Las sanciones económicas solicitadas a la Administración Trump por parte de Julio Borges, líder de Primero Justicia y presidente de la Asamblea Nacional en desacato, han impactado a la ya asediada economía venezolana. Además de afectar la cotidianidad de la población los efectos también se evidencian en las dificultades que experimentan los empresarios venezolanos.
El mito de que las sanciones no afectan la economía del país
Aun cuando funcionarios gringos declaraban que las sanciones anunciadas por la Casa Blanca eran solo contra funcionarios del Estado venezolano, y no contra el pueblo, las medidas contra funcionarios se combinaban con bloqueos a las importaciones y exportaciones venezolanas y la manipulación del indicador de riesgo país llevada a cabo por la «trinidad» de las calificadoras (S&P, Moody’s y Fitch), las cuales han venido colocando las condiciones de inversión en Venezuela por debajo de países en guerra como Siria o en declarados en default como Grecia.
Dicha campaña ha sido continua durante el 2017, se han sumado a ella los principales medios corporativos como BBC estableciendo una narrativa de default o cesación de pagos generalizada sobre una deuda externa venezolana y, para ello, creando zozobra mediática respecto a la capacidad del gobierno de honrar los pagos.
En mayo una portavoz del Departamento de Estado publicó un video en el que explicaba los motivos por los cuales el gobierno de Donald Trump sancionó a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). A través de la cuenta oficial en twitter del Departamento, Barraza declaró que «estas sanciones no están dirigidas hacia la economía o el pueblo de Venezuela, sino contra esos ocho jueces que han sido parte de las decisiones jurídicas que usurparon los poderes de la Asamblea Nacional».
Al respecto, el asesor de seguridad nacional HR McMaster, con quien Borges se había reunido meses antes, comentó que con dicho anuncio Trump «mantiene su promesa de una acción fuerte y continúa mostrando un liderazgo fuerte».
Así las sanciones evitarían una repetición de un acuerdo de bonos por 2.800 millones de dólares con Goldman Sachs alcanzado a principios de este año y el creciente aislamiento internacional excluiría a Venezuela de los mercados de deuda y los inversores lo consideran un riesgo demasiado grande, así lo expresaron medios corporativos internacionales como el Washington Post.
La situación se intensificó en agosto cuando EEUU impuso una prohibición a las operaciones con bonos venezolanos, medida que incluye trámites con ciertos bonos ya existentes propiedad del sector público venezolano así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela. Los bancos tampoco pueden participar en nuevos préstamos con el gobierno o Pdvsa mientras CITGO, compañía de hidrocarburos con sede en EEUU que es propiedad del gobierno venezolano, tiene prohibido enviar dividendos o ganancias a Venezuela.
Empresariado bajo ataque
En octubre pasado el Consejo Bolivariano de Industriales, Empresarios, Microempresarios y el Sector Comercio (Coboiem) anunció que solicitaría a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mercado Común del Sur (Mercosur), el cese del bloqueo económico ordenado por Trump contra Venezuela. Asimismo calificaron el bloqueo como una coacción de comercialización a la nación, ya que impide adquirir la materia prima necesaria para la producción nacional.
Una Encuesta de Actualidad Económica realizada por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), uno de los principales organizaciones empresariales del país, mostró que 27% de los consultados (1.018 empresas) pueden garantizar su operatividad en menos de un año. Esto significa que podrían cerrar en 2018 debido a que las sanciones han impedido la adjudicación de divisas a tasa oficial para la compra de materia prima, insumos, maquinaria y repuestos. Las materias primas nacionales se han visto también afectadas debido a que ha disminuido la capacidad instalada por problemas de equipamiento, entre otros que dependen de divisas como el dólar.
#DICOM COMUNICADO OFICIAL SUBASTA # 15.
La liquidación de las adjudicaciones de la subasta 15 del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom) fue boicoteada en octubre por el Deutsche Bank, banco alemán que funcionaba como corresponsal, al retener los 22,73 millones de dólares adjudicados a 233 personas jurídicas y 16.955 personas naturales. El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó un breve comunicado donde aseguraba que «continúa realizando gestiones para que el Deutsche Bank devuelva las divisas retenidas», pese a que Deutsche Bank, respondiendo a las sanciones financieras de EEUU, impida el desarrollo normal de las transacciones venezolanas en dólares.
Esto generó un cambio por parte del gobierno en el mecanismo para asignar euros u otras monedas en lugar de dólares. Por esta vía el BCV había vendido 390,43 millones de dólares, a 6.145 empresas públicas y privadas y 235.125 personas naturales.
A finales de noviembre la Comisión Europea (CE), como parte de las sanciones impuestas a Venezuela, suspendió los aterrizajes de la aerolínea venezolana Avior Airlines en Europa debido «deficiencias de seguridad no resueltas que fueron detectadas por la Agencia Europea de Seguridad en la Aviación durante la evaluación para una autorización a un operador de fuera de la UE», incluyéndola en la lista de 178 aerolíneas que tienen prohibido operar en la Unión Europea (UE), así lo declaró la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc.
En septiembre de este año Julio Borges encabezó una gira por Europa, donde solicitó ampliar las sanciones Venezuela en reuniones sostenidos con los mandatarios Mariano Rajoy, Enmmanel Macron y Angela Merkel. La decisión tomada contra Avior forma parte de los costos económicos que buscan inducir las sanciones.
Asfixia financiera respaldada por Julio Borges
Las continuas sanciones contra Irán y Rusia en años recienten ejemplifican que un estrangulamiento a la economía de divisas daña al sector privado y a la mayoría de los venezolanos, particularmente los más vulnerables. The Washington Post y agencias como Stratfor (relacionadas con la CIA) han recalcado que el aislamiento financiero y las sanciones, más allá del Gobierno venezolano, afectan al sector privado que tiene operaciones en EEUU y utiliza su sistema de bancos para realizar sus operaciones de pago e importación.
Cabe recordar que Julio Borges ha pedido sanciones e intervención contra Venezuela y ha expresado a The Washington Times que «EEUU podría prohibir el intercambio comercial o político con Venezuela, imponiendo la Carta Democrática Interamericana de la OEA, lo que significaría el aislamiento completo de Venezuela: un país bajo cuarentena». Esa cuarentena es también válida para los empresarios.
Aun cuando el gobierno estadounidense han anunciado que las sanciones no son contra el pueblo, el sistema financiero nacional como la población trabajadora son víctimas del bloqueo financiero impuesto por EEUU.
El sector empresarial venezolano, sobre todo el más concentrado, ha apostado siempre al liderazgo opositor bajo las expectativas de que un gobierno antichavista beneficiaría enormemente sus negocios. Por otro lado, el Gobierno venezolano es permamentemente acusado de «perseguir» y «limitar el crecimiento» del sector privado. Sin embargo, las sanciones solicitadas por Julio Borges, ficha política del empresariado, han hecho realidad todo aquello por lo cual es acusado el chavismo: chocar contra los intereses del sector privado.