En el marco de la guerra contra Venezuela la ambición de los poderes fácticos nacionales y de la región latinoamericana es preponderante en su dinámica, tal es el caso de las oligarquías colombiana y brasileña que han visto oportunidades rentables en el expediente que se viene armando contra el Gobierno nacional y nuestro gentilicio.
La guerra, en todas sus facetas, siempre ha sido un negocio para las élites, de ello sobran evidencias históricas tanto en la Europa madre del saqueo imperial y su sucursal norteamericana como en el resto del planeta.
La campaña contra los venezolanos
Tal es el interés económico que hay detrás del tema del refugio que Europa, que provoca y financia todas las guerras en el Medio Oriente y África, luego no quiere recibir refugiados en sus tierras a menos que fondos internacionales les sean otorgados para su asistencia. Lo mismo ocurre con el gobierno de Santos que, a través de sus casas de cambio, mafias contrabandistas y apoyo al asedio diplomático, ha constituido a Colombia en la fuente principal de desestabilización económica contra Venezuela. Esto lo ha logrado induciendo la megadevaluación de la moneda al triangular con la página Dólar Today y estableciendo un verdadero puente de extracción de alimentos y otros bienes de consumo. Hoy, cuando muchos venezolanos migran a su territorio (aproximadamente el 70% son colombianos, sus hijos o nietos regresando) convierte esta «diáspora» en negocio redondo.
No existe coincidencia entre las cifras oficiales y las «estimaciones» de la mediática internacional respecto a la migración venezolana. Causa curiosidad la intención detrás de lo que tratan de posicionar algunos presidentes del Grupo de Lima al repetir la tesis del «éxodo masivo».
La campaña contra la población venezolana va acompañada de puestas en escena y noticias tremendistas sobre lo que hacen o les ocurre a los migrantes en otros países. Con ello se acompaña el relato de la «crisis humanitaria» y la degradación de nuestra cultura (no siempre rentista). Muchas veces el relato es viralizado por los mismos usuarios venezolanos en las redes sociales y medios tradicionales con el infaltable «es que el venezolano».
La mano de obra barata venezolana
Parte importante de la estrategia es mediatizar el drama creado para establecer el relato de Estado fallido necesario para la intervención. Para esto se coordinan medios, políticos y algunos organismos multilaterales. La narrativa de la «crisis humanitaria» y la desmoralización han servido para coaccionar a nuestros connacionales en los sitios donde llegan y ofrecerles condiciones laborales precarias abusando de la desesperación creada por la propaganda, la escasez inducida y el asedio en proceso.
El Norte de Santander es el segundo departamento colombiano con mayor desempleo en Colombia, su tasa de 12,6% en 2016 estuvo por encima del total nacional (9,1%), el desempleo colombiano viene de un 15% y ha descendido, además se afirma que aunque más colombianos están encontrando nuevos puestos de trabajo estos no llenan las expectativas frente al ingreso o su calidad. Sin embargo los empresarios regionales de áreas como la comercial, los servicios y la construcción contratan venezolanos para ahorrar costos, asegura el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). De las 6 mil 646 vacantes suplidas por venezolanos en 2017, 70% corresponde a mano de obra no calificada y 30% con estudios superiores.
Su capital Cúcuta registra el índice de desempleo más alto del país, que está en 15,65%. Uno de cada seis cucuteños no trabaja.
En otras regiones colombianas migrantes venezolanos son contratados a destajo como recolectores de café sin derechos laborales, pensiones ni salud, en general no se les ofrece la más mínima garantía laboral y el trabajo se paga por kilo recogido al día.
En el caso de Brasil, donde el desempleo no llega a ceder notablemente debido a las políticas neoliberales implementadas por Michel Temer (eliminó casi 21 mil puestos de trabajo en 2017), se dice que los migrantes venezolanos son sometidos a maltratos y abusos en los trabajos que les asignan.
Fernanda Fuentes, analista de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) en Brasil, afirmó que agricultores y ganaderos locales que buscan mano de obra temporal y barata explotan a los inmigrantes venezolanos. Agregó que van a buscar a la gente en camiones a la estación de autobús de Boa Vista y suelen ofrecer un salario de 1 mil reales (315 dólares) al mes, cifra superior al sueldo mínimo, dijo Fuentes. Una vez en las granjas, los inmigrantes reciben agua de arroyo y se les da un tazón de arroz al almuerzo y la cena. «Les dicen que debieron descontar la comida que comieron, el agua que bebieron, los gastos por mantenerlos, así que es muy diferente a lo que se les prometió cuando subieron al camión», refirió. En ninguno de los dos países se han reportado sanciones contra estos agricultores y ganaderos por explotación laboral.
El negocio redondo está en que la Revolución Bolivariana ha profundizado una política de masificación de la educación en todas sus etapas que generan trabajadores calificados mientras Colombia, por ejemplo, presenta una escasez de mano de obra calificada debido al modelo excluyente y mercantilizador de la educación que sostienen fichas burguesas como Santos. Al no invertir en la capacitación de su población para la producción y mantener condiciones laborales, la oligarquía que gobierna en Colombia obtiene mayores beneficios al contratar personal capacitado.
Empresas de diseño web, centros de llamadas, empresas tercerizadas, ofertores freelance y otros contratan vía web a profesionales venezolanos, los gobiernos neoliberales y las transnacionales aprovechan la devaluación inducida para malpagar a personal capacitado en medio de un discurseo de refuerzo positivo sobre los beneficios de salir de Venezuela.
El relato de las barreras sanitarias
Dentro de los dispositivos de propaganda implementados por la derecha continental está la medida de Temer de «ampliar por la vía rápida la asistencia a los inmigrantes venezolanos que llegan a territorio brasileño huyendo de la crisis política y social que atraviesa el país», tal como lo reseña folhabv.com.br.
Se trata de una medida provisoria (MP), algo parecido a un decreto con fuerza de ley, que contempla asistencia en áreas de protección social, atención a la salud, ofertas educacionales y formación y calificación profesional sin especificar cuáles medidas se tomarán para cumplir esos objetivos. Esta medida fue tomada por el presidente de facto luego de visitar el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y su implementación fue encomendada al Comité Federal de Asistencia de Emergencias, creado para dicha «contingencia» y no antes cuando las lluvias de enero pasado hicieron estragos en el país.
La gobernadora del estado de Roraima, Suely Campos, pidió al gobierno federal que el Ejército instale un puesto de clasificación antes de la llegada al municipio y el restablecimiento de la barrera sanitaria y de vacunación en Pacaraima (adyacente a la línea fronteriza) y que se haga obligatoria la vacunación de extranjeros para el ingreso en Brasil. Aun cuando en Venezuela han habido focos de difteria en el estado Bolívar y se sospecha su procedencia desde Brasil, los medios han establecido el relato de «alerta sanitaria» debido a la confirmación del diagnóstico de sarampión en una bebé venezolana internada en un hospital de Boa Vista.
Se habla de transferencia de venezolanos a varios estados del país luego de un proceso de clasificación y vacunación y de un gasto de 70 millones de reales (22 millones de dólares) en alimentos y medicamentos que incluyen vacunas que serán aplicadas a la población y a los venezolanos.
Mientras tanto en Colombia, donde hasta 2017 se contaban 7 millones de desplazados, los medios sacan cuentas y refieren el vacío jurídico sobre los derechos de los migrantes que no cuentan con aseguramiento en salud, esos temas que en Venezuela ni se discuten porque están garantizados incluso con programas internacionales en el marco del ALBA y Petrocaribe, del que se han beneficiado miles de pacientes de países latinoamericanos.
El Ministerio de Salud y Protección Social colombiano intenta implementar un plan «humanitario» dirigido a «ciudadanos de países fronterizos y solo incluirá las urgencias hospitalarias y algunas actividades de promoción y prevención, como controles prenatales para mujeres en embarazo y algunas vacunas, servicios que serán prestados por instituciones públicas».
Se intenta ofrecer a «venezolanos que huyen de la crisis» servicios que no son garantizados a niños del Departamento de La Guajira, en donde mueren de desnutrición decenas de ellos. Los mismos reportajes no pueden ocultar las dificultades presupuestarias en el área de salud en un país que aumentó el gasto militar en 2016 pero mantiene privatizada la asistencia sanitaria bajo el esquema de las EPS.
Guiso «humanitario» en dos detalles
Todo el vaivén de noticias, movilización de funcionarios e implementación de medidas por parte del gobierno brasileño pudiera parecer un despliegue humanitario si no fuera por un detalle: el pasado 19 de febrero el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, visitó Brasil y prometió a Temer pedir «a la comunidad internacional que ayude a Brasil en su respuesta a esta situación». Vienen fondos y un gobierno de dudosa reputación lo sabe.
Otro detalle: el mismo 19 de febrero Santos aseguró que la llegada de venezolanos es «tal vez el problema más serio» que tiene Colombia y reiteró su disposición a recibir «ayuda humanitaria» internacional para hacerle frente a la situación. Días antes el secretario de Estado de EEUU Rex Tillerson dijo en Bogotá que su país evalúa girar recursos como parte de la «ayuda humanitaria» para los migrantes venezolanos.
El 9 de febrero pasado la agencia Reuters decía que Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda colombiano, informó que han contactado a agencias crediticias internacionales para preparar un plan de rescate financiero por 60 mil millones de dólares para Venezuela si Maduro deja el poder, y que su gobierno estaría dispuesto «a brindar financiamiento para esa transición».
Este par de detalles y su sincronización develan el plan que hay detrás de la narrativa de crisis humanitaria: un negocio milmillonario en el que se están anotando los gobiernos de Brasil y Colombia, esos a quienes no les importan las vidas, tragedias o dramas de quienes deciden migrar por el sabotaje económico que impera sobre el país.