Contrariamente a lo que se afirma de modo generalizado, no ha habido ninguna desregulación del mercado, sino más bien una re-regulación del Estado. Así, por ejemplo, la autorregulación de las ocupaciones profesionales (en buena medida ignorada por los economistas convencionales del trabajo) se ha visto desplazado por la regulación estatal por medio de complejos sistemas de concesión, mientras que el mercado de trabajo y la política social se han ido desplazando hacia la evaluación condicionada a los medios económicos o el comportamiento y hacia programas de trabajo para desempleados, dirigiendo a los parados y demás para que se dediquen a actividades determinadas por el Estado para conseguir prestaciones condicionadas a la evaluación de medios económicos. Toda apariencia de política social universalista asentada en derechos se ha ido batiendo en retirada en casi todas partes.
Fomentar la globalización en el contexto de la revolución tecnológica en curso ha favorecido globalmente el crecimiento económico. Pero gobiernos y organismos internacionales han fracasado de manera notable a la hora de contrarrestar los resultados distributivos adversos a escala nacional.[1] De modo semejante, al abogar por la flexibilidad del mercado de trabajo, se ha prestado una atención desdeñable a las extendidas inseguridades económicas que esto ha generado.[2]
Entretanto, la fase neoliberal de la globalización ha evolucionado como un ‘capitalismo de rentistas’ en el que hay cada vez más ingresos que acaban en manos de quienes poseen propiedad física, financiera o intelectual.[3] Los ingresos rentistas se han visto impulsados por el incremento de la concentración de empresas en muchos sectores económicos – encarnado en el ascenso de ‘empresas superestrellas’ – y por la acción gubernamental, sobre todo notablemente por el reforzamiento de los derechos de propiedad intelectual y el crecimiento de un Estado que otorga subvenciones, pues los gobiernos han elegido competir lanzando subvenciones a las grandes corporaciones y a los particulares ricos. Al obrar así, han agotado regresivamente los presupuestos públicos.
Un término para describir esta política fiscal convencional es el de pluto-populismo, por el cual los recortes fiscales y las subvenciones se concentran en los llamados emprendedores y ‘creadores de riqueza’, mientras se recortan prestaciones del Estado y servicios públicos destinados a grupos de rentas bajas, ostensiblemente con el fin de reducir los déficits presupuestarios que son resultado de la generosidad fiscal hacia los rentistas. [4]
Por consiguiente, en la mayoría de los países, la parte de la renta que corresponde al capital ha aumentado de modo drástico y la porción que corresponde al trabajo se ha desplomado. Dentro de la porción que corresponde al capital, ha aumentado la parte relativa a los rentistas; dentro de la parte correspondiente al trabajo, ha aumentado la porción correspondiente a los que ganan mucho.
Si queremos escapar del paradigma económico regresivo, debemos alimentar un relato y un vocabulario que se centren en los grupos socioeconómicos emergentes. A este respecto, se ha ido configurando una estructura global de clases en la que la nueva clase masiva es el ‘precariado’.
El precariado se define en tres dimensiones. Primero, quienes se encuentran en él se ven presionados para aceptar una vida de trabajo inestable, inseguro, en el que la informalización se está hoy generalizando por medio de relaciones laborales indirectas en la ‘economía del conserje’ [todo por encargo y de inmediato], el ‘crowd labour’ [trabajo mediante transacciones digitales sin relación laboral] y contratos de disponibilidad [‘on-call contracts’]. En la próxima década, la mayoría de las transacciones laborales pueden ser de este género, y serán ubicuos los mediadores laborales y las aplicaciones.
Pero si bien muchos comentaristas afirman que el precariado se define sencillamente por el trabajo inseguro, lo que es más importante es que carece de identidad o relato de su ocupación profesional, debe realizar una cantidad creciente de trabajo-por-empleo que ni se reconoce ni se remunera, y normalmente tiene que desempeñarse en empleos por debajo de su nivel educativo.[5]
La segunda dimensión consiste en una ‘renta social’ diferenciada. El precariado depende principalmente del salario en dinero, que ha ido cayendo en términos reales a la vez que se vuelve cada vez más volátil e imprevisible. El precariado está perdiendo también las prestaciones de empresa no salariales (permisos remunerados, permisos médicos, pensiones por ocupación profesional, etc.) que ofrecen una seguridad asentada en el trabajo. Perder eso significa que los ingresos monetarios minimizan la creciente desigualdad.
Para agravar la inseguridad, el precariado ha perdido prestaciones del Estado asentadas en derechos, y se ha visto afectado por la deriva hacia prestaciones condicionadas a la evaluación de medios económicos y del comportamiento. Las trampas de pobreza resultantes y lo que he llamado ‘trampas de precariedad’ son poderosos desincentivos a la hora de aceptar empleos de bajos salarios. El precariado se enfrenta a menudo con lo que son en efecto tipos impositivos marginales por encima del 80%, que deplorarían los organismos internacionales si se aplican al salariado o a las élites.
La tercera dimensión del precariado resulta crucial. Quienes se encuentran en él están perdiendo toda forma de derechos, civiles, culturales, sociales, económicos y políticos [5]. Se ven reducidos a la condición de suplicantes, obligados a complacer a la gente para ganarse sus ingresos o prestaciones y dependientes de burócratas que emitan juicios discrecionales que les sean favorables. Se trata de algo humillante y acrecienta la sensación de inseguridad.
Si bien son evidentes estas dimensiones del precariado, nos faltan todavía las estadísticas requeridas para analizarlas adecuadamente. Igual que la crisis de la Gran Transformación llevó a una revolución de las estadísticas laborales, nos hace hoy falta una cosa así. Deberíamos empezar por reconceptualizar el trabajo, escapando del prejuicio del siglo XX de que sólo cuenta el trabajo remunerado.
De manera similar, debe reformarse la regulación laboral para que se corresponda con las formas emergentes de relaciones laborales, habría que regular las prácticas de contratación y habrá que ajustar el sistema de regulación de las ocupaciones profesionales para fortalecer el derecho a prácticas.
Puesto que una gran proporción del precariado consiste en migrantes, se precisa un debate de mayor madurez sobre la migración. Se ha visto dominado por lo que se dice de muros y restricción de prestaciones, y la política ha sufrido una regresión siguiendo rumbos basados en la clase. También se hace necesario responder al crecimiento de regímenes de exportación de trabajo. La OCDE debería ocuparse de estas cuestiones.
Lo que es importantísimo es que la distribución de ingresos del siglo XX se ha desmoronado. A lo largo y ancho de la OCDE, los salarios reales llevan tres décadas y es improbable que suban gran cosa en el próximo decenio, por razones tecnológicas y de globalización. Si este es el caso, las opciones consisten bien en permitir que la desigualdad crezca o en erigir un nuevo sistema de distribución que asigne ingresos de forma más equitativa. Esto último no es lo mismo que ingeniar una política fiscal más redistributiva. El nuevo sistema debería promover un crecimiento ecológicamente sostenible y mostrar un respeto apropiado por los libres mercados.
Esta perspectiva debería conducir a reconsiderar mecanismos emancipatorios, tales como la renta básica y los fondos soberanos, que deberían resultarles atractivos a gobiernos, empresarios, sindicatos y precariado en general. En resumen, la perspectiva debería permitirnos contemplar la fase de re-inserción de la Transformación Global.
[1] Véanse, en particular, los trabajos de Branko Milanovic.
[2] Durante los años 80 y 90, este autor avisó repetidamente de las consecuencias sociales y políticas. Véase, por ejemplo, G. Standing, Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice (Harmondsworth, Macmillan, 1999). El enfoque ortodoxo queda resumido en la OCDE y su informe estrella, The Jobs Study, de 1995.
[3] G. Standing, The Corruption of Capitalism: Why Rentiers Thrive and Work Does Not Pay (Londres, Biteback, 2016).
[4] Para un análisis de ello, véase G. Standing, The Precariat: The New Dangerous Class (Londres, Bloomsbury, 2011).
[5] Véase Guy Standing, A Precariat Charter: From Denizens to Citizens (Bloomsbury, 2014).
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