chávez al poder, que Venezuela auspició la invitación de la veeduría internacional en las elecciones y con un nuevo órgano electoral se puso en marcha el sistema automatizado del voto que dejó en evidencia, lo que la entonces novel Unión Europea, pasó por alto: el anacrónico conteo manual del voto, que con prácticas fraudulentas validó en el poder por 4 décadas, al contubernio de AD y Copei, partidos que piden ahora la “exhaustiva” revisión de nuestros comicios.
La “Declaración para la observación Internacional de elecciones” aprobada por la ONU establece que toda Misión de Observación Electoral internacional debe desarrollarse con el más alto grado de imparcialidad, respetando las leyes, autoridades nacionales y los órganos electorales del país anfitrión.
¿Confiable la UE?
Dicho esto, recordemos algunos “hitos” del papel que ha jugado Europa, en la historia reciente de Venezuela, en un intento por armonizarlo con la esencia de la Observación electoral.
La UE, legitimó el plan de violencia política denominado “La Salida” entre 2015 y 2018, con más de 10 resoluciones aprobadas desde el Parlamento Europeo con las que lejos de condenar la desestabilización, la atizó.
En 2017 se plegó a la estrategia de extorsión que aplica EE.UU. desde 2014, sumando “medidas restrictivas” a las 900 acciones ilegales contra la economía venezolana y persiguió el comercio y circulación del oro de Venezuela en países de la Unión, generando pérdidas totales a la nación por el orden de los 125 mil millones de dólares. Además, participó del expolio de 7 millardos de dólares, dinero público venezolano colocado en entidades financieras en el exterior, que serían destinados a alimentos y medicinas.
Mientras en Bruselas recibían con honores y premios a golpistas y protegían a criminales y a prófugos de la justicia venezolana, la UE prohibió el ingreso a su territorio a las máximas autoridades, de órganos, entes y poderes del Estado venezolano.
Ha mantenido un silencio cómplice frente al genocidio perpetrado por Israel en Gaza, pero sí apoyó la infundada investigación abierta por la CPI, contra el presidente Nicolás Maduro, por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Barrió el piso con el Derecho Internacional, al desconocer la Asamblea Nacional Constituyente en 2018 y todos sus actos, entre ellos el adelanto de elecciones presidenciales y la consecuente reelección del presidente Nicolás Maduro, urdiendo el designio del imperio yanqui de deslegitimar a un gobierno electo por el pueblo.
Su subordinación a EE. UU., no tiene límites. En enero de 2019, la UE, aunque no por unanimidad, formó parte del inédito circo de naciones que reconoció a un presidente “autoproclamado”, con “gobierno interino”, “embajadores” y un vencido parlamento, estructura paralela con la que caldearon nuevamente el ambiente en el país, sabotearon la Diplomacia Bolivariana de Paz y se repartieron los activos de Venezuela en el exterior, entre ellos CITGO.
No fustigaron los actos terroristas, ni intentos de invasión, golpe de Estado ni magnicidios contra el presidente Maduro, más bien dudaron de ellos y aún piden libertad de sus autores a los que llaman “presos políticos”.
Impusieron la matriz de “crisis humanitaria” en Venezuela y activaron la caridad para camuflar la financiación a la desestabilización. La UE, con otros países inventó una Cumbre de donantes desde la cual movieron dispendiosamente y sin auditoría, miles de millones de euros con el pretexto de ayudar a los migrantes venezolanos en los países de “acogida” (Grupo de Lima), cuando cientos de miles de ellos han regresado a Venezuela sin haber visto un centavo de la misericordia europea. Mientras, en aguas del Mediterráneo seguían naufragando sin piedad, cientos de miles de migrantes africanos, empujados a la muerte por buscar en el Viejo Continente, las oportunidades de vida digna que les han robado por siglos.
La mediática europea, pieza esencial en el andamiaje de dominación de Occidente, movió todos sus tanques y ejércitos para blanquear la agresión terrorista multifactorial contra Venezuela al tiempo que se frotaban las manos pontificando la ruina y destrucción de un país, al que ellos debían “salvar del socialismo”. Hicieron de Venezuela el distractor perfecto para tapar sus escándalos de corrupción y las crisis en sus países, y las del propio bloque. Esto y más, hizo la Unión Europea, impunemente en nombre de la “democracia” y por “elecciones libres”.
La derecha extremista de Venezuela, que ahora simula participar en elecciones, carente de liderazgo interno y con votantes diluidos, necesita un altoparlante o socio internacional como la UE, que le siga garantizando primero, dinero en sus cuentas bancarias, y segundo, que les apadrine la denuncia de fraude una vez más. Y así seguirán comiendo mutuamente por los siglos de los siglos. Entendemos pues, a la inhabilitada María Machado, cuando dice sin tapujos públicamente que, si los observadores electorales vienen y no se inmiscuyen en nuestros asuntos internos, “no tienen ninguna utilidad”.
Incompatibles
En febrero pasado, con su desubicada petulancia, el Parlamento Europeo se atrevió a amenazar con desconocer las elecciones venezolanas si el CNE no aceptaba la inscripción de Machado, lo que fue interpretado por el gobierno y el parlamento venezolanos, como la confesión de su compromiso con los planes desestabilizadores de la derecha fascista del país, de perder los próximos comicios presidenciales, como apuntan acreditadas encuestadoras.
El pasado 13 de mayo, la UE prorrogó las mal llamadas sanciones, por un benevolente “período más corto” contra Venezuela y suspendió temporalmente restricciones de viaje a un grupo de funcionarios, “aliviando el castigo” solo al presidente del CNE, y a otros tres ex funcionarios del ente comicial. Esta nueva afrenta a la soberanía venezolana provocó la inmediata revocatoria de la invitación que le hiciera el CNE, en respuesta a la insultante resolución.
“Deben levantar todas las ilegales y criminales medidas contra Venezuela”, exigió el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien sentenció que “es materialmente imposible su Misión de Observadores, por ilegal”.
“La Unión Europea no existe para nosotros”, había dicho hace días el presidente Nicolás Maduro.
Queda probada, la incompatibilidad de un accionar sistemáticamente hostil de la UE hacia Venezuela, con la naturaleza de una veeduría electoral internacional.
El venezolano es un pueblo de profundo carácter democrático que ha resistido junto al gobierno, a sus instituciones, en unión cívico-militar, una crueldad que no podemos olvidar tan rápido, porque quienes la han ejercido tienen un abuelo socarrón de candidato.
La agresión vil y sostenida de la que hemos sido víctima durante estos 24 años, nos señala las amenazas que se ciernen sobre el pueblo venezolano, si llegara al poder la clase política lacaya, entreguista y arrodillada como ha estado siempre al gran capital trasnacional que representan EE.UU. y la Unión Europea, que han sido enemigos de la prosperidad, del desarrollo, de la concordia, de la vida y la paz de los venezolanos.
Es la histórica lucha de clases, el empeño en aniquilar nuestras conquistas, la esperanza, el futuro de las grandes mayorías. Y si una imagen sintetiza ese peligro latente, es la de aquel joven de piel morena, de aspecto humilde, ergo chavista, corriendo por las calles con su cuerpo prendido en llamas. Las lágrimas de su madre no han podido apagar tanto dolor. Su piel todavía nos arde. El autor de ese crimen impune, un opositor, “hijito de papá”, sigue protegido en un país de Europa.
Es moralmente inaceptable que la UE venga.