1 septiembre, 2024
Narra Luis Vallenilla en su texto “Auge, declinación y porvenir del petróleo venezolano” (p.89, 1973), que todo lo ocurrido en el país desde los comienzos de la industria petrolera hasta 1931, puede resumirse en las opiniones emitidas por el incorruptible Gumersindo Torres, durante su última estadía como ministro de Fomento de la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien gobernó entre 1908 y 1935.
El autor destaca el carácter crítico de las posiciones de Torres frente a las compañías petroleras, al observar las exoneraciones de impuestos aduanales que gozaban las grandes empresas de hidrocarburos.
“De esa comparación entre lo pagado al Fisco y las exoneraciones aduanales que disfrutaban las petroleras, resulta el cálculo desconsolador de que hubiera sido preferible no cobrar impuesto alguno de explotación, a cambio de pagaran los derechos de aduanas exonerados”, decía Torres.
Las cifras a las cuales hace referencia Torres eran éstas: Recaudado por el Fisco en el ramo de hidrocarburos, entre 1923 y 1930, 187 millones de bolívares. Exoneraciones aduaneras: 217 millones.
“Esa diferencia, ese contraste notable, hizo exclamar a Gumersindo Torres: Las petroleras explotan petróleo y el gobierno les paga para que lo lleven”. En esas cifras transcritas, más allá de la opinión personal, queda reflejada una etapa censurable de nuestra historia petrolera”, expresa Vallenilla.
En su libro el autor destaca que la acción del ministro Torres resulta meritoria, especialmente si se toma en cuenta el hecho de que le tocó actuar dentro de un gobierno caracterizado por un gran primitivismo, frente a empresas internacionales poderosas acostumbradas a lograr ventajas desmesuradas sin preocuparse mucho por cuáles medios, fuesen estos sobornos, la presión o actos subversivos de carácter político.
“El caso de Gumersindo Torres mueve la meditación: nos enseña cómo, en situaciones difíciles, complejas, impredecibles, aun hostiles, la acción decidida e inteligente de un hombre puede ser fundamental para el futuro de un país”.
En ese último año de su labor como ministro, la Comisión de Tarifas del Senado de EEUU, designada en 1931 para investigar y conocer el costo de producción del petróleo venezolano, envió un cuestionario a las principales compañías que operaban en Venezuela:
Lago Petroleum Corporation y Venezuela Gulf Company; Venezuela Oil Concessions, The Caribbean Petroleum Co. y Colon Development Co.
Dentro de los datos entregados, la Standar Oil de Indiana informó a la Comisión Senatorial de EEUU un costo de transporte de 0,33 dólares por barril, mientras que el Gobierno de Venezuela le había indicado 0,68 dólares, lo que revelaba un pago de menores impuestos en Venezuela.
Ante tales hechos, el ministro Torres estimó que desde 1917 hasta 1931 la Standard había defraudado al Fisco Nacional 26 millones de bolívares; y la Gulf 30 millones, ante lo cual éstas compañías fueron demandadas por el Procurador General de la Nación.
Tras la demanda, “Gumersindo Torres fue destituido nuevamente (la primera vez había sido en 1922) y las demandas no condujeron a nada”, afirma Vallenilla.