La oposición venezolana desperdició este domingo una posibilidad única para medir fuerzas con el gobierno de Nicolás Maduro. Si como dicen sus voceros, dentro y fuera de Venezuela, los opositores congregan a la gran mayoría de la población, ¿por qué no presentó una candidatura única que, quizás, podría haberle abierto la puerta del Palacio de Miraflores? No lo hicieron, y la excusa fue que no existían garantías de honestidad y transparencia en el proceso electoral. Olvidaron, o prefirieron olvidar, la sentencia del ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter -un crítico del chavismo- cuando en el año 2012 dijo, en el discurso anual ante el Centro Carter, que «de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo». (https://actualidad.rt.com/actualidad/view/54145-jimmy-carter-sistema-electoral-venezolano-mejor-mundo). ¿Por qué desertaron? Porque ni ellos se creían sus propias bravuconadas: sabían que no era cierto que la mayoría del electorado acompañaría a la oposición y apostaron a la abstención y a la «vía corta», para tumbar a Maduro apelando a las presiones internacionales, con Estados Unidos a la cabeza y sus peones locales acosando a Caracas. Y resulta que la abstención si bien fue elevada quedó muy lejos de la marca que la oposición esperaba para producir la deslegitimación del triunfo de Maduro. En realidad, es casi idéntica a la que hubo en Chile en primera vuelta presidencial del 2017, en donde la tasa de participación electoral también fue del 46 por ciento, y no hemos escuchado a ninguno de los publicistas y empleados de la derecha que dicen ser periodistas rasgarse las vestiduras por ello y cuestionar el triunfo de Sebastián Piñera. Pero una cosa es Venezuela y otra es Chile; la primera tiene la principal reserva de petróleo del mundo y Chile no.
Ahora, con la reelección de Maduro asegurada, contando además con la mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, la casi totalidad de los gobernadores y las alcaldías no puede haber excusa alguna que impida lanzar un combate sin cuartel contra la guerra económica decretada por el imperio y neutralizar las maniobras especulativas y el contrabando de los grandes agentes económicos locales aliados de Washington. Los padecimientos que está sufriendo la población venezolana tienen un límite.
La menor afluencia a las urnas este domingo fue una señal temprana de descontento. El gobierno, con el poder que acumula en sus manos, tiene que actuar de inmediato en el frente económico y para resistir una nueva arremetida del imperio, que puede llegar a ser violenta. Y, por favor, no enredarse en estériles discusiones sobre el cambio de la matriz productiva del rentismo petrolero: eso es un programa de cambio estructural que, con suerte, llevará quince o veinte años. Los problemas económicos que debe resolver el gobierno son de cortísimo plazo, de hoy y mañana, de una semana.
Como era de esperar la Casa Blanca movió a sus lacayos del Cartel de Lima para acosar al gobierno bolivariano y profundizar la crisis en Venezuela. No deja de ser una penosa tragicomedia que personajes tan desprestigiados como los miembros de esa banda pretendan darle lecciones de democracia a Venezuela. El tambaleante gobierno argentino, presidido por un demagogo que prometió el oro y el moro en su campaña para incumplir todas sus promesas, y que además preside un gobierno cuyos principales figuras son millonarios que no traen el dinero al país porque no confían en la seguridad jurídica que brinda su propio gobierno, amén de haber arrasado con la libertad de prensa y el estado de derecho; el gobierno de México, que en el sexenio de Peña Nieto contabilizaba 40 periodistas asesinados hasta enero de este año, y con un proceso político electoral corrupto hasta la médula por el narcotráfico y el paramilitarismo; el de Colombia, con un presidente que ha saboteado el proceso de paz y asistido impávido a la incesante matanza de líderes sociales, aparte de su participación en los asesinatos en masa de la época de Uribe, los «falsos positivos» y las fosas comunes; el gobierno de Brasil, presidido por un corrupto probado que fraguó un golpe de estado y usurpó la presidencia de ese país, y que cuenta con la aprobación del 3 % de la población y un 0.9 % de intención de voto. No creo que nadie en su sano juicio deba preocuparse por la opinión que puedan emitir estos personajes.