Misión Verdad.
28 de octubre 2020.
La fuga de Leopoldo López da pie para analizar el papel de los “exiliados” en el proceso político venezolano reciente. La dirigencia que en su tiempo encabezó al sector opositor decidió pasar a la subversión a partir de 2013, luego del fallecimiento del presidente reelecto Hugo Chávez.
Con la elección de Nicolás Maduro como presidente constitucional se intensificó la operación de “cambio de régimen” en Venezuela y, a partir de escaladas violentas como “La Salida” en 2014, varios de sus dirigentes incursionaron en delitos penalizados en el país como tráfico de armas, implicación en golpes de Estado y magnicidio, incitación al odio, traición a la patria, desacato al Poder Judicial ante la obligatoriedad de garantizar la libertad de tránsito a la ciudadanía, entre otros.
De allí que muchos de los personajes que incurrieron en estos delitos vinculados a partidos políticos como Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) decidieran salir del país antes que enfrentar a la justicia. El motivo argumentado es la supuesta inexistencia de equilibrio en los poderes públicos, aun cuando la Asamblea Nacional, de mayoría antichavista y en desacato desde 2015, ha demostrado poca voluntad en lo que a lograr equilibrio se refiere.
Son muchas las actividades ilícitas que realizan estos “exiliados” en lugar de buscar soluciones a los problemas de los venezolanos, tanto que hasta sus correligionarios denuncian sus desafueros con estupor e indignación.
Además, el “exilio” ha sido otra de las tantas formas de parasitismo que el antichavismo y sus socios han encontrado para apropiarse de la renta estatal. Son innumerables las evidencias de los niveles de vida que llevan mientras el gobierno al que aspiran representar impone duras e ilegales “sanciones” contra la población venezolana.
La inoperancia de esta clase política, que a su vez representa la desigualdad que sus postulados neoliberales intentan imponer, ha llegado a niveles delictuales. Sus discursos triunfalistas al salir de Venezuela, en los que dicen que lucharán por ella, se deshacen cuando tributan a agendas entreguistas y a la piratería.
No hay certezas sobre las limitaciones que pudieran tener para asumir las riendas de Venezuela, tampoco dudas.
A continuación algunos de sus “logros” más notables.
GUISOS HUMANITARIOS A LA ORDEN, ESCÁNDALOS POR DOQUIER
Una de las actividades favoritas del exilio antichavista ha sido cabalgar sobre la narrativa de la “crisis humanitaria” (inducida desde el Decreto Obama) para beneficiarse económicamente de los recursos donados, mientras los verdaderos destinatarios, tanto dentro como fuera de Venezuela, soportan privaciones y maltratos.
El 23 de febrero de 2019, el senador estadounidense y mentor del “plan Guaidó”, Marco Rubio, tuiteó que el diputado de VP Freddy Superlano junto a su primo y asistente Carlos Salinas, habían sido envenenados en el desayuno. Sin embargo, versiones posteriores afirmaron que habrían sido drogados con escopolamina por dos mujeres en el Motel Penélope, en la Autopista Internacional que comunica a Cúcuta con San Antonio de Táchira. Ello descartó la versión del supuesto envenenamiento.
Según la revista colombiana Semana, Superlano habría compartido una habitación con Salinas y dos mujeres durante la noche previa al concierto “Venezuela Aid Live” y al operativo para ingresar los camiones con “ayuda” en la frontera. Los empleados del motel vieron salir a las mujeres de la habitación. Al darse cuenta de que sus acompañantes no salieron con ellas, decidieron entrar, hallaron a ambos despojados de objetos de valor y en mal estado de salud. Los llevaron a un hospital y Salinas falleció de un paro cardíaco, producto de la intoxicación, antes de llegar.
Luego de que varios países aliados al diputado Juan Guaidó, apenas recién autoproclamado, enviaran una supuesta “ayuda humanitaria”, lo único que se supo de la misma fueron hechos de corrupción en la administración de comidas y medicamentos.
Según PanamPost, medio alineado con la derecha transnacional, el entramado incluyó un interminable número de integrantes de VP que incluye a los diputados José Manuel Olivares y Gaby Arellano, quienes conducirían la parte operativa relacionada con el ingreso de ayuda a Cúcuta, Colombia.
Estos fueron apartados por el mismo Guaidó para autorizar a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, también militantes de VP, a atender “la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano”.
El resto es historia: facturas de dudosa veracidad que demostraban gastos excesivos y sobreprecios en hoteles, discotecas, bebidas, comidas, ropas carísimas tanto en Bogotá como en Cúcuta. Además, correos falsificados a nombre del “embajador” designado por Guaidó y aceptado por el presidente colombiano Iván Duque, Humberto Calderón Berti, quien terminó destapando todo el entramado.
Aunque fueron apartados del cargo, Leopoldo López y Juan Guaidó mostraron una defensa a ultranza de Barrera y Rojas mientras otro “exiliado”, Luis Florido, abogó por Barrera.
Otro de los señalados de corrupción es el dirigente de VP Lester Toledo, a quien el periodista Darwin Chávez denunció por el presunto despilfarro de 25 mil dólares de la supuesta “ayuda humanitaria” de Estados Unidos para Venezuela.
Según Chávez, el empresario estadounidense Marvin Autry, encargado de una ONG, dijo que Toledo y el gobierno interino de Juan Guaidó dispusieron del dinero y de la carga de “ayuda humanitaria” valorada en 500 mil dólares, pero nada de eso llegó a Venezuela.
Todo esto fue expuesto por la periodista antichavista, también “exiliada”, Patricia Poleo en julio pasado mediante su programa transmitido desde Florida, Estados Unidos.
FAKES Y PAPEL BOND PARA ENTREGAR LA SOBERANÍA
Un caso más reciente es el entramado de corrupción y extorsión que incluye a funcionarios del gobierno fake de Guaidó en Estados Unidos encabezados por Carlos Vecchio (VP), también a los diputados Marco Aurelio Quiñones, Elías Matta de Un Nuevo Tiempo (UNT), Jorge Millán (PJ), Luis Carlos Padilla de Acción Democrática (AD), Luis Florido (VP), Freddy Superlano (VP), Sergio Vergara (VP), Luis Aquiles Moreno (AD) y Enrique Márquez (UNT).
También Patricia Poleo publicó en septiembre pasado un artículo llamado “El chantaje del Papel Bond: testimonios y pruebas de la corrupción de funcionarios claves de Guaidó en EE.UU.” en el que denuncia queel gobierno autoproclamado no logró “recuperar” bienes de Venezuela bloqueados por las “sanciones” contra el Gobierno Bolivariano, ubicados en países que hoy son satélites de Estados Unidos y que formaron parte de Petrocaribe.
La causa fue que sus operadores, en particular Javier Troconis, asignado para la “gestión de activos”, exigían comisiones y coimas para firmar un acuerdo con la empresa que haría las maniobras, el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) conformado por las empresas LockinCapital y Global Risk Management, cuyos directores son Jorge Reyes y Pedro Antar.
Por otra parte, Vecchio es uno de los actores que participan en las operaciones fraudulentas para apoderarse de los activos del Estado venezolano, y ha salido en defensa de José Ignacio Hernández, abogado venezolano que trabajó representando a Empresas Polar en el bufete Grau, García Hernández & Mónaco y tuvo como cliente a la minera Crystallex en el proceso legal contra la República de Venezuela de 2017.
En ese año, Hernández fue contratado como “experto legal” con el objetivo de vincular al Estado venezolano con la empresa Citgo. Para ello, presentó el argumento de que PDVSA era “un alter ego del gobierno venezolano”, con el cual se autorizaría la imputación de la minera y forzaría el pago directamente con activos de Citgo. La interpretación de Hernández fue lo que le permitió a la empresa canadiense ganar una demanda contra Venezuela durante 2018 en Delaware.
Vecchio, acusado de incendio intencional, daño a propiedades, asociación para delinquir e instigación pública por el ataque a la sede del Ministerio Público en 2014, asumió la vocería internacional de su partido actuando como caja de resonancia de la narrativa de estado fallido que se ha instruido contra Venezuela.
Apadrina al ex experto legal de Crystallex y ex pseudoprocurador fake de los intereses de Guaidó, quien según La Tabla representaba no a una empresa minera sino a la firma neoyorquina Tenor Capital Management, un fondo buitre que, aprovechando el contexto de presiones contra los recursos venezolanos y la disposición de plataformas judiciales estadounidenses, intentó sacar un sustancioso retorno de la demanda.
¿ACUSADOS POR PENSAR DIFERENTE O POR ATENTAR CONTRA LA VIDA?
Sobre otros “exiliados” pesan acusaciones más graves: tienen que ver con presuntas participaciones en atentados contra la vida, tal es el caso de la ya nombrada periodista Patricia Poleo.
En 2006, luego de dos años de investigaciones, el entonces Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, declaró tener pruebas suficientes para incluirla entre los presuntos autores intelectuales del asesinato del fiscal Danilo Anderson.
Rodríguez aclaró que “Patricia Poleo es presunta responsable y supuesta implicada en la participación de los hechos que se investigan”; asimismo confirmó la autoría material de Johan Peña y Pedro Lander.
En 2014 fue presentado en Venezolana de Televisión un video que vinculaba al ex alcalde metropolitano fugitivo en España, Antonio Ledezma, con los planes de Lorent Gómez Saleh para ejecutar acciones terroristas en algunas ciudades de Venezuela. En el material audiovisual se revelaban los mecanismos de cooperación del dirigente antichavista para el desarrollo de actos desestabilizadores en Caracas.
Saleh, quien fue expulsado de Colombia por atentar contra “la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social”, detallaba el interés de Ledezma por “restearse” con las acciones terroristas.
“Ledezma es clave (…) es un zorro viejo, la experiencia ni se compra, ni se vende (…) el político que más ha apoyado es Ledezma, por eso era nuestro candidato a la Presidencia”, expresa en el video.
También confirmaba el apoyo que siempre han recibido por parte de Ledezma para mantener los campamentos de jóvenes que participaban en las guarimbas, dirigidos por Ronny Navarro, alias “Guerrilla”, y que fueron desmantelados en Caracas por las autoridades del Estado venezolano ese año.
Desde su exilio en el privilegiado barrio de Salamanca en España el experimentado político, acusado de violación a los derechos humanos durante los años 90, se ha mantenido solicitando cualquier forma de agresión contra Venezuela, no sin apellidarla de “humanitaria”. Ledezma recientemente se dirigió al presidente estadounidense Donald Trump para decirle que “es fundamental” para lograr unaintervención humanitaria en Venezuela. Se desconoce la respuesta del magnate.
Mientras se negaba a firmar un acuerdo de diálogo con el gobierno nacional en 2018 y realizaba varias giras pidiendo “sanciones” contra “funcionarios”, que claramente se han traducido en daños a la población, Julio Borges dirigía el plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar de Caracas.
Así lo confesó el jefe de la Dirección de Comunicaciones de la Guardia de Honor Presidencial, Ovidio Carrasco Mosqueda, quien trabajó en uno de los círculos de seguridad más cercanos al jefe de Estado durante cuatro años y medio dentro del Palacio de Miraflores y confesó que era la ficha inflitrada por Julio Borges para ejecutar el plan y un golpe de Estado.