Aanalista internacional y diplomático de carrera. Fue profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, asesor del general Omar Torrijos, vicepresidente del Movimiento Unidad Latinoamericana y representante de la República de Panamá ante la Corte Internacional de La Haya.
Luego de haber criticado violentamente al gobierno de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro, exigiendo además una elección presidencial anticipada, el Grupo de Lima, conformado por 12 Estados miembros de la OEA, se pronuncia ahora contra la elección presidencial anticipada que Caracas acaba de convocar. Esta actitud contradictoria del Grupo de Lima es parte de la campaña internacional de Estados Unidos contra la República Bolivariana. Se busca hacer creer que el país de Hugo Chávez está en quiebra y en la existencia de una crisis humanitaria de proporciones tales que justificaría una «intervención humanitaria». El diplomático panameño Julio Yao refuta esa argumentación.
- El 14 de febrero de 2018, los ministros de Exteriores de los 12 países reunidos en el “Grupo de Lima†rechazaron la elección presidencial anticipada convocada en Venezuela. Después de haber reclamado insistentemente esa elección presidencial anticipada, presentándola incluso como la solución para todos los problemas de Venezuela, el “Grupo de Lima†afirma ahora que “las condiciones no están reunidas†para la realización de esa consulta. Esto recuerda lo ocurrido en 2014, cuando los ministros de Exteriores de la Liga Árabe rechazaron la convocación de una elección presidencial en Siria, calificándola por adelantado de “farsaâ€. Todos los observadores extranjeros presentes en Siria durante la elección dieron fe del carácter democrático de la consulta.
La intervención que Estados Unidos está promoviendo contra Venezuela con la complicidad del llamado “Grupo de Limaâ€, integrado por 12 países –menos de la mitad de los Estados miembros la Organización de Estados Americanos (OEA)– entre los cuales aparece vergonzosamente Panamá, es una empresa ilegítima e imposible porque viola escandalosamente la Carta de la OEA, la Carta de la ONU y el Derecho Internacional.
La violación colectiva del Derecho Internacional abarca décadas de acciones ilícitas, desde que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y Estados Unidos empezó a perder allí sus ventajas, canonjías y subsidios petroleros.
Pese al incuestionable desprestigio de esa organización, la Carta de la OEA consagra principios del Derecho Internacional que imposibilitan la intervención individual o colectiva de sus miembros en los asuntos internos y externos de otros Estados y que son, mutatis mutandi, los mismos principios de la Carta de la ONU, entre otros:
1. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga (Artículo 3, literal e).
2. Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos (Art. 3, literal i).
3. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen (Art. 19).
4. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza (Art. 20).
5. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. (Art. 21).
6. Los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados (Art. 22).
7. Ninguna de las estipulaciones de esta Carta se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 131).
La llamada «Carta Democrática» de la OEA no es aplicable contra Venezuela porque la llamada «democracia representativa» que intenta sacralizar está en conflicto con el Artículo 103 de la Carta de la ONU, que prevalece sobre la OEA:
«En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.»
La Carta de la ONU no menciona la «democracia representativa» (objetivo primordial de la «Carta Democrática» de la OEA) como un modelo o sistema político obligatorio para sus miembros porque reconoce que en el mundo existen diversas formas de organización política o de gobierno, como las repúblicas y las monarquías (democráticas o no, presidencialistas o parlamentarias), los principados, etc.
Pero la República Bolivariana de Venezuela supera con creces a las llamadas «democracias representativas» de la región (Venezuela es una democracia participativa) y es uno de los países más democráticos del mundo, como lo demuestran su historia y su experiencia actual, constatadas por la ONU, por organismos internacionales de derechos humanos y por personalidades y asociaciones de prestigio, como la Fundación Carter, entre otros.
Sin embargo, Estados Unidos y sus adláteres, secuaces y cipayos del “Grupo de Lima†perseveran en la violación del Derecho Internacional pese a que en la OEA ni siquiera lograron el respaldo del organismo para esta aventura imperialista (los países independientes del Caribe y otros lo impidieron) y casi la totalidad del “Grupo de Lima†viola y está lejos de normas que garanticen mínimos requerimientos siquiera de una elemental gobernanza democrática.
¿Qué derecho tiene Estados Unidos para saquear Venezuela, si el propio Estados Unidos es el mayor violador de la Carta de la ONU y el principal negador absoluto del Derecho Internacional; si Estados Unidos es el Estado que más tratados de derechos humanos ha rechazado o no ha ratificado a nivel mundial; cuando Estados Unidos es el país con el mayor número de condenas a muerte en el planeta; si Estados Unidos es el Estado cuyo presupuesto de “defensa†es mayor que el presupuesto total de los 6 Estados que le siguen en ese rubro; si Estados Unidos es el Estado con mayor cantidad de bases militares en el mundo (más de 1 000); si Estados Unidos ha dividido el planeta en 10 comandos militares, sin autorización ni consentimiento de ningún país; si Estados Unidos es el Estado que acapara la mayor parte de la riqueza mundial; si solamente, según la FAO, se requieren 1 060 millones de dólares para acabar con el hambre del mundo, mientras que Estados Unidos gasta un billón de dólares (más de mil millones) en guerras?
¿Qué derecho tiene ese país delincuente a negar el derecho del pueblo venezolano a la existencia?
¿Qué derecho tiene Colombia a encabezar la agresión contra Venezuela, si en el plano externo Colombia es un país ocupado por Estados Unidos (hay 7 bases militares estadounidenses en Colombia) y carece de independencia; y, en el plano interno, Colombia es un narcoestado que mantiene a uno de cada 10 colombianos en el extranjero, seguido por Brasil y Perú; cuando Colombia ha traicionado los Acuerdos de Paz que firmó con la guerrilla y asesina y permite a paramilitares eliminar sistemáticamente a defensores sociales y de derechos humanos; si Colombia tolera que se hostigue y agreda a movimientos políticos que participan en la política nacional, como las FARC? Colombia ya es cómplice de las sanciones contra Venezuela y será punta de lanza de la invasión a la República Bolivariana.
¿Qué derecho tiene el Perú para alegar falta de democracia en Venezuela, si su presidente, Pedro Pablo Kuczynski, estuvo a punto de ser destituido por el Congreso por «incapacidad moral» para gobernar porque recibió sobornos de Odebrecht; si ese mismo presidente peruano indultó ilegalmente al ex presidente Alberto Fujimori –un genocida confeso– y su gobierno está sitiado permanentemente por reclamaciones de los trabajadores de la salud y la educación?
¿Qué derecho tiene Argentina a cuestionar la transparencia en Venezuela, si su presidente, Mauricio Macri, está embarrado hasta los tuétanos en el escándalo Odebrecht y en los «Panama Papers» [1] y su gobierno está cotidianamente acosado por reclamaciones de su pueblo, de los indios mapuches, de los jubilados y las clases medias, que lo han visto estancar su progreso, logrado durante el mandato de la ex presidente Cristina Kirchner?
¿Qué derecho tiene Brasil a prestar su territorio como trampolín para una intervención y denunciar a Venezuela como «dictadura», si su presidente no electo, Michel Temer, llegó al cargo gracias a un «golpe suave» contra Dilma Roussef, está acusado por el Fiscal General del Estado de «corrupción pasiva, obstrucción de la justicia y organización criminal» y bloquea antidemocráticamente la candidatura de Luis Inacio Lula da Silva a la presidencia?
¿Qué derecho tiene México a denunciar a Venezuela por «crisis humanitaria», si su presidente, Enrique Peña Nieto, preside un gobierno corrupto y sustentado por el narcotráfico y el crimen organizado, que ha entregado las riquezas de México a las transnacionales de Estados Unidos y el propio México ostenta el record mundial de periodistas asesinados y desaparecidos?
¿Qué derecho tiene Honduras (¡por favor!) a cuestionar la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, si su “presidenteâ€, inconstitucional y no electo, entronizado por un fraude de proporciones cósmicas, José O. Hernández, se aferra al poder con el respaldo de las bayonetas del Comando Sur estadounidense [2] y mata sin vacilación a su propio pueblo?
¿Qué derecho tiene Panamá a cuestionar la independencia y la democracia de Venezuela, si el Partido Panameñista (del presidente Juan Carlos Varela) llegó al poder en brazos de los invasores [estadounidenses] (que juramentaron a Guillermo Endara como presidente de Panamá en una base militar estadounidense) a raíz de la invasión de 1989 [3]? Vale recordar que, en derecho internacional, los acuerdos firmados bajo ocupación militar son ipso facto nulos.
¿Qué moral tiene Panamá para destruir el derecho de Venezuela a la autodeterminación, si Guillermo Endara, el primer presidente títere post-invasión y presidente del Partido Panameñista (el partido del actual presidente panameño Juan Carlos Varela), suscribió el Acuerdo Arias Calderón-Hinton (1991), base de los tratados Salas-Becker de 2002, que entregan Panamá a 16 agencias federales de Estados Unidos (incluidos el Pentágono, el US Army, la US Air Force, la US Navy y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos)? Esas instancias estadounidenses pueden convertir nuevamente a Panamá en plataforma de agresión para el Comando Sur.
¿Qué derecho tiene Panamá a inmiscuirse en Venezuela, si los gobiernos panameños han tolerado sin chistar las MANIOBRAS PANAMAX (2003-2018), realizadas anualmente entre países de la región y potencias miembros de la OTAN en base a un tratado entre Chile y Estados Unidos? Ese tratado (firmado en 2003) viola el Tratado de Neutralidad y la Constitución panameña. Panamá lo desconoce y no lo ha suscrito.
¿Qué derecho tiene el presidente panameño Juan Carlos Varela a suscribir el Acuerdo Nuevos Horizontes 2018, que puede instrumentarse para encubrir una intervención contra Venezuela, si ese tratado es violatorio del Tratado de Neutralidad, de la Constitución de Panamá y del Derecho Internacional?
¿Qué derecho tiene el presidente de Panamá a actuar contra Venezuela, si los Tratados Salas-Becker –de los cuales es parte el Acuerdo Nuevos Horizontes– jamás fueron sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa o Nacional panameña y, por tanto, no existe obligación constitucional de cumplirlos?
La ex presidente de Panamá Mireya Moscoso, del Partido Panameñista, ostenta el deshonor de haber suscrito la totalidad de los Tratados Salas-Becker (entre 2001 y 2004, salvo el de 1991) y de haber indultado ilegalmente, a petición de Colin Powell (alias “el carnicero de Panamá†[4]), a Luis Posada Carriles, el terrorista confeso que intentó asesinar al presidente de Cuba, Fidel Castro, en 2002. El indulto fue anulado por la Corte Suprema de Justicia cuando el pájaro ya había volado.
La ex presidente Moscoso autorizó además el Tratado Alemán Zubieta-Becker (1º de abril de 2002), firmado por el Administrador de la Autoridad del Canal, Alberto Alemán Zubieta, quien no estaba facultado para suscribir tratados y que, para colmo, lo aceptó y firmó en inglés, aunque la Constitución Nacional consagra el español como lengua oficial de Panamá: ¡extralimitación de funciones para la ex presidente y el ex Administrador del Canal (cf. Constitución Nacional de la República de Panamá, Art. 191)!
No obstante la ninguna capacidad moral o legal del “Grupo de Lima†para atacar a Venezuela, Estados Unidos insiste en invadirla con la complicidad de gobiernos no representativos, anacrónicos, forajidos y enemigos del Derecho Internacional, que aprovechan los Carnavales y siguen como comparsa (en este martes [20 de febrero] de Carnaval) a su dios Momo, Estados Unidos, bajo la bandera infame de una nueva «Intervención Humanitaria».
Se nos quiere hacer creer que en Venezuela hay una «crisis humanitaria» que exige enfrentar a pueblos contra pueblos de la región, a pobres contra pobres y a hermanos contra hermanos, para satisfacer los apetitos de Washington, malinterpretando al genial estratega chino, Sun Tzu, que aconsejaba ahorrar las propias fuerzas y usar las ajenas.
Las intervenciones humanitarias, que responden a la necesidad de proteger a víctimas de las guerras cuando no existe la voluntad o la capacidad del soberano para asumir esa responsabilidad, han sido desvirtuadas por los poderes hegemónicos para encubrir sus fechorías depredatorias. Pero, ¡ojo!, la intervención humanitaria es un concepto polémico aún bajo debate.
Personalmente me opuse, como presidente de SERPAJ-Panamá, a su adopción indiscriminada en la reunión de la ONU en Centroamérica (San José, 2005), convocada por la Fundación Arias. A veces se le confiere el «derecho a proteger» –inherente a la «intervención humanitaria»â€“ al Consejo de Seguridad de la ONU, a un acuerdo regional (como la OTAN) o a un grupo de Estados.
En Yugoslavia se implementó la «intervención humanitaria» para impedir supuestamente una limpieza étnica que Slobodan Milosevic llevaba a cabo en Bosnia, pero la OTAN (léase Estados Unidos) invadió Yugoslavia, el único país europeo que no era miembro de esa organización bélica, la desmembró en función de los intereses geopolíticos del imperio y la sumió en la ruina.
La verdad llegó tarde:
«Diez años después de que Slobodan Milosevic, ex presidente de la desaparecida Yugoslavia, muriera en extrañas circunstancias (bajo arresto), el Tribunal Penal Internacional ha exonerado al político serbio de la responsabilidad en supuestos crímenes de guerra cometidos en Bosnia…
Slobodan Milosevic fue vilipendiado de manera sistemática por toda la prensa occidental y por los políticos de los países de la OTAN. Los medios de comunicación de la época lo calificaron como el “carnicero de los Balcanes†y lo compararon con Hitler. Fue acusado igualmente de “genocida†y de ser “un monstruo sediento de sangreâ€, según rezaban los titulares de los grandes rotativos europeos y estadounidenses de entonces.
Con la utilización de ese cliché falsificado se trató de justificar no sólo las sanciones económicas contra Serbia, sino también los bombardeos de la OTAN en 1999 sobre Serbia, así como la encarnizada guerra de Kosovo.» [5]
En Libia, se implementó en 2011 la «intervención humanitaria» para enfrentar la violación de los derechos humanos por parte del «dictador» Muammar el-Kadhafi. Pero la OTAN (Estados Unidos) se hizo cargo y aplicó su «derecho a proteger» a la población «desvalida». En 7 meses utilizaron 40 000 bombas y misiles contra la población libia y –usando a la vez espías, terroristas y mercenarios extranjeros– mataron a 120 000 libios, asesinaron a Kadhafi de manera atroz y particularmente morbosa, expropiaron los activos y el petróleo del país, sumiéndolo en un infierno perpetuo, y eliminaron del gobierno a los libios «de piel oscura» a pesar de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había encomiado aquel mismo año (2011) a Kadhafi precisamente por el progreso de Libia en materia de igualdad racial. Después se supo que una de las razones de la «intervención humanitaria» era el intento de Kadhafi de reemplazar el dólar por una moneda común africana.
En el caso de Panamá, Estados Unidos ni siquiera se tomó el trabajo de informar a la OEA ni a la ONU, como tampoco al Senado estadounidense, de que debían aprobar la invasión de 1989, pero sí mintió y satanizó al general Manuel Antonio Noriega, como se evidencia en documentos “Secretos-Sensitivos†del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, documentos que fijaron como objetivo abrogar los Tratados sobre el Canal [de Panamá] y echar abajo las negociaciones entre Japón y Panamá para un nuevo Canal [6].
Pero en Venezuela no hay crisis humanitaria ni guerra civil –tampoco la había en Panamá. Sí existe una masiva intervención externa en los asuntos propios, internos y externos, de su pueblo, intervención que se manifiesta en forma de guerras ultramodernas y multiformes, con apoyo transnacional de países, organizaciones no gubernamentales y personalidades que intentan destruir la nación venezolana, destruir su revolución y robarle a Venezuela sus prodigiosas riquezas naturales.
La intervención contra Venezuela sería una agresión contra América Latina y el Caribe, un retroceso temporal de la Unidad Latinoamericana, un golpe a la memoria de los libertadores de Nuestra América, y por lo mismo, esa intervención es imposible ¡y no puede triunfar!