El día 23 de abril la Agencia de la ONU para los Refugiados lanzó un comunicadoen el que, dice, «lamenta profundamente la deportación de 82 nacionales de Venezuela por parte de Trinidad y Tobago el pasado fin de semana». Afirmó que entre las 82 personas había solicitantes de la condición de refugiado, así como personas por solicitarla, por lo que inculpó a la isla caribeña que el retorno de connacionales a Venezuela es un incumplimiento del Derecho Internacional de Refugiados.
«El retorno forzado de este grupo es motivo de gran preocupación», dijo el Alto Comisionado Auxiliar para la Protección, Volker Türk. «Estamos en contacto con las autoridades, buscando aclarar cuál ha sido el proceso legal que ha llevado a la deportación de este grupo para asegurar que Trinidad y Tobago continúa cumpliendo con sus obligaciones internacionales».
La agencia mencionó el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que requiere «la no imposición de penalizaciones por su entrada o presencia ilegal» a aquellos con necesidad de protección internacional, además del principio de non-refoulement (que establece la obligación de los Estados de no devolver a una persona a un lugar donde su libertad, su vida o su integridad física pudiera correr peligro).
Se formó un escándalo mediático y en redes sociales debido a la medida de Trinidad y Tobago, implementada junto a la embajada venezolana en la isla caribeña. Lo que más llamó la atención fue el uso de la palabra «deportación», que indignó tanto al antichavismo 2.0, alegato desmentido por los gobiernos en cuestión al señalar que se trataba más bien de la repatriación de aquel grupo de venezolanos.
Detalles del caso
La corresponsal de TeleSUR Madelein García dio otra versión de los hechos con datos y nuevos ángulos que acompañan lo expresado por Trinidad y Tobago y Venezuela.
La periodista reportó que ningún venezolano o venezolana manifestó ser perseguido político, lo que levanta cejas en torno al calificativo de «refugiados» que la ACNUR endilgó a los repatriados.
Madelein Garcia@madeleintlSUR2. La repatriación de los #venezolan@s ha revelado un #TráficoHumano, el Gobierno de #Trinidad investiga el cobro para obtener certificado de asilo político que son tramitados sin cumplir ningún requisito por la #ONG Living Water Community que a su vez los remite a #ACNUR
El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago emitió un comunicadoen el que desmiente a la ACNUR. En el documento señala que los agentes de inmigración trinitarios están investigando una posible red de trata de blancas.
El procedimiento empieza con la «facilitación» para el trámite de visado en la isla, con cáracter de «asilo» para la persona que paga por los servicios. Gente que no tiene los papeles legales para vivir en Trinidad y Tobago son la principal fuente de esta trama, por lo que las autoridades trinitarias estiman que éstas «podrían ser susceptibles de explotación por el estatus irregular de inmigración».
La ONG Hermandad Venezolana, que trabaja con la ACNUR, está involucrada en dichos trámites, por lo que está siendo investigada por el gobierno de la isla.