Por Ernesto Cazal
Petroleros anclados frente a Maracaibo, estado Zulia. Foto: Andrew Álvarez / AFP
El escenario de asfixia económica-financiera-comercial que impuso el gobierno de los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela es una pieza más del rompecabezas en la estrategia de guerra irrestricta que lleva a cabo contra el país de la Cuenca del Caribe.
En específico, tiene repercusiones en la carta de navegación de los barcos que son de Venezuela o tiene relaciones comerciales y de otros índoles con el estado y empresas privadas. Para respaldar tal agenda asfixia, la Armada estadounidense tiene un despliegue múltiple en todos los puntos del planeta, que funciona como policía militar y móvil destacado para operaciones navales y ejercicios militares de distinto tipo.
“Por mar podemos llegar al lugar con mayor rapidez, quedarnos allí por más tiempo, llevar con nosotros todo lo que necesitamos y no tenemos que pedirle permiso a nadie”, reza la Estrategia de Cooperación para la Fuerza Naval del Siglo XXI de la Armada gringa.
La doctrina de espectro completo del Pentágono contempla una patente de corso para sí mismo y para sus aliados de mayor confianza, y una restricción militar a todo lo que navegue con banderas sancionadas por el Departamento del Tesoro o que amenaza de manera castrense sus planes trazados, así como los de la Casa Blanca propiamente.
Venezuela está siendo acosada en los últimos años por dicha estrategia, que con el bloqueo dictado por Washington y las consecuencias que suscita, más otras operaciones a favor del “cambio de régimen”, trazan un cerco en alta mar y a orillas de las costas caribeñas.
El principal objetivo: la industria petrolera
Recientemente, la agencia Reuters reportó que petroleros con cargamento de petróleo listos para ser comercializados “están atrapados” desde hace casi dos meses en alta mar debido a que “las refinerías mundiales rehuyen del petróleo del país sudamericano para evitar caer en las sanciones de Estados Unidos, según fuentes de la industria, documentos de PDVSA y datos de envío”.
Las exportaciones de petróleo por parte de PDVSA son la principal diana de Washington.
Al mismo tiempo que el Departamento del Tesoro incluye en una lista negra a barcos y comerciantes que se involucran en el comercio y el transporte del petróleo venezolano, amenaza con agregar más a su lista de entidades “sancionadas”.
Reuters cita los datos de Refinitiv Eikon:
“Al menos 16 petroleros que transportan 18,1 millones de barriles de petróleo venezolano están atrapados en aguas por todo el mundo, mientras compradores los evitan para evitar las sanciones. Eso equivale a casi dos meses de producción a la tasa de producción actual de Venezuela”.
Cuenta la agencia que algunas de las embarcaciones “han estado en el mar durante más de seis meses y han navegado a varios puertos pero no han podido descargar. Las cargas de petróleo rara vez se cargan sin que tengan un comprador. Los que están en el agua sin tener quien los adquiera generalmente venden con un descuento”.
La carga financiera de cada petrolero suma grandes pérdidas a medida que continúa el retraso diario en la descarga de crudo. El costo de un barco que transporta petróleo venezolano es de al menos 30 mil dólares por día.
Las compañías petroleras que tienen como cliente a PDVSA no han podido conseguir comprador a raíz de las medidas coercitivas unilaterales. “Incluso los clientes de larga data de PDVSA están luchando para completar las transacciones que están permitidas bajo sanciones, para el pago de la deuda o el intercambio de alimentos”, señaló un ejecutivo bajo condición de anonimato a Reuters.
Esta es una situación crítica de las exportaciones venezolanas, en un momento en el que la mayoría de los países productores de petróleo continúan teniendo dificultades para comerciar sus altos inventarios en un mercado sobre abastecido.
Todo ello ayuda a Estados Unidos a que disminuya el apetito de muchos compradores por petróleo venezolano.
Básicamente lo que ha logrado el gobierno de Donald Trump es montar un cerco naval en alta mar sobre el comercio de crudo venezolano, evitando que el estado liderado por Nicolás Maduro pudiera surtirse de divisas para abastecerse de bienes y servicios esenciales a la República Bolivariana y su población, minando al mismo tiempo la industria petrolera gestionada por PDVSA.
Dicho objetivo estaba claro desde el principio, cuando Trump decidió emitir una orden ejecutiva el año pasado que profundizaba el cuadro de “sanciones” económicas, financieras y comerciales contra Venezuela. Los últimos acontecimientos lo que hacen es confirmar la tesis.
Un golpe a la cooperación comercial y tecnológica de Venezuela
Hace un mes, cuando los primeros barcos provenientes de Irán cruzaban el Atlántico hacia la costas del Caribe para aprovisionar con gasolina y tecnología a la industria petrolera venezolana, los voceros de Estados Unidos habían amenazado con evitar que descargaran a través del acoso de la Armada a los cargueros iraníes.
Pero una cosa es intimidar a un solo país y otra hacerlo contra dos, sobre todo si uno de ellos controla el Estrecho de Ormuz, la principal arteria comercial de petróleo en el mundo, donde uno de cada cinco barriles en el mundo pasan diariamente por allí. Es por ello que los cargueros llegaron a atracar a su destino sin problemas más allá de operaciones psicológicas pésimamente ejecutadas.
En este caso, debido a la dinámica emergente en el que existe un bloque en ascenso que reta a la hegemonía angloimperial, no se permitió una efectividad subordinada a los intereses de Washington con relación a la estrategia sancionatoria.
Pero lo que sucede con otros países y empresas a nivel mundial es un caso muy diferente. Pongamos por ejemplo los cargueros con crudo venezolanos que zarparon hacia Malasia, Singapur, Indonesia o Togo, países donde la presencia estadounidense es muy fuerte y que no han podido comprar petróleo producido por PDVSA a raíz de las medidas coercitivas unilaterales de la Casa Blanca y la vigilancia naval de la Armada en esas latitudes.
Es en estos casos donde se impone una coordinación de la Armada y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aunque sea de manera informal.
Debido a esa estrategia, nada más hasta febrero de 2020 Venezuela calculaba 116 mil millones de dólares en pérdidas por el bloqueo.
Provocaciones
Vistos los últimos acontecimientos, podemos concluir que el tan anunciado bloqueo naval contra Venezuela auspiciado por la Administración Trump ha sido desplegado de manera no formal. Ya no funciona de manera frontal como en 1902, en el que buques alemanes, ingleses e italianos, cercaron el país entonces presidido por Cipriano Castro, o incluso como lo hicieron contra Cuba en la década de 1960, cuando Estados Unidos determinó que la soberanía insular no podía erigirse en su “patio trasero”.
A inicios de abril había comenzado una nueva fase de escalamiento en cuanto al bloqueo naval con las “operaciones antinarcóticos” desplegadas en el Hemisferio Occidental de la Armada estadounidense, abriendo espacio para las operaciones psicológicas a gran escala en el Caribe y para la coordinación de fuerzas e inteligencia del Comando Sur con países socios del Pentágono, sobre todo Colombia y Brasil.
En ese marco es que debe entenderse, asimismo, la navegación de un barco destructor de la Armada estadounidense cerca de las costas venezolanas el pasado martes 23 de junio, lo que el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, califica como “un acto de provocación”.
Padrino López advirtió que si ocurren operaciones de barcos estadounidenses en aguas venezolanas habrá una respuesta “contundente” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “No se atreva con sus buques de guerra a navegar en nuestras aguas jurisdiccionales, a ejercer operaciones militares”, agregó el general.
Si bien las provocaciones son una táctica que el ejército naval estadounidense suele usar contra sus adversarios, cruzando límites marítimos ajenos no solo en el Caribe sino en otros puntos del mundo (como el Mar del Sur de China o el mismísimo Golfo Pérsico) generalmente los generales gringos autorizan este tipo de operaciones para recabar información de inteligencia e inquietar al contrario. ¿Bajo cuáles objetivos: militares, comerciales o incluso ambos?
Sin duda, la presión del Comando Sur y sus destructores merodeando por el Caribe, combinado con la estrategia del Departamento del Tesoro, dibujan un cerco en alta y a orillas de las costas que pone en alerta a la República Bolivariana y lesiona económicamente a las mayorías que vivimos en Venezuela.