Desde principio de año se refleja una tendencia persistente destinada a criminalizar al país para legitimar una agresión en su contra ante la opinión pública nacional e internacional.
1. La acusación de que el vicepresidente Tareck El Aissami es un narcotraficante y promotor del terrorismo
Luego de ser nombrado como Vicepresidente ejecutivo, CNN emitió en febrero un informe, basado en un ex funcionario diplomático venezolano involucrado en diversos escándalos, en el que se le acusaba de ser parte de una red de tráfico de pasaportes a militantes de Hezbollah, calificados por la cadena como «terroristas islámicos», acorde al vocabulario diplomático estadounidense que equipara a esta organización con los fundamentalistas de Al-Qaeda y el Estado Islámico contra los que combate en Siria.
Esta operación informativa siguió inmediatamente a la inclusión de su nombre en la lista «Kingpin Act» (Ley Capo, en español) del Departamento del Tesoro por estar supuestamente involucrado en redes de narcotráfico. Como es de costumbre, esta acusación no fue soportada ni por la Administración Trump ni tampoco por los medios de comunicación, que la replicaron sin contrastar ni cotejar fuentes ni hechos, como si se hubiese expedido una condena totalmente irrebatible.
Sin embargo, estas dos operaciones fueron capitaneadas en lo discursivo, como en lo informativo, por la amplia gama de medios corporativos globales y regionales (los últimos englobados en la Sociedad Interamericana de Prensa). Además de voceros relacionados a lo más reaccionario del lobby anticastrista y antichavista, como Roger Noriega, Marco Rubio y demás ex miembros de la DEA vinculados con envíos de drogas destinados a financiar a la Contra nicaragüense en la década de 1980.
Este tipo de operaciones se repitieron a lo largo del año, con la reciente maniobra por relacionar al hijo del presidente Nicolás Maduro con el Cártel de Los Zetas, y un poco más acá con la declaración del jefe de la CIA, Mike Pompeo, dirigida a asociar a Hezbollah e Irán con Venezuela como principales promotores del «terrorismo islámico». Ambas maniobras destinadas a sentar las bases de una Venezuela gobernada por terroristas y narcotraficantes, una matriz de opinión que ha sido utilizada para criminalizar a otros países del famoso «Eje del Mal» (en el caso de la primera) e invadir a otros como Panamá.
2. La disolución de la Asamblea Nacional y el nacimiento de una dictadura totalitaria
El fallo del Tribunal Supremo de Justicia relacionado a la validación de un acuerdo petrolero entre Rosneft y Pdvsa sin pasar por la Asamblea Nacional en desacato, fue utilizado por los medios corporativos para tratarlo como una disolución de facto del parlamento venezolano. Lo que fue calificado como un autogolpe realizado por el presidente Maduro.
No hubo medio global y regional que no replicara esta matriz para explicar que los venezolanos se lanzaban a la calle ante la instauración de una dictadura en el país. A partir de este momento, el tratamiento mediático se homologó de tal manera que a lo largo de este periodo, Maduro fue igualado con el otrora dictador panameño Manuel Noriega, y el ex presidente peruano Alberto Fujimori, quien en los años 90 disolvió su congreso desatando una feroz represión en su país.
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De esta manera, se creó una narrativa que recicló el mote de «dictadura» hasta darlo por cerrado con la reciente instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por la cual el Presidente fue sancionado por el Departamento del Tesoro, al igual que más de una decena de funcionarios y dirigentes del chavismo.
Tanto fue así que directamente el pueblo venezolano fue borrado por completo cuando acudió a votar por la ANC, en un claro mandato a favor de la paz y la convivencia pacífica entre todas las fuerzas. Una maniobra destinada a demonizar a la ANC como «un antes y un después» en el país, que conllevaría a «legalizar una dictadura», y por ende a tomar acciones internacionales para frenar tal intención. Tal como agita en su gira latinoamericana el vicepresidente estadounidense Mike Pence.
3. El blanqueamiento de una resistencia armada y un golpe militar ante la falta de democracia y la crisis humanitaria en el país
En esta dirección, se utilizó determinados hechos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de efectivos de seguridad, o directamente se sacaron de contexto acciones en protestas violentas, para presentarlos como evidencia de la existencia de un «terrorismo de Estado en Venezuela», destinado a criminalizar a quienes supuestamente exigían la «restitución de la democracia en el país».
Esta maniobra informativa fue realizada mientras a la par se transformaba a manifestantes violentos en «luchadores por la libertad», armados de piedras, bombas molotovs y escudos para defenderse de los organismos del régimen. Toda esta descripción suena trillada y se ha repetido hasta el hartazgo en otros conflictos y escenarios internacionales, pero es lo que ha buscado presentar a «La Resistencia» como el germen de un eventual ejército rebelde en el país.
En esta nota de La Tabla se encuentra el registro gráfico que reseña a estos «luchadores libertarios».
De esta manera es que se explica el tratamiento de Óscar Pérez como una especie de Rambo venezolano, después de haber atacado con granadas dos edificios públicos desde un helicóptero, o la tergiversación de la explosión de un artefacto explosivo en Altamira que hirió a efectivos de seguridad estatales en el marco de la realización de la ANC.
Así, la última operación informativa se encuentra vinculada a cerrar el relato sobre la aparición de un supuesto ejército rebelde para sacar a Venezuela de la crisis de la democracia, el narcotráfico y el terrorismo en las que supuestamente está inmerso el país debido al poder ejecutivo venezolano.
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El ejemplo más evidente es el del asalto armado contra el Fuerte Paramacay, sin embargo, todavía parecen lejos de poder darle cuerpo real a esta fantasía comunicacional destinada a justificar una mayor agresión contra el país en términos militares. Aún cuando lo antes mencionado les permite guardar una cobertura narrativa para las sanciones económicas, anunciadas contra Venezuela.
De lo que se trata, por lo tanto, es de cerrar un relato en el que se asienta la idea de que Venezuela se encuentra gobernada por una gobernante élite narcotraficante y terrorista, que se niega a dejar el poder por vías democráticas para garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos.
Dentro de este relato de los medios corporativos es que se ubica la política estadounidense para apoyar a todo grupo armado y cerco económico que permita el tan anhelado «regreso del país a la democracia», que agita como fórmula mágica la política exterior estadounidense.