Han pasado 28 años desde la llegada de más de 20.000 soldados de EE.UU., por mar, aire y tierra, a Panamá, en la operación que denominó Causa Justa.

La operación fue implementada por el gobierno de George H. W. Bush, quien la justificó como necesaria para, presuntamente, proteger vidas de estadounidenses en Panamá; capturar a Manuel Antonio Noriega, último militar en dirigir la dictadura que se había instaurado en el país desde 1968; y ayudar al retorno de la democracia en el istmo.

La presencia de los militares estadounidenses, que invadieron el 20 de diciembre, se prolongó durante 14 días, cuando Noriega se entregó.

La Ciudad de Panamá fue la más golpeada por esa operacion bélica, en especial el barrio El Chorrillo, donde estaba el cuartel general del Ejército panameño. Pero también hubo víctimas en Colón y Río Hato.

El número de víctimas fatales aún se desconoce. La Comisión 20 de Diciembre de 1989, creada apenas el año pasado para investigar los sucesos, ha puesto en su página un listado provisional de víctimas, en el que constan 341 nombres.

El Centro de Estudios Estratégicos de Panamá (CEE-Panamá), una de las organizaciones independientes y civiles que han hecho censo de víctimas tras la invasión, tiene varias cifras, según los entes que las emitieron: 516 víctimas, de acuerdo al Instituto de Medicina Legal; 673 víctimas, número publicado en el periódico Panorama Católico, en enero de 1990.

Sin embargo, organizaciones locales de derechos humanos calculan que la cifra de asesinados es aún mayor: entre 2.000 y 7.000 caídos.

Entretanto, el Ejército estadounidense registró 23 bajas en sus filas.

Objetivos de la invasión

Noriega estaba en el poder desde 1983, luego de suceder a Rubén Darío Paredes y Omar Torrijos, autor del golpe de 1968. Pasó de ser aliado de EE.UU., y colaborar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración para el Control de Drogas​ (DEA), a convertirse en su enemigo.

«Noriega era una pieza de la CIA y la DEA, porque estaban financiando la ‘contra’ en Nicaragua a través de envíos masivos de cocaína al conflicto en Centro América», dice el internacionalista Jesús Millán.

Uno de los motivos del posterior descontento —señala el especialista— fue la exigencia de cerrar, en 1984, la Escuela de las Américas de EE.UU. en territorio panameño (donde funcionaba desde 1946), academia militar donde se formaron varios dictadores de América Latina, entre ellos el mismo Noriega.

Antes de la invasión definitiva en 1989, EE.UU. ya venía conspirando contra Panamá en otras áreas, con el objetivo de generar mayor desestabilización que la causada por la dictadura.

El analista internacional Julio Yao escribió en abril pasado, en La Estrella de Panamá, que en 1989 tuvo conocimiento de un documento denominado ‘Memorándum secreto-sensitivo del Consejo de Seguridad Nacional’, del 8 de abril de 1986, que determinaba la política de Washington contra Panamá, y que incluía «una campaña de acciones encubiertas para desestabilizar a Panamá, acusando a las Fuerzas de Defensa de Panamá, particularmente al general Noriega, de tráfico de drogas».

Ese documento establecía cuáles eran los objetivos de EE.UU. con la invasión y el derrocamiento de Noriega, que difieren de los proclamados por Bush: «abrogar los Tratados del Canal; asegurar el control del Canal más allá del 2000; cancelar los contactos con Japón para las alternativas al Canal y cortarle su ascenso al poder mundial».

EE.UU. entregó a la nación panameña el control del Canal en diciembre de 1999, como establecía el Tratado que para ese fin suscribieron el presidente Jimmy Carter y el dictador Torrijos en 1977; pero logró su objetivo de sacar del juego a Japón en los posibles trabajos de ampliación de esa vía interoceánica, cuestión que venía siendo negociada desde el mandato de Torrijos y continuó Noriega.

Washington justificó la invasión en base al Tratado Carter-Torrijos. Aunque antes había dicho que lo hacía en conformidad con las Cartas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Estados Unidos tiene tanto el derecho —en lo que a esto respecta— como el deber de proteger y defender el Canal, de conformidad con el Artículo IV del Tratado del Canal de Panamá, al cual el Gobierno de Panamá dio, por supuesto, su consentimiento», dijo el 21 de diciembre de 1989 el entonces secretario de Estado de EE.UU., James Baker, citado por The New York Times.

Ese artículo se refiere al pacto de neutralidad del Canal, y determina que, en tanto que vía acuática de tránsito internacional, será permanentemente neutral, conforme al régimen estipulado en aquel tratado.

Pero además, se amparó en una Declaración de Entendimiento, firmada aparte, que señalaba que ambos países defenderían al Canal de cualquier amenaza a ese régimen de neutralidad.