Eva GolingerEl golpe de Estado en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales ha puesto en marcha la instalación de un régimen de facto con marcadas tendencias fascistas, racistas y violentas. La gravedad de la situación se manifestó en una marcha pacífica y multitudinaria desde El Alto hacia La Paz, cuando el pueblo humilde, cargando a hombros los ataúdes con sus muertos –fruto de la represión policial y militar del gobierno de facto– fue violentamente reprimido con gas y plomo por las fuerzas del régimen. Qué nivel de crueldad reprimir una marcha pacífica y humilde, que llevaba a sus muertos en brazos.
Justamente, lo más emblemático del régimen de facto en Bolivia, encabezado por la senadora derechista y ultraconservadora Jeanine Añez, ha sido su violenta represión y persecución de todo lo que huele a Evo Morales o a su partido, el MAS. El ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, ha declarado orgullosamente al New York Times que está «cazando a Juan Ramón Quintana», exministro de la Presidencia de Evo Morales, como «un animal». También dijo a The Guardian que quiere «encarcelar a Evo Morales por el resto de su vida», acusándolo de «terrorista». Ese lenguaje es el de un fascista, y evidencia la gravedad de la persecución que Bolivia está viviendo.
Este mes, quiero ceder este espacio al análisis realizado por uno de los perseguidos por el régimen de facto en Bolivia, cuyo nombre reservaré por el grave peligro y persecución que está actualmente enfrentando en su país. El rol de las fuerzas armadas y la policía en el golpe contra Evo no puede ser subestimado. Y tampoco, la mano injerencista de Estados Unidos:
Bolivia vive un momento más de desgarramiento social y político en su larga historia de inestabilidad y golpismo cívico-policial-militar. Lo que le ocurre, más allá de la tragedia que vive este pueblo heroico, tiene demasiadas paradojas como para dejarlas pasar por alto. La primera de ellas, es la hasta ahora incomprensible aventura destructiva de un país que enfilaba al siglo XXI por la ruta inédita del crecimiento económico, la estabilidad política y la justicia social.
La segunda paradoja, es sostener que hubo sucesión constitucional cuando en realidad lo que ocurrió fue un asalto planificado al poder. Desde la realización de cabildos sucesivos en el país como simulación democrática hasta el motín policial, lo que hubo fue un manejo del tablero político arteramente orquestado, desde tiempo atrás, en las entrañas del imperio con la complicidad de las élites regionales racistas que se enfundan en una religiosidad casi macabra.
La tercera paradoja, es el penoso papel de los medios de comunicación, que hoy son una maquinaria de manipulación vergonzosa al servicio de los intereses empresariales monopólicos. Junto a la panoplia de la mentira sistemática, dirigida desde la diplomacia pública norteamericana, las redes sociales cumplieron el perverso papel de filtrar desproporcionadamente, en contenido como en alcance, sólo la supuesta «maldad masista y el descomunal fraude», encubriendo al mismo tiempo la brutalidad y la violencia del paramilitarismo comiteísta cruceño, de las bandas armadas cochalas o del sicariato paceño.
La cuarta paradoja tiene que ver con el papel de la estructura monopólica de la violencia legítima destinada a proteger el Estado y al ciudadano, cuando en la realidad lo que ahora produce es violencia, muerte y terror estatal para sostener un régimen ilegítimo contra la voluntad popular mayoritaria. Nunca como ahora policías y militares enfundados en la supuesta defensa de la democracia y el control de la protesta callejera llevaron tan lejos sus armas represivas comandados desde «cuartos de guerra».
Los militares por dentro
Después de 16 años de haber ejecutado una de las mayores masacres sangrientas contra el pueblo de El Alto, que supuso sanciones penales y encarcelamiento para los mandos de la época, las Fuerzas Armadas (FFAA) retornaron a las calles vestidos con su inconfundible kaki norteamericano, con la misión de enfrentar la escalada de conflictos sociales en todo el país. El domingo 10 de noviembre, el Comandante en Jefe de las FFAA, General del Ejército Kalimán, aparentemente desconcertado y con voz trémula, dispuso la salida de las FFAA a las calles cuyo resultado trágico hasta hoy supera los 20 muertos, escenario que había sido evitado hasta el final por el presidente Evo Morales. Nada hace prever que esta decisión conduzca a Kalimán y sus comandantes sayones al mismo lugar donde cumplen sentencia sus antecesores responsables de la masacre sangrienta de El Alto en octubre del 2003.
La autonomía política del Gral. Kalimán en el momento de mayor crisis social y política, que precipitó el golpe definitivo, retrata de alguna manera no solo el fracaso del mando político sobre la milicia, sino la incomprensión de su ethos profesional, su cultura e ideología corporativa conservadora, pragmática, oportunista e inmediatista.
La valoración sobre la gestión de Evo Morales recorre los pasillos de los cuarteles. Sostienen que Evo los mantuvo fuera de todo conflicto social durante 13 años, equipó a la institución, incrementó su legitimidad ante la opinión pública, elevó su nivel salarial y su calidad de vida, y su incursión en tareas sociales y desastres naturales, permitió ser considerados por el gobierno como «soldados de la patria».
Empero hoy, un régimen de facto, comandado por un grupo político radical y dirigentes religiosos fanáticos, está conduciendo a las FFAA a enfrentar el desprecio mayúsculo de la sociedad y la condena internacional, cuyos efectos difícilmente serán superados en las próximas décadas. A esto se suma el cuestionamiento de sus altos mandos y a un nivel de desconfianza interna sin precedentes.
El golpe de Estado contra el proceso democrático liderado por Evo Morales tiene el sello inconfundible de las FFAA como actor protagónico, aunque fue la Policía Nacional quien encabezó el golpe desde la ciudad de Cochabamba el día viernes 8 de noviembre. Al parecer, el domingo 10 de noviembre del 2019, pasará a la historia como uno de esos días tragicómicos en el que un general mediocre y oportunista como Kalimán, con un Estado Mayor pusilánime y envilecido, decidieron resignarse a servir los intereses de una Policía éticamente descompuesta, moralmente destruida y patéticamente circense, que usó la biblia como escudo religioso para legitimar su sobrevivencia.
La Policía por dentro
El golpe de Estado promovido por las fuerzas policiales desde la ciudad de Cochabamba contra el gobierno de Evo Morales era un secreto a voces que fue maliciosamente ignorado por el Ministro de Gobierno, hábilmente manejado por el Comandante General de la Policía y eficientemente articulado por las fuerzas opositoras de derecha, que sabían desde años previos que la Policía Nacional constituía un aliado formidable para sus planes desestabilizadores. La oposición, asesorada por agentes externos, hizo trabajo de relojería dentro de la Policía, mientras el gobierno las ignoraba o solamente apelaba a ellas en casos de conflictividad social
Durante los 13 años del gobierno de Evo Morales no se tuvo la capacidad de generar una política de institucionalización, modernización ni disciplinamiento profesional de las fuerzas policiales. Los privilegios policiales, las prácticas de corrupción, así como los amplios márgenes delictivos de naturaleza corporativa, solo operaban y funcionaban en los niveles de mando dejando a los subalternos apenas las migajas o «mordidas», situación que potenció el malestar policial subalterno cuya responsabilidad apuntaba al gobierno nacional.
A esto se sumó el tratamiento inequitativo del gobierno nacional en favor de las FFAA –construcción de edificios, campos deportivos, compra de equipo y material militar, inversiones costosas en tecnología como radares etc.–, que alimentó un fuerte rencor antimilitar y antigubernamental dentro de las fuerzas policiales.
Ante la displicente relación entre Evo Morales y la Policía, el gobierno nacional llevó a cabo una política de cercenamiento de sus principales fuentes institucionales de recaudación, siendo las principales la otorgación de carnets de identidad y la lucha contra el contrabando. Aunque las decisiones fueron correctas, dirigidas a eliminar la corrupción, éstas fueron interpretadas de modo distinto por la Policía en su afán de preservar nichos de privilegio burocrático.
El golpe policial apoyado e impulsado en las calles por las protestas clase medieras dejó entrever su finalidad multifacética. Sirvió como la mejor oportunidad para vengarse del gobierno por el conjunto de maltratos y desplazamientos institucionales, una suerte de catarsis corporativa inflamada en una retórica de odio y religiosidad que estalló sin que nadie se percatara de su potencial efecto.
La retoma policial de instituciones, espacios y prerrogativas formó parte de las promesas del caudillo cruceño Luis Fernando Camacho para precipitarlas al golpe, objetivo que se cumplió casi quirúrgicamente. En unos de los cabildos realizados en Santa Cruz Camacho se comprometió a devolverles todas las instituciones «arrebatadas injustamente por el gobierno nacional» y otorgarles un tratamiento salarial y beneficios de jubilación similares a los de las FFAA, un incentivo sin duda irrefutable.
Empero, la autonomía policial en este contexto de crisis, se traduce en una peligrosa actuación de pequeños grupos que operan con independencia del mando central. Este clima incierto, con un gobierno que apela al discurso recalcitrante y un ministro de gobierno impulsado por odios atroces contra funcionarios de gobierno, está promoviendo la constitución de grupos policiales armados junto a bandas de paramilitares que trabajan bajo una lógica sicarial y vengativa.
Está claro que militares y policías constituyen las cornisas en las que se asienta el poder del gobierno golpista. También parece claro que estas cornisas sostienen disputas históricamente irresueltas e irreconciliables que con el paso de los días ofrecerán escenarios de mayor fractura y polarización. Más allá de su carácter provisorio, un gobierno con sentido común debiera empezar a conocer, aunque superficialmente, las profundas fracturas corporativas para evitar ser derrotados por sus consecuencias. Sin embargo, el gobierno golpista sólo mira la sombra y no el hueso, y por ello, su tiempo es tan breve como el estallido convulso de ambos cuerpos que empiezan a retorcerse para anularse o destruirse mutuamente.
Con una Policía Nacional enajenada por sus múltiples contradicciones internas y unas FFAA desconcertadas por la dimensión del conflicto y sus futuras responsabilidades política, jurídicas e institucionales, los bolivianos viven un panorama desolador.
Aunque Bolivia vaya a nuevo proceso electoral, sin la presencia de Evo Morales, Alvaro Garcia Linera u otros miembros de su partido, las heridas causadas por este violento golpe a su democracia y al estado de derecho no se van a recuperar. Hace falta denunciar ante la comunidad internacional las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de facto de Añez. Hace falta un clamor internacional en contra de la persecución y represión del pueblo, y de los miembros del partido y gobierno de Evo Morales, quienes temen por sus vidas y han sido forzados al exilio o al resguardo. Eso no es ninguna «transición democrática». Es una purga fascista que busca neutralizar y subyugar al pueblo digno. Mantener el silencio frente a tanta injusticia, sería un crimen de complicidad.
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