Para muchos ésta fue una semana políticamente auspiciosa, dado el encuentro de varios líderes sectoriales del peronismo en elogiable afán de iniciar un camino de unidad opositora. Lo mismo que se ha querido ver respecto de la movilización sindical anunciada para la última semana de este febrero caliente que, hasta ahora, ha desatado más ardores que ilusiones.

En primer lugar, las desconfianzas serán inevitables mientras sigan en el umbral sujetos de confianza imposible, como los Sres. Pichetto y Bossio. Y en el mundo sindical también, con “gordos” de largas trayectorias traidoras al frente de organizaciones numerosas. Todo bien con la unidad, se diría, pero no con todos los unibles.

A riesgo de parecer aguafiestas, además, hay que decir que esos sueños de unidad enfrentan reparos serios que, a juicio de esta columna, no son menores y están llamados a modificar profundamente las conductas políticas de este país. Y básicamente son dos, que más allá de buenas voluntades las dirigencias parecen no advertir: la demasiado llamativa ausencia de mujeres y de jóvenes.

Las fotos en todos los medios son elocuentes, y un agudo texto de la ex diputada nacional (FpV) María del Carmen Bianchi –titulado “Sin mujeres no hay democracia”, que se puede encontrar en su FB y circula en las redes– lo expuso de manera ejemplar. Y podría decirse lo mismo de las nuevas generaciones, verdaderas víctimas del brutal atentado mediático-político que ejercen en este país en destrucción el presidente Macri y sus mandantes.

Y está claro que son vocablos fuertes, pero qué otros aplicar al accionar ultraconservador de quienes casi por azar llegaron al poder y ahora se sostienen mediante la mentira y la violencia, arrasando con el sistema productivo industrial y los empleos, la salud y la educación públicas, y la previsión social que en todos los años anteriores –y es claro que aun con gruesos errores y corruptelas– sostuvieron a una sociedad que durante años progresó en paz como casi nunca antes y bajando la pobreza del 54 por ciento al 30 por ciento, mejorando todas las tasas de salubridad, eliminando el analfabetismo con fortalecimiento de la educación pública, y garantizando nuevos derechos a la ciudadanía.

Acaso por esa destrucción contumaz y sistemática, letal y silenciosa como fiebre amarilla, la sociedad parece no haber advertido esta semana el más grande agravio que una nación puede padecer: la República Argentina sufrió entre jueves y viernes (silenciosamente, al modo que impone el neuroperiodismo oficialista) el atropello mayor de una nacionalidad: la pérdida de soberanía territorial.

Obviamente no faltarán los que digan, soberbios y profesorales, que este texto exagera o que “no es para tanto”, pero desde El Manifiesto Argentino emitimos ayer domingo un documento condenando el anuncio (de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich) de que los Estados Unidos instalarán una “task force” (fuerza de intervención) en el Nordeste Argentino y en particular en la Provincia de Misiones, con el supuesto objetivo de “combatir el narcotráfico y el terrorismo”. Semejante desatino sólo encubre una nueva forma de ocupación que, como todas las formas de extranjerización territorial son repudiables, constitucionalmente inadmisibles, y condenables política y moralmente.

Así como se han denunciado y rechazado extranjerizaciones en la Patagonia y otras regiones, por parte de personas o empresas, ahora corresponde rechazar absolutamente esta inadmisible ocupación militar-policial de hecho.

Jamás en más de dos siglos de vida independiente nuestro país ha asistido a genuflexiones semejantes. Jamás gobierno alguno tomó tantas y tan violentas decisiones inconstitucionales y antidemocráticas. Jamás la vocación cipaya, antinacional y neocolonialista de la oligarquía y el empresariado transnacional impusieron sus miserables propósitos como ahora con aval del Poder Ejecutivo.

El Manifiesto Argentino denuncia, por eso, que estas claudicaciones encubren el verdadero objetivo de quienes se creen dueños del mundo y sus sirvientes locales: son nuestros recursos naturales lo que los desvela.

En todo el planeta es sabido que, so pretexto de “combatir el terrorismo y el narcotráfico”, se instalan bases militares o task forces en países a los que después someten para saquear sus recursos, incluso generando conflictos que provocan destrucción y muerte de ciudadanos.

La República Argentina es una tierra de PAZ, y no existe ninguna razón que justifique la presencia de las llamadas “task force”. No es cierto que en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay operen organizaciones terroristas. Y tampoco es cierto que el narcotráfico tenga en la región un desarrollo que requiera de la intervención de ningún país del planeta, por poderoso que sea.

El Manifiesto Argentino no admite ninguna forma de entrega de soberanía sobre el territorio nacional. No acepta el mentiroso discurso del oficialismo macrista-radical que pretende que somos una nación de narcos y terroristas que por eso necesita “ayuda” de fuerzas militares o policiales extranjeras. Y no renunciamos al estricto cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes, que más allá de falencias y errores protegen el derecho del Pueblo Argentino a vivir en paz. Por eso exigimos al presidente Mauricio Macri un cambio de 180 grados en esta alocada decisión, a la vez que convocamos a las fuerzas políticas y sociales, y a las representaciones populares, a que expresamente rechacen estas decisiones.

Bien harían las fuerzas políticas y sindicales en unirse para reafirmar el derecho popular a la protesta pacífica, rechazar todas las formas de destrucción social y violencia estatal, y las disparatadas políticas “de seguridad” del Gobierno, que sólo procuran control social e impunidad represiva, ahora con la consentido accionar de fuerzas extranjeras en nuestro territorio. El Manifiesto Argentino califica estas decisiones del gobierno actual como hechos flagrantes de traición a la Patria, que serán juzgados oportunamente cuando el pueblo recupere todos sus derechos y cuando –como decimos desde nuestro nacimiento político– todo lo destruido por decreto será restaurado por decreto.