Esta es la segunda vez que se agita esta misma tesis luego de que en marzo se acusara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de realizar lo mismo a través de un fallo relacionado a la aprobación de un acuerdo entre Pdvsa y la rusa Rosneft.
En esa ocasión, dicha facultad fue atribuida por el TSJ ante la persistencia del desacato de la Asamblea Nacional (AN) por desconocer un fallo del máximo tribunal que le ordena desincorporar a tres legisladores de Amazonas, elegidos mediante un presunto fraude. Como en aquella oportunidad, Misión Verdad realiza un breve análisis para despejar cualquier tipo de duda sobre lo sucedido este viernes en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
- Este viernes la ANC llamo a la directiva de la AN para, desde su poder plenipotenciario, resolver la situación de desacato del Parlamento, que ha dejado parcialmente sin funciones legislativas al Estado. La directiva de la AN se negó a asistir.
- En Venezuela hay emergencia en materia legislativa. En ese sentido, la ANC resolvió asumir temporal y coyunturalmente competencias legislativas de la AN en materias como «preservación de la paz, soberanía, sistema socioeconómico y financiero, reforma del Estado y preeminencia de los derechos de los venezolanos».
- La ANC asume competencias de manera accidental. No obstante, no ha emitido decreto alguno de disolución de la AN. La medida se inspira en base a una sentencia del Poder Judicial de 1999 que relata la supraconstitucionalidad de las decisiones de la ANC para garantizar el funcionamiento del Estado y superar los vacíos que deja el desacato de la AN.
- Contrario al señalamiento de disolución, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, propuso a los constituyentistas aprobar una moción de urgencia y redactar un «Decreto de convivencia entre el Parlamento y la ANC» para los dos años de vigencia de la Asamblea plenipotenciaria.
- Delcy Rodríguez afirmó la necesidad de «reordenar y reequilibrar políticamente a Venezuela» blindando al Estado de las desviaciones y acciones fuera de la Constitución que se han emprendido desde el Parlamento. Proteger las instituciones desde adentro y desde la instancia plenipotenciaria. La ANC insta a reconocer la necesidad de acción del Estado en materias claves, cuestión que se ha visto ralentizada por el vacío legislativo.
- Desde la AN el antichavismo empleó cargos e investidura para solicitar acciones de injerencia externa, desde la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Gobierno de EEUU. Hicieron gestiones directamente ante Donald Trump, solicitándole actuar. También solicitaron acciones de bloqueo financiero, comunicándose directamente con bancos y casas de inversión, instándoles a no manejar bonos venezolanos y a no participar en la monetización de reservas de oro de Venezuela. Diputados de la AN incluso se apersonaron ante embajadas como la de China y bancos de fomento como la CAF, para persuadir a esas instancias de no hacer préstamos a la República. Dicho de otra manera, las acciones de la AN van en detrimento del interés nacional y se efectuaron en usurpación de funciones. Estos hechos demandan que la ANC asuma con responsabilidad ciertas facultades, en protección de la República.
- Resulta paradójico que la AN desconozca los actos de la ANC, entendiendo que irán a unas elecciones regionales, que han sido adelantadas en la fecha de su realización por solicitud de la misma ANC. En ese sentido, ir a unas elecciones es reconocer en la práctica sus decisiones de una manera selectiva. Una zona gris en la que la oposición venezolana se mueve hace tiempo.
Apuntes y algunas conclusiones al margen
Para fines prácticos, esta nueva noticia sobre el país sólo sirvió para que actores externos interesados en convertir a la AN en un poder paraestatal salieran en su defensa, sin que eso haya desencadenado ninguna acción significativa en el contexto interno, doméstico.
Lo que muestra cómo la anterior agenda se encuentra en su propio pantano una vez que por la vía de los hechos y los actos, la Asamblea actúa reactivamente a lo ordenado por la ANC. Así lo demuestra la sesión de este sábado 19 de agosto en la que este poder público en desacato aprobó un acuerdo para desconocer la atribución de funciones por parte de la ANC.
En ese sentido, hay que comprender la diferencia abismal entre haber realizado un plebiscito el 16 de julio para ir hacia un «gobierno de transición» con sus propios poderes públicos, nombrado por la Asamblea, y que más de un mes después la Asamblea Nacional Constituyente se atribuya funciones legislativos ante la persistencia de esa misma AN de continuar por el mismo rumbo de desconocimiento de las instituciones del Estado.
La intención de fondo de la AN, hasta ahora en desacato, es la de convertirse en la base de un Estado paralelo para reorganizar la institucionalidad del país, en función de otorgarle la administración de los recursos naturales a corporaciones como ExxonMobil, que financian esta estrategia en Venezuela.
Ante esa realidad, la ANC se convierte en el principal garante de que el Estado se reorganice para evitar que esto suceda, y se le asegure a los venezolanos sus derechos sociales en el largo plazo. En un contexto de abierta asfixia económica contra el país por parte de los poderes externos, promovida por el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en su reciente gira por América Latina.