Existen dos constantes en los intentos de desestabilización hacia la Revolución Bolivariana: una, cuando fracasan sus llamados a la violencia, los líderes de turno (es decir: los mismos) no asumen su responsabilidad ante el país una vez abortados sus planes golpistas; la otra, que los medios privados le hacen coro al relato del caos y azuzan todo llamado a romper el orden democrático en favor de las élites.
En lo que va de abril, luego de una reedición del llamado a la «resistencia pacífica» que siempre termina en violencia, esta se ha intensificado al punto de que se han producido siete muertes:
- El pasado jueves 6 de abril, Jairo Ortiz murió en las inmediaciones de una protesta en Carrizal, estado Miranda, a causa de un disparo efectuado por un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que no formaba parte del operativo de control del orden público. El funcionario Rohenluis Leonel Mata Rojas fue detenido en el lugar por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fiscalía le imputó el delito de homicidio. Aun cuando el padre de Jairo Ortiz dijo que su hijo no participaba de la protesta, y pidió que su nombre no fuera utilizado para la violencia sino para la paz y el diálogo, la ex novia de Jairo, Sabrina Sousa, declaró a un portal del antichavismo que el joven sí participaba en protestas opositoras.
- En la madrugada del 10 de abril fue asesinado Daniel Queliz de 20 años en la urbanización Los Caobos en Valencia, estado Carabobo. Se confirmó que la bala fue disparada por el arma de un efectivo de la policía de la entidad. El pasado miércoles 12, cinco efectivos policiales estaban detenidos por el hecho. El diputado Freddy Guevara, del partido Voluntad Popular, lamentó esta muerte acusando al gobierno nacional.
- Desde cuentas de redes sociales ligadas a la oposición se aseguró que Ricarda Lourdes González, de 83 años, murió en su residencia de la urbanización Colinas de Bello Monte, en Caracas, a causa de la inhalación de gases lacrimógenos que llegaban desde la calle. Su hija, Almeris Mendible, indicó que en el apartamento no se sintieron los efectos de los gases y explicó que su mamá sufría de hidrocefalia, problemas del corazón y cáncer de piel. En la tarde del 10 de abril su situación se complicó y, cuando quiso trasladarla a una clínica, no pudo hacerlo porque manifestantes opositores tenían las calles bloqueadas. Calificó de «inaceptable» la «politización» de la muerte de su madre por parte de la oposición y agregó que quisieron cambiar de funeraria dónde velar el cuerpo para evitar que el caso fuera politizado, pero desde las 6 pm «luego de que dos diputadas de Primero Justicia hablaran con los manifestantes. Hasta ese momento la calle estaba cerrada».
- La noche del martes fue asesinado Miguel Colmenares de 36 años en el oeste de Barquisimeto, estado Lara. Un diario regional informó que sus familiares remarcaron que el joven fue asesinado de once disparos «por presuntos colectivos afectos al Gobierno» nacional, ya que el gobierno regional está en manos del opositor Henri Falcón.
- Brayan Principal, de 14 años, fue asesinado por piquetes violentos que acechaban la ciudad socialista Alí Primera, construida por la Gran Misión Vivienda Venezuela en el estado Lara. Alfonso Marquina, diputado antichavista, tuiteó el 12 de abril que fue atacado por «colectivos» pero los vecinos y allegados del menor lo desmintieron el mismo día a través de redes sociales y medios de comunicación.
- Jey Amaro, de 37 años, era funcionario de la policía del estado Lara y fue arrollado el 11 de abril por un vehículo en los alrededores de una protesta, fue ingresado con politraumatismo generalizado, se encontraba en trauma-shock hasta el 12 en la mañana cuando falleció. No es el primer policía arrollado en una protesta opositora. Marquina culpa al Gobierno del hecho mediante un tuit, el gobernador Falcón rechazó los hechos violentos haciendo exigencias al Gobierno nacional.
- Antonio Gruseny Calderón, de 32 años, murió en el Hospital Central Universitario de Barquisimeto por las graves heridas ocasionadas el martes 11 de abril durante una protesta en Cabudare. Fue asesinado de un tiro a quemarropa de aproximadamente 50 centímetros de distancia, además de varios disparos de perdigón por parte de un funcionario de la GNB, explicó Jesús Guarecuco, médico cirujano que lo atendió en el Hospital Central de Barquisimeto. Este médico, además de ser activista gremial y presidente de la Sociedad de Médicos y Residentes del Hospital Central Antonio María Pineda, funge como Secretario de Organización del partido antichavista Primero Justicia en el municipio Iribarren y es miembro de la ONG Médicos Unidos.
La acción, directa o no, del antichavismo ha causado dos de los siete muertos que atribuyen al Gobierno Bolivariano, otros dos se debieron a la acción de fuerzas policiales y los responsables materiales están detenidos. Otro se atribuye a la intervención de sujetos armados que la prensa atribuye a «colectivos» chavistas y otro aún requiere investigación forense profunda.
El pasado 6 de abril, el diputado Diosdado Cabello difundió unas grabaciones telefónicas en las que un grupo de opositores, identificado como «Los Próceres», planifican un golpe de Estado y aseguraban haber «contactado» a más de 80 policías para infiltrarlos en las protestas antichavistas, al mismo tiempo un dirigente del partido Copei y miembro del mencionado grupo, solicitaba asilo en la embajada de la República de Chile.
Como es usual los dirigentes opositores no asumen responsabilidades por los muertos ni heridos, tampoco por los daños materiales que alcanzan decenas de millones de bolívares. Mucho menos exigen que se investiguen las circunstancias en las que ocurrieron sino que se conforman con culpar al Gobierno nacional. Cinco de las muertes han ocurrido en estados donde la MUD gobierna sin asumir responsabilidades sobre la tranquilidad ciudadana y sus pobladores reciben como explicación la misma de siempre: «Yo no fui».
Aun cuando en su discurso hablan de «fracaso del chavismo» no tienen resultados que mostrar en los últimos 18 años, solo violencia, destrucción y sangre. La senda que han asumido ha sido la de generar un cerco y asfixia sobre el chavismo para evitar su recomposición y terminar su existencia, también, ante la no propuesta de alternativas han causado desesperación en su gente lo que acelera el escalamiento del enfrentamiento social. Se han entregado de lleno a la posibilidad de una intervención militar y económica, escenario del que han convencido a sus seguidores que saldrán indemnes.