El trámite de EE. UU. que tiene en el limbo el caso Santrich

En medio de la polémica generada por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de suspender el trámite de extradición de Jesús Santrich hay una pregunta necesaria que, sin duda, amerita una respuesta pronta: ¿por qué, si el caso del exguerrillero es tan importante para Colombia y Estados Unidos, ese país no ha formalizado la solicitud de extradición ante las autoridades colombianas?

El hecho de que esta solicitud no exista mantiene el caso Santrich en un limbo judicial, que ha terminado por provocar tensiones innecesarias entre las instituciones de la justicia transicional y de la ordinaria.

Han transcurrido 41 días desde que el exjefe guerrillero fue detenido con fines de extradición y la petición formal para que sea enviado a la justicia de Estados Unidos no ha llegado a manos de las autoridades colombianas, según confirmó esta semana la Fiscalía, y eso ha impedido el inicio del trámite formal de extradición

En estas circunstancias, la Fiscalía no ha podido enviar a la JEP los documentos que sustentarían que el delito atribuido por la justicia estadounidense a Santrich –conspiración para enviar cocaína a ese país– fue cometido después del primero de diciembre del 2016, fecha en la cual entró en vigencia el acuerdo de paz con las Farc.

Y sin esos documentos, la JEP no puede determinar, a su vez, la fecha del supuesto delito del exguerrillero, que es sobre lo que le corresponde pronunciarse a esta justicia transicional.

Es decir, la JEP y la Fiscalía están hoy atrapadas porque falta un formalismo que le corresponde ejecutar a Estados Unidos.

Una fuente de la Corte Suprema afirma que aunque ese país tiene 60 días para presentar formalmente la solicitud de extradición de Santrich, por la importancia del caso “ya debía haberla presentado”.

Está de por medio el proceso de paz con las Farc, y esto hace de la resolución del tema del exguerrillero un asunto prioritario, en el que todas las partes involucradas deberían mostrar celeridad.

La huelga de hambre que Santrich mantenía desde el día de su captura –el 9 de abril– y que suspendió “temporalmente” este sábado, convirtió su caso en un asunto más político que judicial.

Pero el Gobierno piensa que, desde el punto de vista jurídico, la competencia de la JEP sobre el exguerrillero se activa “una vez exista una solicitud de extradición; es decir, cuando Estados Unidos presente formalmente el documento”, según dijo el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero.

En medio del limbo en el que está el caso Santrich, lo único claro es que la JEP es la que debe determinar la fecha en la que ocurrió el delito que le imputan.

Pero es un hecho que todo lo que tenga que ver con el exguerrilero será motivo de controversia, especialmente en medio de la campaña electoral.

En este tema “hay una carga emotiva muy fuerte”, dice el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre Kennet Burbano Villamarín.

Según el experto, “es normal que alarme la expresión ‘suspensión de la extradición’ en el caso Santrich, pero debe entenderse que mientras la JEP no resuelva si los presuntos delitos que le atribuyen se cometieron antes o después del primero de diciembre del 2016, no se puede extraditar”.

El exguerrillero suspende la huelga de hambre

Tras 40 días en ayuno por su captura por un supuesto plan para enviar cocaína a EE. UU., Jesús Santrich informó ayer que suspende de manera “temporal” la huelga de hambre en atención a las múltiples solicitudes que recibió en ese sentido.

“En este compás que he decidido abrir concentraré todas mis fuerzas, según mis posibilidades, en la disputa por la implementación, la reincorporación digna y colectiva, la libertad de nuestros prisioneros y prisioneras y por la unidad y cohesión interna del partido (Farc)”, dijo en un mensaje.

Análisis
Marisol Gómez G.
Editora de EL TIEMPO
Twitter: @MarisolGmezG