Manifestación contra el presidente de EE.UU. Donald Trump, en Caracas. 14 de agosto de 2017.Ueslei Marcelino / Reuters
Según el gobierno venezolano, las medidas coercitivas unilaterales le han causado pérdidas a la nación por el orden de los 40.000 millones de dólares.
Hace 5 años, el 9 de marzo del año 2015, el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, declaró una emergencia nacional contra Venezuela, tras considerar que la situación política del país caribeño constituía «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad y política exterior de Washington.
La declaración, que figura en el Decreto 13692, sentó las bases jurídicas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. En un primer momento, las sanciones —que incluyeron la congelación de los activos ubicados en los EE.UU.— se dirigieron a diversos funcionarios de alto rango.
No obstante, ese régimen inicial ya tenía el potencial de ser extendido a «toda persona» que el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, determinara como «responsable o cómplice» de acciones que EE.UU. definiese unilateralmente como «ilícitas».
Primeros alcances
Los primeros motivos para ser objeto de sanciones por parte de EE.UU. eran, por ejemplo, «ser o haber sido funcionario del Gobierno de Venezuela», lo que atribuía «culpabilidades» basadas en la asociación de una persona con el Gobierno, y no en el hecho de haber cometido un acto ilícito en sí.
En este decreto, se entendía por «Gobierno de Venezuela», cualquier subdivisión política, organismo o agencia del Estado, o funcionario. Durante la Administración de Obama fueron 7 los funcionarios sancionados. Pero, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Departamento amplió sus medidas unilaterales.
Sin embargo, varios años han pasado y el impacto de las sanciones no ha discriminado entre Gobierno y oposición. Los venezolanos, en su totalidad, padecen hoy las consecuencias de esas medidas, por lo que desde ambos sectores políticos coinciden en el rechazo a esta estrategia de presión.
«El debate sobre las sanciones está muy distorsionado por intereses políticos. Por un lado, la narrativa oficialista atribuye a las sanciones la causa única de la crisis económica y por el otro lado, el sector de la oposición afirma que las sanciones son solo contra funcionarios corruptos, negando que hay sanciones económicas que afectan a todo el país», señala el economista opositor venezolano Víctor Álvarez.
Las medidas coercitivas, además, no solo son las que figuran en los decretos públicos. De acuerdo con el Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela (UCV) Luis Quintana, «han operado sobre Venezuela sanciones informales o de facto, que no están establecidas en ningún documento oficial, y hay sanciones formales establecidas mediante instrumentos jurídicos y administrativos. Las primeras vienen aplicándose desde hace al menos una década».
Según Quintana, estas sanciones «informales» se manifestaron principalmente en el sobredimensionado riesgo país, que multiplica exponencialmente el costo de la deuda soberana de Venezuela y en las restricciones financieras sobre operaciones de comercio internacional, que se vinculan a la importación de alimentos, medicamentos y repuestos estratégicos para empresas y servicios públicos.
Golpes directos
En agosto de 2017, Trump promulgó el Decreto número 13808, a través del cual prohibió la compra directa o indirecta de valores procedentes del gobierno de Venezuela; recrudeciendo el boicot financiero y la política de aislamiento de la banca privada y pública, y afectando gravemente las operaciones de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA). La medida impidió que el país tuviese acceso a los mercados financieros de los EE.UU. y significó el inicio de una fuerte caída en la capacidad importadora de la nación.
En marzo de 2018, Trump dictó el Decreto número 13827, que prohíbe toda transacción relativa a la expedición y el uso de cualquier tipo de dinero electrónico, moneda digital o token digital por parte del Gobierno de Venezuela. Semanas antes, el presidente, Nicolás Maduro había lanzado la criptomoneda «Petro».
Después, el 21 de mayo de 2018, tras la reelección de Maduro, Trump arremetió con el Decreto 13835, que recrudeció las prohibiciones de transacciones u operaciones de refinanciamiento de la deuda venezolana, aplicadas no solo al Gobierno, sino a todos los entes estatales, entre ellos el Banco Central de Venezuela (BCV) y nuevamente PDVSA.
«Estas sanciones afectaron el comercio de bienes desde y hacia Venezuela, las transacciones financieras internacionales del Estado y de las entidades económicas que tienen vínculos con éste, la capacidad de emitir deuda soberana nueva y la capacidad de refinanciar la deuda ya asumida, así como el comercio petrolero y la cadena de suministros asociada a esta industria», detalla Quintana, quien considera que estas medidas fueron el inicio de una debacle.
La debacle
El 1 de noviembre de 2018, con el Decreto 13850, Trump estableció un marco para bloquear los activos y prohibir las transacciones de personas que operaran en el sector oro o «en cualquier otro sector de la economía que determine el Secretario del Tesoro».
De hecho, el 28 de enero de 2019, según ese mismo decreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro clasificó como «empresa designada» a PDVSA. Como consecuencia, todos los bienes y las participaciones de la estatal petrolera que se encuentran dentro de la jurisdicción de los EE.UU. (incluyendo la filial CITGO) fueron bloqueados, y se prohibió en términos generales que los ciudadanos y las compañías estadounidenses realizaran operaciones con la empresa.
La fuerza de estas últimas medidas despertó el repudio más allá de las fronteras del país suramericano. «EE.UU. ha estado aprovechando las vulnerabilidades de Venezuela para iniciar una guerra económica subliminal (…) Sin embargo, a partir del 28 de enero de 2019, EE.UU. ha declarado una agresión económica en toda su magnitud. Así pues, declararon un bloqueo contra PDVSA que controla las mayores reservas de petróleo del mundo y produce prácticamente la totalidad de las divisas de Venezuela», afirmó el economista estadounidense Steve Hanke para la revista Forbes.
Los privados también pierden
Luego, el 5 de agosto 2019, la orden ejecutiva 13884 amplió el programa de sanciones a la categoría de «embargo«. Fue así como EE.UU. procedió al bloqueo de todos los activos del Estado venezolano en territorio estadounidense y autorizó la aplicación de sanciones secundarias contra empresas o países que tuvieran relaciones comerciales con Caracas.
«Esto quiere decir que los proveedores y contratistas privados de PDVSA, y demás empresas publicas, serán sancionados, lo que también afecta a la empresa privada. Lamentablemente, la polarización política lleva a estos sectores empresariales perjudicados a no pronunciarse en contra de las sanciones para no ser considerados una caja de resonancia del gobierno de Maduro», sostiene Víctor Álvarez.
Jeffrey Sachs, profesor de economía y asesor superior de las Naciones Unidas, admitió en un informe que «aún más graves y destructivas» que las medidas de agosto de 2017, fueron las impuestas por Washington en enero del año pasado y sus acciones posteriores. Sobre ellas, dijo: «estas sanciones quedarían comprendidas en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en los convenios internacionales de Ginebra y de La Haya».
El pueblo, el principal afectado
Venezuela es un país altamente dependiente del petróleo, que consigue con la exportación de ese producto 96 de cada 100 dólares. Por eso, el impacto de las sanciones se puede medir por la abrupta caída del Producto Interior Bruto (PIB), lo que se tradujo en una fuerte contracción económica que afectó el bolsillo de todos los venezolanos.
«Si las sanciones fuesen inocuas para la gente, seguramente Trump no las aplicaría. Él lo hace porque cree que estrangulando a PDVSA y a la economía nacional puede provocar el estallido social que desemboque en la caída de Maduro. Por un lado, denuncia la grave crisis provocada por el gobierno, pero, por otro, se endurecen las sanciones que no hacen otra cosa que agravar la tragedia», considera Álvarez.
Asimismo, al verse reducidos los ingresos del Estado, surge una escasez (y mayor demanda) de divisas, que ha disparado la inflación y depreciado la moneda oficial, el bolívar, a mínimos históricos.
Quintana agrega que, precisamente, los efectos de las sanciones «han restringido severamente la capacidad del Gobierno de ejecutar las políticas públicas que permitan a millones de venezolanos ejercer sus derechos fundamentales», como la salud o la alimentación.
Las medidas coercitivas de carácter económico se dictaron a finales del año 2018 y las petroleras, más fuertes y destructivas, se aplicaron en enero de 2019. Por ende, el real efecto de medidas está apenas manifestándose. Actualmente, pocos desean adquirir bonos de Venezuela y de PDVSA, mientras que los tenedores actuales se niegan a negociar una reestructuración.
Al respecto, Quintana advierte: «Las sanciones tienen un impacto devastador en la economía y contribuyen de forma determinante en la agudización de la crisis política. Su continuidad indefinida en el tiempo hará imposible la superación de la crisis económica y, con seguridad, va a agravar las condiciones de vida más básicas de la población».
A juicio del experto en geopolítica, la única perspectiva de atenuación de las sanciones es «la posibilidad, aunque precaria, de que las partes del conflicto venezolano lleguen a un acuerdo político integral, pero siempre que este acuerdo cuente con la facilitación y acompañamiento de actores internacionales relevantes que sirvan de contrapeso al Gobierno de EE.UU.».
Sin embargo, ese panorama parece muy lejano aún debido a la postura asumida por el diputado Juan Guaidó, reconocido por Washington como «presidente interino» de Venezuela, quien anunció el endurecimiento de las sanciones después de una gira internacional efectuada a inicios de este año. Álvarez apunta que el reciente castigo dictado contra la aerolínea nacional Conviasa es prueba de que EE.UU. desea sumar el deterioro de ese empresa «al colapso en los servicios» que ya existe en el país, generado porque los proveedores ya no quieren suministrar insumos ni repuestos.
Esta semana, Trump envió una carta al Congreso estadounidense para extender «más allá del 8 de marzo del 2020» la Orden Ejecutiva 13692, con respecto a la situación en Venezuela.
Por su parte, el gobierno de Venezuela interpuso ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia contra las autoridades de EE.UU. por «crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano» y emprendió una campaña que busca darle visibilidad a esa realidad, puertas adentro, con el lema «las sanciones son un crimen».
Jessica Dos Santos