El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigiendo al Consejo Permanente «reconocer» a Juan Guaidó como presidente. Enero, 2019 (Foto: AFP)
El retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) es un hecho inédito.
Cuba es la única nación del continente que no forma parte de esa organización a causa de su expulsión en 1962, a modo de castigo a la revolución encabeza por Fidel Castro. No existe un caso registrado de la activación de los instrumentos de separación voluntaria de un país de dicha instancia.
Venezuela, el 26 de abril de 2017, dio inicio al proceso de retiro de dicho ente por instrucción meridiana del presidente Nicolás Maduro. De esa manera se invocó el artículo 143 de la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1948.
Este instrumento prevé la denuncia mediante carta al Secretario General y demás países miembros, quedando señalado que, «transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta (la carta fundacional de la OEA) cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta».
Al Estado venezolano le ha correspondido el cumplimiento de dicho lapso y el pago de sus obligaciones ante esta instancia.
Cumpliéndose estos requisitos, Venezuela marca el destino de una organización que se desarticula, a consecuencia de actos espurios claramente injerencistas producto de una alineación de gobiernos de derecha en la región, tutelados en la OEA, mediante la acción directa de la Administración Trump. En este sentido, las acciones de Luis Almagro son claves. La diligente antipolítica ejercida por el Secretario General será referencia para el registro de la decadencia absoluta en la que esa organización se sumerge de manera incuestionable.
En los últimos dos años el proceso político de separación ha sido claramente inducido conforme lo han sido los actos de injerencia, que en estos momentos alcanza un momento crítico acompañando la formulación de un para-estado y la construcción de una institucionalidad paralela dentro y especialmente fuera de Venezuela, mediante el patrocinio de la Casa Blanca.
CABILDEO E INJERENCIA
Es indispensable señalar primeramente la situación política de Venezuela en dicho ente en los últimos dos años. Para empezar, el factor denominador que ha regido el funcionamiento de la OEA, ha sido el cabildeo de la política exterior estadounidense sobre la organización a expensas de un importante repunte político de los gobiernos de derecha en la región.
La puja interna en la organización tuvo eventos relevantes. Uno de ellos fue el de la aprobación en junio de 2018 de una resolución que buscó generar las condiciones para la suspensión de Venezuela del organismo. Esa resolución calificó por fuera de los «estándares internacionales» las elecciones del 20 de mayo de ese año, en las que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto con el 68% de los votos totales.
Mediante votación nominal, con 19 votos a favor, 11 abstenciones y 4 votos en contra, fue aprobada esta resolución. No obstante EEUU, promotor de la iniciativa, no logró la suspensión automática de Venezuela. Pero el argumentario esencial de refutar las elecciones del 20 de mayo, sería el hilo narrativo central que establecería una nueva hoja de ruta de asedio de espectro total contra Venezuela, teniendo su punto clímax en la escena regional, precisamente desde la OEA y desde esa resolución.
La imposibilidad de agrupar los dos tercios de votos de los miembros del Consejo Permanente a lo largo de varias sesiones llevó a EEUU y sus satélites a reconfigurar su estrategia en el frente externo a Venezuela, dando inicio al Grupo de Lima, como una instancia, si bien no vinculante o formal, bastante beligerante para posicionar el tema venezolano como foco especial de asedio, amedrentamiento, presiones y legitimación del bloqueo económico contra el país.
El artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana, texto que guarda el espíritu del ente, dice expresamente: «Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen».
No obstante el gobierno de EEUU y otros países del denominado Grupo de Lima, dentro de la OEA y fuera de ella, han sido emblemáticos en la violación sistemática de ese documento, atentando contra el espíritu del modelo político de Venezuela, negando sus instituciones y los legítimos derechos ejercidos a través del voto por parte de la población venezolana.
LA CONDICIÓN DE MIEMBRO COMO MECANISMO DE PRESIÓN
Durante los últimos dos años se ha construido la narrativa de que Venezuela se retira del ente para actuar como «Estado forajido» a sus anchas, sin tener que someterse a las obligaciones impuestas en la organización. Tal narrativa ha servido para afianzar la criminalización del país.
De hecho, se establecieron presiones específicas contra Venezuela para renegar del obstracismo político en que quedaría el país y las consecuencias negativas sobre la economía venezolana, que tendría el retiro del ente y su salida de las permisologías, tratados, acuerdos y protocolos comerciales del «sistema interamericano».
De esta forma, y mediante el acompañamiento de la agenda de asfixia diplomática y ecomómica de EEUU, la OEA desgastó todos los elementos disuasivos para hacer replegar a Venezuela en su decisión de retirarse del ente. Lo que quiere decir que para la burocracia interamericana, la inminencia del retiro significó un factor de alarma. En simultáneo, el presidente Maduro afianzó su posición en el gobierno, terminó su primer período presidencial y las perturbaciones inducidas desde el extranjero no lograban cambiar el gobierno de Caracas.
EL PROTO-ESTADO EN EL EXTRANJERO
Desde inicios de 2019 Washington decidió acelerar presiones multifactoriales contra Venezuela, creando una «presidencia interina», pero sin dimensiones reales, como dispositivo operativo de un para-estado que reposa en la figura del diputado Juan Guaidó.
Como es sabido, la posición de Guaidó es irrelevante para efectos de la política interna de Venezuela. Pero sobre él se intenta legitimar ante la opinión pública el saqueo en curso contra Venezuela. A saber: secuestro de activos venezolanos en EEUU, arbitraje sobre los recursos venezolanos (tanto físicos como financieros) y la creación de una diplomacia portátil, nombrada, en teoría, por Juan Guaidó, mediante una componenda con partidos antichavistas en Venezuela.
La Administración Trump coloca estos hechos como avances de la estrategia, vendiendo como «exitoso» su patrocinio al gobierno artificial de Guaidó, desarrollando así el modelo de asedio y relaciones exteriores de la gestión Trump como una forma más elaborada de los modelos de gobiernos paralelos en el exilio creados para Libia y Siria respectivamente, que tuvieron la patente de Hillary Clinton y la «primavera árabe».
El pasado martes 9 de abril la OEA aprobó una polémica resolución en el seno de la organización en la que reconocieron formalmente a Gustavo Tarre Briceño como único representante de facto de Venezuela. El evento tuvo el cuidado de intentar preservar la formalidad. En teoría, no era Guaidó como Presidente de la República, sino Guaidó como Presidente del parlamento, quien hacía efectivo el nombramiento del «embajador».
¿La resolución en cuestión marcó un hito en la historia del organismo diplomático regional, el cual nunca antes había reconocido al representante diplomático designado por un «jefe de Estado» fuera de funciones?. La contradicción queda expuesta por sí sola.
La resolución del Consejo Permanente de la OEA (CP/RES 1124) usa como base legal lo establecido en el artículo 80 de la Carta de la OEA, el cual establece que cada gobierno de los Estados miembros de la organización tiene la atribución de acreditar a su representante interino.
El Artículo 80 de la Carta de la OEA indica expresamente que «El Consejo Permanente de la Organización se compone de un representante por cada Estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo con la categoría de embajador. Cada Gobierno podrá acreditar un representante interino, así como los representantes suplentes y asesores que juzgue conveniente».
Aunque el debate en la OEA se basó en decretar que la Asamblea Nacional en desacato y fuera de funciones en Venezuela es la «única instancia legítima» del país y que por ello era indispensable aceptar a Tarre Briceño, para efectos de aplicar el Artículo 80 el Consejo Permanente adjudicó a Guaidó poderes presidenciales que no tiene. La resolución además violentó la Constitución venezolana que habilita sólo al presidente de la República a nombrar al representante ante la OEA.
De igual forma, mencionaron el Artículo 3 del Estatuto del Consejo Permanente de la OEA como base legal para la resolución CP/RES 1124, ese artículo en cuestión señala que, a la hora de designar un nuevo representante interino, el gobierno de cada país lo comunicará al secretario general de la organización. Reza el texto: «El Gobierno de cada Estado Miembro comunicará al Secretario General el nombramiento de su representante, así como el nombramiento de los representantes suplentes y asesores y, cuando sea del caso, el de los representantes interinos. El Secretario General, por su parte, comunicará al Consejo Permanente cada vez que un Estado Miembro acredite un nuevo representante permanente ante la Organización».
LA DERIVA POLÍTICA A PARTIR DE AHORA
El gobierno artificial de Guaidó, se dispondrá a tomar las sedes diplomáticas de Venezuela en Washington, una vez la delegación venezolana haga su retiro como está previsto. A estas horas, es sabido que activistas contra la intervención de Venezuela han tomado esos espacios en resguardo. Este hecho sugiere que el gobierno estadounidense seguramente tome cartas en el asunto colocándose en la posición paternal de otorgarle una sede a su gobierno paralelo en Venezuela, que al fin se hará de una sede diplomática.
Justo a solo semanas del vencimiento del plazo para la salida de Venezuela de la OEA, los países miembros del Consejo Permanente de la OEA por instrucciones de la Casa Blanca, han decidido apurar un proceso para sostener, también paralela y artificialmente, la presencia de Venezuela en esa organización.
La OEA ya ha sesionado y 10 países fustigaron la presencia de Tarre Briceño en la mesa, quedando claras las posiciones como en ocasiones anteriores. No hay novedades sobre la correlación de fuerzas políticas en ese foro.
En la OEA las discusiones seguirán centrándose en Venezuela, ahora con una voz que en nombre del país patrocinará nuevas resoluciones adversas al interés nacional. Estos eventos concurrirán ante el hecho consumado de la presencia de un «Embajador» sin gobierno en Caracas y con el país de hecho, ya fuera de la organización.
La salida ya consumada de Venezuela y de su gobierno legítimo de la OEA y del sistema interamericano, será insumo indispensable del argumentario del «país forajido». Ello implica que Washington continuará manufacturando consensos en su política interna y externa para seguir desarrollando su hoja de ruta destituyente en Venezuela.
El agotamiento institucional del ente se apreciará en el corto plazo mediante el afianzamiento de la diatriba y la ruptura de las formalidades elementales de gobernanza interna. Sobre este ítem es indispensable sopesar la gestión de Luis Almagro, ahora sujeta a revisión y a las puertas de una próxima elección del Secretario General, sobre una estructura frágil y marcada por amplios disensos.
Los espasmos recientes en la OEA, son sintomáticos de que agenda estadounidense para el continente es muy agresiva. Y ello debe verse con amplitud. En el hecho, el desmantelamiento de la UNASUR, la creación de PROSUR, el afianzamiento de la Alianza Pacífico y el estancamiento de la CELAC, son elementos ejemplarizantes del proceso de remodelación del sistema de relaciones internacionales que se había construido en años recientes.
Washington además está demostrando que aún en las trama de la convulsa administración Trump, su planteamiento táctico está siendo exitoso y está apalancado por el vigente ciclo de repunte de las derechas en la región.
No hay que desincorporar a ese ítem el asedio directo a «la troika», Venezuela, Cuba y Nicaragua, países principales de la ALBA-TCP, nudos críticos en este punto de desfiguración de las relaciones políticas regionales y que el gobierno venezolano ha denunciado como el resurgimiento de la Doctrina Monroe a cargo de los neoconservadores en el poder en EEUU.
Lo que ocurre es un proceso de reversión de las estructuras formales de contrapeso geopolítico que habían cuajado en el ciclo progresista latinoamericano. Estas contradicciones han generado que el proceso de contrapeso se haya tercerizado a un factor extraregional. China es el único factor de proporción que está disputándole a EEUU influencias en la región, una vez se generó un gran desgaste en las facultades de disputa que Venezuela alcanzó a mediana escala en años anteriores.
El momento impone nuevos movimientos y estos caen con especial énfasis ahora sobre Venezuela y los países del ALBA como única fortificación contrahegemónica en el continente.