En carta dirigida a Jean Arnault, Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, los dos excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Farc insisten en otros incumplimientos del gobierno que ponen en riesgo el acuerdo de paz. Esto se produce dos semanas antes de la fecha en que Márquez debería posesionarse en el Senado.
A dos semanas de la posesión del nuevo Congreso de la República, todavía es un misterio si Iván Márquez, senador electo por el partido FARC, aceptará su curul. «Una secuencia de sucesos desafortunados generados por el Estado están evaporando de manera preocupante la credibilidad y la confianza en el proceso de paz», dijeron ‘El Paisa’ y Márquez, quien dejó de aparecer públicamente hace dos meses, cuando se trasladó al Espacio Territorial de Reinciporación de Miravalle, en Caquetá, a raíz de la captura con fines de extradición del también excombatiente ‘Jesús Santrich’. Esto causó mucho revuelvo y especulación a nivel nacional, pues se creía que el excomandante abandonaría la implementación del acuerdo de paz, tal como lo hizo en los 80.
Ahora, una nueva coyuntura lo involucra. Este domingo 8 de julio Márquez e Hernán Darío Velásquéz, conocido como ‘El Paisa’, encargado del ETCR de Miravalle, enviaron una carta a Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, denunciando que desde «el viernes 6 de Julio tropas especiales de contraguerrilla del ejército pertenecientes al Batallón 22 y de Alta Montaña han desplegado sobre la región del Pato un operativo terrestre que no dudamos está dirigido a sabotear la marcha de la esperanza de paz», dijeron.
Así continúa la comunicación:
«Esta novedad que revive ambientes de guerra que considerábamos superados, tiene lugar luego de sobrevuelos de aviones de inteligencia y de drones -que aún se mantienen- sobre el ETCR de Miravalle, situación que hemos informado oportunamente al señor Vicepresidente de la República.
Una secuencia de sucesos desafortunados generados por el Estado están evaporando de manera preocupante la credibilidad y la confianza en el proceso de paz.
Nos referimos a la detención de Jesús Santrich, plenipotenciario de las FARC en la Mesa de negociaciones de La Habana, sobre la base de montajes mentirosos de la Fiscalía General de la Nación, injusticia que se ha prolongado en el tiempo por la indiferencia de quienes pueden y deben decretar su libertad. No hay razón Estado más poderosa que salvar un Acuerdo de Paz.
Nos referimos a los incumplimientos en lo esencial del acuerdo para la terminación del conflicto, como el hundimiento de la Reforma Política por el Congreso. Al olvido de la Reforma Rural Integral cuando el problema de la no tenencia de la tierra ha sido considerado causa principal del conflicto que intentamos apagar. La transfiguración de la sustitución de cultivos de uso ilícito en erradicación forzosa, engañando así a los campesinos, que además no reciben un tratamiento penal diferencial.
Como un lastre que impide al proceso levantar el vuelo están las modificaciones a la JEP, Jurisdicción que fue concebida para todas las partes involucradas en el conflicto, no para una sola. La que promueven hoy no es la JEP que acordamos en La Habana. Es otra cosa luego de su paso por las manos del Fiscal, del Congreso, la Corte y el propio Ejecutivo. En su destrucción han participado todas las ramas del poder público que parecen coaligadas en torno a la impunidad para los poderosos.
La paz de Colombia está atravesando una peligrosa turbulencia que la puede empujar definitivamente al abismo de los procesos fallidos. Sólo la movilización del pueblo colombiano en defensa de la concordia y la reacción de organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea pueden salvar la paz.
Seguimos esperando una respuesta perentoria de neutralización por parte de las autoridades a la endemoniada máquina de muerte que está decapitando a los líderes sociales en Colombia».