¿Qué hay detrás de los asesinatos selectivos de líderes sociales y los bombardeos sobre poblados enteros?
En el país de Juan Manuel Santos los días se cuentan con personas muertas y heridas. El triste récord del año pasado de un líder o lideresa popular asesinado cada tres días ha ido en aumento, y en enero de 2018 la cifra se ha duplicado a un asesinato político cada día y medio. Todos a manos de los organismos de seguridad del Estado y de sus cuerpos paramilitares.
Las presiones de los Estados Unidos causan estragos en el gobierno colombiano y empujan a su presidente a asumir definitivamente el rol que como Premio Nobel le corresponde, siguiendo con la tradición de premiados anteriores como Barack Obama y Shimon Peres.
No contento con «permitir» el asesinato selectivo de 23 líderes y lideresas sociales sólo en el mes de enero de 2018 en Colombia (cinco a manos del propio Ejército colombiano), cierra el mes el pasado 29 de enero la Fuerza Aérea de Colombia con el bombardeo al resguardo indígena Chagpien Tordó en el litoral de San Juan, departamento del Chocó según denunció la Defensoría del Pueblo.
Hasta el momento se habla de seis muertes, varias personas heridas, entre ellas una niña indígena que habría perdido sus piernas y cientos de pobladores de la zona que han iniciado un desplazamiento forzado. Mientras tanto el General Alberto José Mejía, continuando con la larga tradición de falsos positivos negó el bombardeo y dijo que la niña indígena mutilada era una guerrillera, lo cual fue rotundamente negado por Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), quien aseguró a la emisora local W Radio que la joven indígena no hacía parte de ningún grupo armado.
El citado alto mando militar colombiano señaló que la operación se desarrolló conforme a las normas internacionales. Más allá del silencio de Juan Manuel Santos, las evidencias de esta nueva agresión contra las comunidades rurales y específicamente contra las comunidades indígenas, que engrosa el historial de bombardeos aéreos de las Fuerzas Armadas Colombianas contra la población civil, motivó una declaración de Amnistía Internacional, extraña por demás, el pasado 31 de enero en la que acusa al Estado colombiano de violar el Derecho Internacional Humanitario y de mantener vínculos con grupos paramilitares que violan los DDHH de las comunidades: «Amnistía Internacional ha venido llamando la atención hacia la grave situación relativa a la seguridad y los derechos humanos en el departamento del Chocó, y ha pedido a Colombia que actúe y garantice la implementación efectiva del Acuerdo de Paz sobre el terreno y que cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos».
El comunicado de la ONG también dice: «Resulta lamentable que, en esta etapa del proceso, las comunidades estén denunciando violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad y vínculos entre estas fuerzas y los paramilitares».
Hace ya muchos años que el Chocó, un departamento cuya pobreza extrema y abandono del Estado ha generado una crisis humanitaria denunciada incluso por Naciones Unidas, viene siendo fuertemente atacado por los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares. Este bombardeo contra la comunidad indígena ha generado un desplazamiento forzado hacia la ciudad de Buenaventura, donde solamente dos días antes sicarios asesinaran a Temístocles Machado, quien era líder del Proceso de Comunidades Negras, y además se destacó como líder del reciente Paro de Buenaventura que afectó intereses gubernamentales y transnacionales en la zona.
La nueva doctrina militar del ejército colombiano deja claro que ni el gobierno colombiano ni su ejército se preparan para la paz sino para todo lo contrario: la profundización del control y la represión, criminalizando toda forma de protesta al considerarlas como parte del Sistema de Amenazas Permanentes (SAP) que, según los voceros militares, amenazarían la estabilidad luego de la firma del acuerdo final con las FARC, y se plantea convertirse en un ejército mercenario dispuesto a realizar operaciones internacionales bajo el tutelaje de la OTAN.
Todo lo anterior hace pensar que, más que acciones aisladas, o «efectos colaterales» de operaciones contraguerrilleras, los asesinatos políticos y los bombardeos del ejército colombiano son acciones militares que obedecen a una línea política del Estado colombiano, el cual actualmente se encuentra dirigido por Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, cuyas acciones contra el pueblo pobre colombiano y contra Venezuela dejan claro que es un presidente que recibe y ejecuta instrucciones del gobierno estadounidense, contrario a la paz en Colombia y en toda la región.